22 de mayo de 2013
El blanqueo de dólares, técnicamente llamado «exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior», se discute en el Congreso Nacional y también entre la gente, que, como siempre, tiene que ir separando la buena información de la malintencionada.
Es muy saludable que un día antes del anuncio de este proyecto la Presidenta de la Nación haya reafirmado que durante su gobierno no se va a devaluar la moneda. El dato no es menor ya que ese paso sería una catástrofe para quienes no exportan ni acopian dólares, es decir, para la inmensa mayoría de la población y las pymes que están ligadas al desarrollo del mercado interno. Cristina Fernández se preguntó: «¿Dónde quedaría este proceso de reindustrialización con un dólar que se dispara cuando todavía dependemos en gran medida de la importación de insumos básicos para seguir reindustrializando al país?».
Detrás de los «opinólogos» que hablan abiertamente de la necesidad de una devaluación, hay un nuevo embate contra el sector industrial y contra los puestos de trabajo que genera; embate que trata de favorecer a los que poseen rentas extraordinarias por los altos precios de las materias primas y a los que viven de la especulación financiera.
Con este blanqueo se busca una solución al cuello de botella que significa el faltante de dólares. En principio, la medida puede verse como una injusticia, ya que conlleva el perdón fiscal a los evasores que, evidentemente, no lo merecen. Pero hay que analizar el efecto positivo que esas divisas pueden generar en el mercado interno. Si los bonos están dirigidos a la compra de inmuebles y a la inversión energética y de infraestructura, favorecerán al mercado interno y, por ende, serán generadores de empleo.
Por otro lado, es malintencionada la versión que encabeza el impresentable ex ministro Domingo Cavallo, y que otros repiten, cuando falsamente comparan la situación actual con la existente en el fin de la convertibilidad. Es un engaño que fácilmente puede rebatirse: el país lleva casi una década de crecimiento a tasas muy altas y se han mantenido importantes superávits comerciales (a pesar de que la remisión de utilidades de las grandes corporaciones extranjeras disminuye ese saldo positivo). Fruto de este proceso de crecimiento, hoy el país tiene un nivel de reservas internacionales muy alto: cuando comenzó la gestión kirchnerista, hace 10 años, las reservas del Banco Central alcanzaban apenas 11.000 millones de dólares y actualmente se acercan a los 40.000. Otra diferencia crucial es que en aquel entonces la deuda pública llegaba al 145% del PIB, mientras que hoy la deuda total del Gobierno nacional llega al 41,5% del PIB y la deuda externa sólo al 14,1% del PIB.
Volviendo al blanqueo, resulta importante aclarar que se excluye de este beneficio a aquellos capitales provenientes de los delitos de lavado, de financiación del terrorismo, del narcotráfico y de la trata de personas, así como a los quebrados, los querellados por la AFIP, los que ejerzan o hayan ejercido la función pública y sus familiares, entre otros.
El proyecto del blanqueo podría leerse como una derrota del intento político de desdolarizar la economía argentina, pero también hay que valorar los avances. Mientras que la cultura dolarizadora llevo a asociar erróneamente los precios de los inmuebles con el valor del dólar ilegal, frenando las ventas de inmuebles usados, la mayoría de los inmuebles nuevos se venden en pesos sin problemas.
En definitiva, se trata de medidas que están en línea con el modelo de desarrollo con inclusión social, ya que apuntan a reactivar el mercado de inmuebles usados, a financiar la inversión energética para responder a una demanda creciente impulsada por el proceso de reindustrialización y la generación de empleo y a bajar las importaciones de combustibles para destinar esos recursos a la inversión social.
