13 de septiembre de 2022
«Tenemos que hacer algo con los discursos de odio, porque anticipan crímenes de odio», asegura el sociólogo. El surgimiento de un nuevo autoritarismo.
El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner encendió una luz roja sobre los discursos de odio y la legitimación de la violencia por motivos políticos en la Argentina. El fenómeno no es reciente y, según advierte el sociólogo Ezequiel Ipar, atraviesa una fase de intensificación. En un contexto donde la preocupación pública no excluye intentos de relativizar la cuestión, «hay una oportunidad de reflexionar: llegamos a un punto donde se hace muy difícil silenciar la gravedad y la complejidad del tema».
Investigador del Conicet y profesor en la Universidad de Buenos Aires, Ipar dirige el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo que publicó un informe sobre discursos de odio. «En los momentos posteriores al intento de magnicidio hubo una estrategia política para que el tema no se instalara y borrar posibles responsabilidades o necesidades de reflexión de determinados espacios políticos –destaca–. No creo que esa estrategia pueda persistir. Tenemos que hacer algo con los discursos de odio, porque anticipan crímenes de odio».
–En el marco del fenómeno global, ¿cuáles serían las características locales de los discursos de odio?
–En el estudio que hicimos durante un año y medio en la esfera pública digital me llamaron la atención varias cosas. La primera es el sesgo de género: la posibilidad de ser víctima de un discurso de odio siendo mujer o siendo varón es de 8 a 2. El volumen y la intensidad del odio hacia las mujeres es tan terrible que no entiendo cómo no hay alguna problematización especifica. La segunda es la falta de herramientas. No hablo de legislación sino de herramientas en general. En otros países hay estrategias educativas contra discursos de odio en ámbitos públicos, de concientización, recursos para los usuarios de plataformas digitales. Los discursos de odio producen mucho daño subjetivo. La semana pasada una periodista de C5N hizo públicas amenazas que había recibido. Si le pasaba desde hacía tiempo y no dijo nada antes, fue un error. Otro de los hallazgos en nuestro trabajo es que muchos usuarios de redes naturalizan el discurso de odio como regla de uso de Twitter o incluso de Instagram. Eso es un problema y si un periodista no dice nada, imaginate que pasa con poblaciones mucho más vulnerables. Otro tema es el daño que produce en oportunidades de vida social, incluso de vida pública. Los discursos de odio descontrolados, sin canal de regulación, pueden afectar hasta oportunidades laborales.
–¿Las herramientas pedagógicas serían más apropiadas que la sanción de una normativa? También se comentan las experiencias de Alemania y Venezuela en legislación sobre el fenómeno.
–Conozco sobre todo el caso de Alemania. Una normativa implica pensar a mediano plazo. Diría que el aspecto legislativo sería un punto intermedio en un proceso que empiece por la discusión pública, por la concientización, por involucrar actores. El sistema educativo y las organizaciones de la sociedad civil podrían generar el contexto que facilite después la discusión de una norma jurídica. Las plataformas hoy aceptan publicar contradiscursos o líneas argumentativas con información diferente cuando los usuarios detectan un discurso que está en el borde de ser muy ofensivo. Pero hay que construir esos materiales y la Argentina está muy atrás en el debate.
–¿Cómo ven la evolución del fenómeno desde el equipo de investigación?
–Claramente hay un crescendo. Habría que discutir si no hay una masificación. Niveles altos de autoritarismo social y político ya teníamos, pero en los últimos seis meses pasamos a la legitimación de la violencia. Los estudios internacionales demuestran que después de la legitimación de la violencia viene el crimen de odio. Y nosotros llegamos a ese punto y de casualidad no pasamos al otro. Ahora estamos en una fase que es la de ser muy imprudentes con la legitimación de la violencia.
–¿La etapa actual se correlaciona con la situación económica? Los últimos seis meses son también los del proceso inflacionario.
–Cualquiera que plantee una relación directa entre economía y legitimación de la violencia confunde la interpretación del fenómeno y tiene algún error de diagnóstico. La intensificación del malestar económico genera condiciones de posibilidad, sí, y por otro lado hay ciertos vínculos entre el neoliberalismo y lo que llamo neoautoritarismo, el modo en que la precarización del trabajo, sobre todo de los jóvenes, puede explicar algo del crecimiento de las posiciones conservadoras y racistas y de formas segregacionistas de entender las desigualdades sociales como la fobia a los pobres. En realidad es la crisis de las políticas neoliberales y paradójicamente la intensificación de ciertas ideologías neoliberales en un sentido autoritario. Nosotros veníamos estudiando de qué modo la crisis económica afecta los fenómenos ideológicos desde 2013. Lo nuevo es que hay estrategias políticas que deciden cruzar el límite sobre esas fragilizaciones. Entonces, para esta nueva fase yo pondría el piso en las estrategias políticas más que en la inflación o en la crisis económica objetiva.
–¿El atentado contra la vicepresidenta puede ser un efecto de esas estrategias políticas?
–Tenemos que conocer mejor la trama y contar con más detalles. A nivel global ciertas fuerzas políticas de derecha que estaban dentro del sistema político, o algunas que estaban afuera y lograron entrar, empezaron a usar discursos de odio para movilizar, para organizar, para motivar. Estoy hablando de un discurso racista, claramente discriminatorio. El odio y la politización de prejuicios sociales empezaron a ser instrumentos de la competencia política. Nuestro país no quedó ajeno al fenómeno y ahora estamos en el último grado de ese proceso.
–El estudio del Laboratorio comprobó que un 26% de los encuestados aprueban o harían recircular discursos de odio y otro 17% no los reprueba. ¿Por qué el odio tiene tanta pregnancia?
–Estamos pensando en estudios más completos para contestar a esa pregunta. En una respuesta provisoria diría que hay problemas estructurales que tienen que ver con la fragilización del ingreso al mercado de trabajo. La pandemia fue un elemento potenciador. Las medidas de protección sobre todo para los adultos mayores implicaron restricciones para el resto de la población de una racionalidad que muchos no terminaban de entender. La pandemia generó una multiplicidad de malestares latentes, que no se podían enunciar en el espacio público porque había otras prioridades. Esos malestares estallaron cuando la pandemia se volvió insoportable y explican en parte por qué los menores de 45 años quedaron más predispuestos a aceptar discursos de odio.
