29 de agosto de 2022
Cómo continúa el proceso judicial tras el alegato fiscal que acusó a la vicepresidenta, quien recibió el respaldo unificado de los distintos sectores del Frente de Todos.
Desde el Senado. Fernández salió al cruce del alegato del fiscal Luciani.
Fotos: NA
El juicio de Vialidad, según sostiene el oficialismo en pleno, se convirtió en el vehículo que la oposición busca utilizar para impulsar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. «Esto no fue un juicio a Cristina, fue un juicio al peronismo», respondió la vicepresidenta y dejó en claro lo que está en juego a nivel político. También hizo saber que ante una condena no pretende «ni indulto ni amnistía» sino «justicia», lo que abre un nuevo desafío entre la vicepresidenta y el Poder Judicial.
El pasado 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani cerró su alegato pidiendo una condena de 12 años de prisión para Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita. Esto, que implica una proscripción de hecho de la dos veces presidenta, provocó una reacción cohesionada del Frente de Todos. Los distintos sectores de la alianza respaldaron de forma contundente a la exmandataria. También parte de la sociedad que se movilizó de forma espontánea en apoyo a la vicepresidenta.
Al día siguiente de la solicitud de Luciani, y luego de que el tribunal rechazase el pedido de la acusada de ampliar su indagatoria, la exmandataria realizó a través de sus redes sociales una transmisión en vivo, en la que criticó duramente a los fiscales Luciani y Sergio Mola, dijo que se vulneró su derecho a defensa e involucró a Mauricio Macri en la controversia que abrió el alegato fiscal.
¿Cuál fue la polémica que abrieron los fiscales? Fundamentalmente, incorporar como prueba en la etapa de alegatos (donde se discute lo que se debatió en el juicio y no prueba nueva que no pudo ser analizada por las partes) una serie de mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, que se encontraban en otra causa. Esa maniobra de los fiscales pareció evidenciar lo endeble de la prueba que se reunió en el proceso de Vialidad.
¿Cómo hizo Fernández para incluir a Macri en el debate? A través del empresario Nicolás Caputo, considerado un hermano para el líder del PRO. En las últimas semanas, los fiscales sumaron a la etapa final del juicio una serie de chats de José López con los que se pretendió conectar a Cristina Fernández con un supuesto entramado de beneficios a Lázaro Báez. En su respuesta política, la expresidenta reveló que en el celular de López lo que abunda no son mensajes del secretario con Báez (contabilizó apenas 6 llamadas) sino con Nicolás Caputo (109 comunicaciones) y otros empresarios como Eduardo Gutiérrez, del Grupo Farallón (177). Y habría más mensajes. La vicepresidenta se preguntó cómo los fiscales pudieron pasar eso por alto. No tardó en responder a ese interrogante y fustigó a los investigadores y al macrismo. «Se juntaban a comer con los capos de la obra pública pero la jefa de la asociación ilícita soy yo», criticó.
Tras el pedido de pena del Ministerio Público Fiscal, el debate oral y público continuará el 5 de septiembre cuando comiencen a alegar las 13 defensas, que tienen cada una un plazo máximo de tres jornadas para explayarse (la fiscalía tuvo 9 audiencias). Cristina Fernández figura sexta en el orden de exposición. El veredicto se espera para fin de año.
Los pasos a seguir
El centro de debate en el juicio de Vialidad son 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que hubo irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por la mayoría de los testigos que prestaron declaración en el juicio. Se trata de una causa con mucho condimento político: se inició durante el Gobierno de Macri por una denuncia de Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el TOF N° 2.
Lo que resuelva el tribunal –es decir, la sentencia– será revisado por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Quiénes integran esa sala? Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los primeros dos fueron denunciados penalmente y en el Consejo de la Magistratura luego de que se revelara que visitaban a Macri cuando era presidente tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada y no informaban esos encuentros, que se daban muchas veces días antes o después de que fallaran en causas de impacto político. Se espera que Hornos y Borinsky –sobreseídos por sus visitas a Macri– sean recusados, aunque difícilmente prospere esa presentación ya que serán ellos mismos quienes la respondan. Sin ir más lejos, la vicepresidente ya recusó –es decir, pidió que se aparte– al fiscal Luciani y a un integrante del tribunal que la juzga porque juegan al fútbol en el mismo equipo y hasta lo hicieron en la quinta Los Abrojos de Macri. El planteo fue negado.
Por último, lo que revise la Casación, en caso de ser apelado, escalará a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para expedirse. Pero en el momento que lo haga, la sentencia quedará firme y entonces sí deberá ejecutarse. Esto da un enorme poder de fuego al Alto Tribunal. Un dato no menor de cara a lo que se avecina.
