23 de septiembre de 2015

«La ordenanza no limita el derecho de las personas a comprar, vender, adquirir, transferir, descargar, trasportar armas de fuego o municiones. Tenemos derecho a mitigar los costos de la violencia armada gravando a quienes se dedican a su venta. Este impuesto se dirige a una crisis de salud pública que impone una enorme carga financiera para la ciudad». Así contestó la ciudad de Seattle a la demanda judicial que presentó la Asociación Nacional del Rifle (NRA) contra el impuesto que fue aprobado por unanimidad y busca prevenir nuevas heridas y muertes producidas por civiles armados. Según los defensores de la Segunda Enmienda, la decisión fue ilegal porque solo los Estados pueden promulgar reglamentos al respecto.