22 de septiembre de 2022

Alberto López Girondo

Sectores del oficialismo intentan crear ámbitos de encuentro tras el atentado sufrido por la vicepresidenta, por ahora sin respuestas positivas por parte de la oposición.

No es la primera vez que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de avanzar hacia un acuerdo entre las fuerzas políticas para salir de un atolladero que atraviesa la Argentina desde hace décadas. Y lo había escrito sobre un tema puntual en una carta abierta del 26 de julio de 2020, horas antes del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. «El problema de la economía bimonetaria es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, y es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales», expresó entonces.
Que el manejo de las variables económicas está ligado al mercado de las divisas es algo innegable y afectó a todos los Gobiernos desde la recuperación de la democracia. Pero en los últimos tiempos, a este drama de difícil resolución –que arrastra la espiral inflacionaria y acrecienta la desigualdad y sobre todo la incertidumbre–, se le fue sumando la violencia política que, desde la pandemia, expresan grupos extremos identificados con una derecha visceral sustentada en personajes que resultan atractivos para los medios concentrados. El intento de magnicidio es, en tal sentido, la expresión de un síntoma tanto como una advertencia para toda la dirigencia.
Desde el entorno de la expresidenta y desde el Gobierno se buscó tender lazos con los sectores de la oposición para salvar los pactos implícitos desde el día que asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. Para Cristina Fernández, los discursos de odio que se fueron extendiendo y, peor aún, normalizando, implican un peligroso deslizamiento hacia épocas sangrientas para la sociedad argentina que la dirigencia tiene la obligación de frenar.
Pero justamente el atentado, una piedra angular en todo este proceso, se convirtió en un hecho sujeto a discusión ontológica. Y sobre esa base, los intentos de acercamiento chocan con las interpretaciones minimizantes de sectores de la oposición que ligeramente se pueden definir como «halcones».
Como están las cosas, hay coincidencia entre todos los actores políticos en que un pacto como ese debe partir de un encuentro entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. La historia argentina muestra ejemplos contradictorios sobre el alcance de pactos semejantes. No hace falta ir al siglo XIX, ni siquiera al encuentro Perón-Balbin de los años 70.

Mesa para dos
La reforma constitucional de 1994 solo fue posible tras un acuerdo entre Carlos Menem y el propio Alfonsín. El todavía líder de la UCR dejó jirones en el camino al Pacto de Olivos con el que consideraba que podía salvar la democracia en un momento crítico. A nadie escapa que juntarse con el enemigo político tiene costos y tampoco que una imagen política muchas veces se construye como la contracara del oponente.
La vicepresidenta, lideresa de un sector del peronismo mayoritario y contestatario del establishment, viene dando muestras de todo lo que está dispuesta a sacrificar. La decisión de que Alberto Fernández sea el candidato presidencial podría ser un ejemplo de esa actitud. Más acá en el tiempo, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía es otra muestra de pragmatismo, es cierto, pero también de una voluntad de acordar con políticas que no estaban en su ideario.
Por el lado del fundador del PRO, hasta el momento los tantos parecen más confusos. Uno de sus allegados más cercanos, el senador José Torello, recibió de la propia titular de la Cámara Alta el convite de que se sienten a charlar sobre cómo avanzar en pactos que a esta altura no serían solo sobre economía sino de convivencia. O de supervivencia. Torello es amigo de toda la vida de Macri y también fue uno de los impulsores de la persecución judicial al Gobierno kirchnerista. El dato no es irrelevante.
Pero desde el mismo macrismo fueron surgiendo voces de rechazo. Que se expresan en la afirmación de que tanto el Gobierno como el kirchnerismo sobreactúan el atentado, que se victimizan. Desde los medios afines a la oposición, en tanto, algunos comunicadores lograron instalar la certeza de que fue un autoatentado. Deslizan que es una operación para condicionar el avance del juicio Vialidad.
El propio Macri, cuando aún la Justicia no terminó con la investigación y desde la querella de CFK insisten en seguir la línea de responsables «hacia arriba» –ya sea en agrupaciones políticas como estamentos de fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia «cuentapropistas»–, definió al intento de asesinato como «obra de un grupito de loquitos».
Se entiende que, en ese clima, más que la voluntad de los protagonistas, lo que está en juego para un acercamiento es la interna de cada cual dentro de su espacio. Las cartas de la vicepresidenta son «un marco mínimo de consenso institucional de una idea de nación» en el cual quede claro que no se puede «exterminar al adversario ni tratar de asesinar presidentes», afirman cerca de ella.
Macri dijo que no tendría problemas en sentarse a tomar un café, pero, aclaró, «con la Constitución sobre la mesa». A su alrededor recuerdan que no llegaron a ponerse de acuerdo ni siquiera para la entrega del bastón de mando en 2015. Pero algo de agua corrió bajo el puente desde entonces. 

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