El factor social

22 de julio de 2022

A partir de la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, voceros opositores encendieron alarmas desde los medios hegemónicos, oponiéndose a una probable reforma tributaria progresiva. Hicieron eje en un antecedente de Batakis, quien participó en las reformas de escalas sobre el impuesto inmobiliario rural durante el Gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires. En ese momento, como ministra de la provincia, impulsó esta medida que, si bien tuvo un mínimo impacto, provocó una fuerte reacción de la Sociedad Rural Argentina y sectores agrarios opuestos a cualquier modificación tributaria.
A pocos días de la asunción de la nueva ministra y del anuncio de sus primeras medidas, un sector minoritario que se presenta como «el campo» convocó a un lockout rural con cese de comercialización. Una medida de marcado tinte político opositor, que planteó, entre otros reclamos, su resistencia a cualquier intento de modificar el esquema tributario o de retenciones vigentes.
Se pone nuevamente en el centro de la escena, el debate sobre la necesidad de la progresividad impositiva y su imprescindible impacto en una mejor distribución de los ingresos generados en la cadena productiva del país.
Si tomamos el caso de la provincia de Buenos aires, epicentro de los reclamos, donde tibiamente se modificaron, después de muchos años de atraso, las valuaciones de partidas inmobiliarias, el 65% de la recaudación tributaria proviene del gravamen sobre ingresos brutos, un impuesto indirecto y al consumo. En tanto, el aporte del impuesto inmobiliario rural, con impacto directo en los grandes patrimonios, en la provincia más rica y con mayor concentración económica, bajó de un 36% a solo un 8% del total de recaudación, en los últimos 25 años.
En un momento en que la crisis internacional ha elevado los precios de los alimentos y la energía, lo que provoca una inflación inédita en los países más desarrollados, se pudo observar que en Estados Unidos 100 empresarios de gran fortuna proponen contribuir con mayores alícuotas al impuesto a los ingresos. Mientras que España, Francia e Inglaterra avanzan en imposiciones extraordinarias a las «rentas caídas del cielo». Al mismo tiempo, en nuestro país soportamos esta actitud especulativa de los sectores concentrados, aquellos que mayores beneficios han obtenido por el aumento de los precios y la demanda de alimentos, que intentan forzar una devaluación y reducción de impuestos.
Está claro que las políticas públicas deben orientarse a una mayor progresividad impositiva, con foco en un nivel de retenciones que impidan el traslado al mercado interno de los precios internacionales, con controles efectivos sobre las declaraciones de exportadores e importadores, que tanto en mineras, en agroexportadores como en servicios, revelaron en las últimas semanas importantes sumas de evasión en plena emergencia pandémica, todo ello en el marco de la manifiesta voluntad política de avanzar en imposiciones a las rentas extraordinarias generadas en el período de la pandemia.
Los sectores empresariales concentrados manifiestan «basta de impuestos, quieren imposibilitar el crecimiento de nuestra producción». Pero solo con crecimiento no se resuelven los problemas de empleo y desigualdad. Como bien lo afirmó el ingeniero Horacio Giberti, quien fue secretario de Agricultura del ministro José Ber Gelbard: «Los planes de Gobierno deben ser pensados en términos de economía política, no solamente en términos de producción o de economía general, sin tener en cuenta el factor social. No alcanza con buscar aumentar la producción, cuando en realidad la producción tiene que ser el pretexto para que la gente viva mejor».