30 de agosto de 2022

La represión a los militantes que realizan una vigilia en torno del edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner genera rispideces entre dirigentes nacionales y del Gobierno de la Ciudad y entre los propios integrantes de Juntos por el Cambio por la forma que se llevaron adelante los operativos. Ahora la situación llegó a la justicia y ese es otro ámbito en el que se desenvuelve la puja que comenzó ante la reacción por los alegatos del fiscal en la causa Vialidad y la respuesta de CFK en las redes sociales. Así, el gobierno porteño anunció que recusará al juez Roberto Gallardo, quien este lunes ordenó finalizar el operativo policial en la esquina de Uruguay y Juncal. «Conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales», dice la notificación judicial. La decisión se produce tras una demanda del dirigente social Juan Grabois. Por otro lado, los diputados nacionales del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade denunciaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Seguridad del distrito, Marcelo D’Alessandro, por la represión ejercida el último sábado y por violación a la Ley de Inteligencia a raíz de la presencia de «policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes». La denuncia quedó radicada –por sorteo– en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.