20 de julio de 2022
Mientras en semanas la Justicia cerró cinco causas que involucraban al expresidente Mauricio Macri, Cristina Fernández denunció persecución de la Corte.
Comodoro Py. En el edificio del barrio porteño de Retiro tienen sede los juzgados federales.
Foto: Horacio Paone
El expresidente Mauricio Macri se prepara para afrontar la campaña electoral de cara a 2023 sin el peso de las causas judiciales que lo vinculaban en materia de espionaje y por las visitas de jueces a la Quinta de Olivos y Casa Rosada. En apenas un mes, en Comodoro Py le cerraron al líder del PRO y su entorno cinco causas que lo comprometían. Esto provocó la reacción de Cristina Fernández, que salió al cruce del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia.
La vicepresidenta definió al tercer Poder del Estado como «devenido en partido político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen». Su lectura es que cerradas las causas que complicaban a Macri, Comodoro Py se prepara para reactivar la persecución en su contra bajo el amparo del alto tribunal.
El 15 de julio pasado, la Cámara Federal porteña sobreseyó al expresidente y a los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (designados de forma irregular por Macri) y Mariano Llorens (visitante de Olivos) no dijeron que el espionaje contra los familiares no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de seguridad presidencial llevadas adelante por la AFI. Los magistrados ubicaron a los familiares como una amenaza para la seguridad presidencial.
En la misma jornada, la instancia revisora de Comodoro Py –con los votos de los mismos tres camaristas– le dictó la falta de mérito a Arribas y Majdalani y a 25 exespías en otra causa de espionaje ilegal: la de las Bases AMBA. En esta causa se investiga el espionaje a 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos desde bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas de 2017. En ese expediente no se apeló al cuentapropismo ni a la seguridad presidencial. Bruglia, Bertuzzi y Llorens replicaron los argumentos de las defensas, pusieron en duda el origen de la prueba que complicaba a los acusados y remitieron el caso a primera instancia para que el juez Julián Ercolini termine de cerrarlo.
Estos dos fallos son el final de una secuencia que favoreció a Macri y se inició el 10 de junio pasado cuando Comodoro Py cerró definitivamente la causa «Operación Olivos», en la que se investigaban las reuniones del expresidente en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
La cadena de resoluciones favorables continuó el 4 de julio, cuando la Cámara de Casación, con los votos de justamente Hornos y Borinsky, confirmó la tesis del cuentapropismo en otra megacausa de espionaje que preocupaba al líder del PRO: la de los Súper Mario Bros, donde entre las víctimas figuran Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
El cuadro se completó con un fallo del 12 de julio pasado en el que se confirmó el archivo del caso de la visita del camarista porteño Mariano Llorens a Macri en la Quinta de Olivos.
Decadencias y roperos
La contracara de la situación judicial del expresidente es la de su antecesora en la Casa Rosada, que espera una condena en su contra para finales de este año o comienzos de 2023 en el caso de la obra pública vial de Santa Cruz. Esto explica que la vicepresidenta haya difundido este 18 de julio un video en las redes sociales en el que aseguró que «la persecución en su contra continúa».
Titulado «De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia», Cristina Fernández cuestionó al Tribunal Supremo, al que consideró responsable del blindaje judicial a Macri y la persecución contra «las fuerzas que se le oponen».
«Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros», aseguró la vicepresidenta en una frase muy dura respecto a los cuatro ministros de la Corte.
En el mismo video, la titular del Senado aseguró que en el juicio de la obra pública vial su condena ya está escrita y hasta firmada. A esto debe sumársele que la Cámara Federal de Casación Penal debe revisar causas emblemáticas que la involucran, aunque con sobreseimientos como Memorándum con Irán y Hotesur – Los Sauces.
Este reacomodamiento judicial respecto a Mauricio Macri y Cristina Fernández en vísperas de la campaña electoral es una señal que se emite desde los tribunales más políticos del país como son los de Comodoro Py. De allí, la reacción de la vicepresidenta, apoyada por el presidente Alberto Fernández, quién afirmó: «Nuestra Justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática».