Pymes y la cancha inclinada

19 de abril de 2022

En el sector de micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con variada representación regional y federal, se aprecia la continuidad de un proceso de recuperación de la actividad, con eje en la industria y mejoramiento en el nivel de utilización de capacidad instalada. Sin embargo, en el primer trimestre del año, las mipymes y aquellas de mayor envergadura enfrentan un evidente freno en el ritmo de recuperación general, según se determina en el último relevamiento trimestral que realizó APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), consultando a más de 1.500 titulares de empresas del sector. El título del informe es claro: «Se ralentiza el crecimiento de las pymes en un marco de preocupación por los incrementos de precios».
Si bien la problemática inflacionaria golpea a todo el mundo y en escala creciente (Estados Unidos estaría quintuplicando su nivel inflacionario este año), en el caso de nuestro país, las causas predominantes son locales, en el marco de una gran puja distributiva, con sectores fijadores de precios, altamente concentrados y que no quieren resignar sus altos márgenes de ganancias.
Las pymes y sectores de la economía social tienen amplia expectativa en que se puedan desarrollar con éxito los programas que el Gobierno viene anunciando relacionados con fondos (como el caso de aceites y harinas de soja, como el del fondo de trigo), basados en políticas de retenciones a aquellos productos que alcanzaron inusitados valores internacionales y que, de no intervenir el Estado, se vuelcan inmediatamente a los precios del mercado interno, es decir a la inflación sobre los alimentos de nuestra población.
En ese sentido, como lo reclaman los productores del complejo agrario, industrial y alimenticio, especialmente aquellos del sector pyme y la economía social, debe recrearse el Fondo Nacional Sojero, que el Gobierno macrista suspendió y que había dado muestras de efectividad en la segmentación y federalización de precios justos e insumos a valores lógicos con la producción nacional.
En el marco del decisivo impacto de la puja distributiva, sería importante que el Estado reconozca que esta se lleva adelante en una cancha inclinada, donde las pymes y los consumidores juegan cuesta arriba. Por ello resulta gravitante el rol del Estado, interviniendo para reducir los daños de la monopolización y concentración en la producción de alimentos, y también intervenir en las prácticas abusivas de la figura del monopsonio o monopolio del comprador único. Prueba concreta de ello es la reciente aplicación de la multa a una serie de molinos monopólicos por prácticas abusivas en la fijación de precios, pero también es ejemplo de la cancha inclinada mencionada, ya que estas denuncias datan de un período que va desde 2014 a 2017, es decir con un Gobierno, como el macrista, que retiró al Estado del sensible mercado de alimentos.
Las pymes y los sectores de la economía social siguen insistiendo en efectivizar, con sentido amplio en una convocatoria sectorial y federal, al Consejo Económico Social, donde el urgente tema de la escalada inflacionaria, especialmente en la canasta alimentaria, debe contener la mirada y la visión, en este caso nacional e integral, del entramado productivo esencial que significan estos sectores (cercano al 50% de la producción nacional de alimentos) para abastecer a nuestra población y que incluso puede resignificar las proyecciones de exportación, donde es común escuchar que Argentina es productora de alimentos para más de 300 millones de personas.
Entre varias cuestiones pendientes para el sector pyme, que deberían incluirse en agenda, está el debate acerca de cómo amplificar los distintos programas de financiamiento y de asistencia estatal para mas del 60% del universo de mipymes y cooperativas en todo el país, que aún no acceden a estos beneficios y que sin dudas apalancarían en forma sostenida una mayor y mejor oferta de productos con precios desligados de la influencia monopólica y de la cotización del dólar.