Las palabras y los hechos

3 de septiembre de 2022

La violencia real, palpable, concreta, expresada en el arma apuntando a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación configura el punto más alto de una expresión de odio que, en este caso, intentó terminar con la vida de una dirigente política.
La cuestión es que este hecho, repudiado por casi todo el arco político, no ocurre en un contexto vacío. Desde hace tiempo se suceden advertencias de analistas, comunicadores, dirigentes políticos y organizaciones de distintos sectores acerca de la violencia simbólica creciente, cada vez más incorporada a la cotidianeidad, desde medios de comunicación, redes sociales, discursos públicos, manifestaciones con connotaciones denigrantes hacia adversarios políticos, entre otras formas expresivas.
Al producirse el hecho límite, definido por el presidente de la Nación como el más grave desde la restauración constitucional de 1983, muchos y muchas que generaron y difundieron mensajes de odio profundo, hacia Cristina Fernández fundamentalmente, pero también hacia los sectores más humildes de la sociedad, hacia el Gobierno actual y las gestiones anteriores de Néstor Kichner y la actual vicepresidenta, expresan su repudio, saludablemente claro, pero como un reflejo tardío.
Comunicadoras y comunicadores insultando en horario central de televisión y radio, manifestaciones públicas que incluyeron bolsas mortuorias, guillotinas y agresiones como el apedreamiento del propio despacho de Fernández en el Senado, dirigentes de la oposición expresando ideas tan terminantes como «con nosotros no se jode», o «ellos o nosotros», un llamado virtual al todo a nada, que escrito en Twitter puede parecer inofensivo, pero a la luz de los acontecimientos habilita otras lecturas. Más cuando quien lo emite es la titular de un partido político muy importante o un diputado nacional, con representatividad y trayectoria política. Otro legislador nacional propició, hace pocas semanas, la pena de muerte para la vicepresidenta por supuestos hechos de corrupción. Son mensajes muy peligrosos.
Las discusiones políticas son saludables, forman parte de la práctica democrática, tanto como la información y la opinión difundida por los medios. El problema, profundizado en los últimos tiempos en Argentina, es la descalificación permanente, la agresión, las falsas noticias que circulan a diario y crean un clima de odio en el cual se inscriben las agresiones mencionadas y el propio atentado contra la vicepresidenta. En una nota publicada en Acción, el periodista e investigador Washington Uranga explica que «el sistema comunicacional no refleja ni la complejidad ni la diversidad de lo social, fabrica estereotipos y maximiza las diferencias para construirlas como conflictos de inevitable superación que obligan a optar por uno u otro extremo. Es el recurso a la simplificación que priva a las audiencias de información y de argumentos impidiendo apreciar la complejidad de los hechos y comprender por fuera de los antagonismos los estereotipos y las disputas».
Las masivas marchas de repudio al ataque contra la vicepresidenta que se produjeron en distintas ciudades del país son la contracara de ese clima creado por el odio sistematizado en el discurso público. Tal como ocurrió otras veces, entre ellas, ante la desaparición de Santiago Maldonado o el fallo de la Corte que otorgaba el 2×1 a genocidas, la movilización popular muestra que la violencia no se acepta como parte de las normas democráticas. Ni en palabras ni, mucho menos, en hechos concretos.