22 de mayo de 2013

La lectura del fallo que condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio en Guatemala es impactante. En primer lugar, por la crudeza del relato de los jueces después de haber escuchado a los miembros de la comunidad ixil, exterminados por el ejército comandado por Ríos Montt. Los jueces señalaron que hubo masacres con el objetivo de «eliminar a la etnia maya ixil», pues los militares consideraban a los indígenas una raza inferior. Llegaron a esta conclusión después de analizar antecedentes históricos y sociológicos de discriminación, racismo y genocidio desde el siglo XVI hasta el XXI.
La condena a Ríos Montt no tiene precedentes. Es la primera vez que se condena por genocidio a un ex jefe de Estado en el país donde gobernó. El general estuvo en el poder durante casi dos años y fue parte de una larga cadena de golpes militares que mataron a decenas de miles de personas. A sus 86 años lo mandaron a la cárcel por 50 años, culpable de genocidio, y 30 más por delitos de lesa humanidad. El mensaje de los jueces es muy claro: debe cumplir la condena. Es verdad que la sentencia es sólo contra Ríos Montt –y por la masacre de 1.771 ixiles– mientras que los ejecutores materiales e intelectuales no están en el banquillo de los acusados. No es menos cierto que el juicio tuvo que enfrentar las presiones de la ultraderecha, grupos que actuaron como paramilitares, la oligarquía y algunos intelectuales que «para evitar una confrontación» preferían no juzgar a nadie.
El juicio reconoce que se afectó a un pueblo como tal. El tribunal determinó que el Estado deberá pedir perdón al pueblo maya ixil por las atrocidades cometidas en su contra entre 1982 y 1983. Se ordenó construir un monumento en los tres municipios afectados por la guerra y que el 23 de marzo, fecha del golpe de Ríos Montt, sea proclamado el Día Nacional Contra el Genocidio. No es poca cosa.