25 de abril de 2014
Hace varios años que alquilamos en la 20. Desde que nos vinimos de La Plata por trabajo», cuenta Carmen, mientras tiende la ropa recién lavada en un cable que cruza íntegramente la parcela donde se levanta su casilla de maderas y plásticos. «Sabemos que esto no es lo mejor, que no podemos estar así mucho tiempo, pero no te creas que las piezas que alquilamos en la villa son mejores», afirma mientras controla de reojo a sus pequeños hijos que juegan con un perro enflaquecido. Carmen está en el predio de Villa Lugano casi desde el primer día, a fines de febrero, cuando su marido se enteró por un vecino de que familias se estaban instalando en los terrenos del antiguo depósito de vehículos de la Policía Federal que funcionó allí hasta 2010. Hace 4 años la Justicia ordenó, además del desalojo, sanear el terreno –las tierras y napas están contaminadas con plomo y otros metales pesados– y, en el marco de la Ley Nº 1.770, de 2005, urbanizar el predio con la construcción de 1.600 viviendas para los habitantes de la Villa 20 de Lugano, que crece a las espaldas del recién bautizado barrio Papa Francisco. «La gente se cansó de esperar», dice Irma mientras recorre los pasillos del asentamiento. «No podemos seguir pagando 1.500 pesos por una pieza que se llueve por todos lados o no te aceptan con chicos», agrega. «Es muy injusto. Hacen negocios con nuestra necesidad. Es una lucha de pobres contra pobres», señala Carmen. Hoy, 800 familias que ya no creen en las promesas de urbanización que el Gobierno porteño renueva cada víspera de elecciones para dejarlas en el olvido tras el recuento de votos se distribuyen en las 12 hectáreas del viejo «cementerio de autos» de Lugano. Dos órdenes de desalojo en suspenso –en virtud de la apertura de la mesa de diálogo con los representantes de la Ciudad– pesan sobre el asentamiento Papa Francisco. Los delegados del asentamiento –con el apoyo de legisladores porteños de la oposición– presentaron ante el juzgado un nuevo estudio ambiental del suelo –informes preliminares sostienen que sólo 2 hectáreas estarían contaminadas– y un completo plan de urbanización para el predio –elaborado por un grupo de arquitectos de la UBA–. El plan es integral. Además del trazado de calles y el diseño de viviendas, establece el tendido de cloacas, gas y luz. «No queremos que nadie nos regale nada, queremos pagar nuestra vivienda, los impuestos. Que nos pongan medidores de luz y de gas», aclaran las dos mujeres.
Por ahora, luces provisorias, canillas comunitarias y delimitación de las parcelas con hilos, maderas, alambres o telas de colores dan forma al nuevo barrio. Mientras tanto, lejos de amenazas judiciales de desalojo, la vida cotidiana sigue su curso. Las mujeres lavan a mano la ropa de su familia, preparan en fogones improvisados la comida para los suyos y los chicos hacen los deberes, van a la escuela y juegan con sus nuevos vecinos. También los hombres, en algunas ocasiones junto a las mujeres, se imponen una rutina: reforzar con los materiales que tienen a mano las enclenques paredes de las provisorias casas que albergan a sus familias, mientras ansían ver hecho realidad el sueño de la vivienda de material.
—Texto: Mirta Quiles
Fotos: Jorge Aloy
