19 de noviembre de 2022

Tuve la oportunidad de participar del acto protagonizado por la vicepresidenta Cristina Fernández en el Estadio Único de La Plata y debo decir que comparto la caracterización que hizo sobre la situación del país. En particular, cuando habló de los condicionamientos. Dijo, concretamente: «Las elecciones se pueden ganar, pero los condicionamientos que nos han dejado son tan graves, tan profundos, que van a requerir que la mayor parte de los argentinos tiremos todos juntos para el mismo lado. Si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera». Se refirió así al «punto de quiebre que fue volver al brutal endeudamiento del país», lo que condiciona las políticas del Gobierno.
«Tenemos que generar recursos no para generar valor, sino para pagar la deuda», resumió Cristina Fernández. Se remontó después al golpe de Estado de 1930 y a las sucesivas interrupciones de la democracia y períodos neoliberales, para resaltar la necesidad de construir un consenso que permita abordar los graves problemas que tiene la Argentina. Reiteró, en definitiva, la idea de la construcción frentista.
Agregaría, como una continuidad de ese análisis, que tanto Raúl Alfonsín como Néstor Kirchner lanzaron, en un caso, el llamado «Tercer Movimiento Histórico» y, en el otro, la «Transversalidad», que no fueron ni más ni menos que la idea de un espacio frentista nucleado en objetivos comunes que no se limiten a las banderas preexistentes.
En ambos casos se buscaba sostener una propuesta que llevaba al debate sobre el rol del Estado, los servicios públicos, la distribución del ingreso, el sistema previsional y otras transformaciones necesarias. Es decir, de qué manera somos capaces de conformar una alternativa política sobre la base de un consenso que junte la fuerza para avanzar en una dirección determinada.
En lo coyuntural, hay que destacar que, a diferencia de 2021, cuando no se pudo aprobar el Presupuesto enviado por el Ejecutivo para la administración pública, este año se logró la aprobación a los lineamientos y políticas fijadas. Se definió en qué se va a gastar y de dónde van a salir los recursos para esas partidas; se establecieron, además, los objetivos de crecimiento y las metas sobre distintas variables macroeconómicas.
La ley diseña escenarios y, por ejemplo, en materia inflacionaria, se prevé un alza del 60%, equivalente a un aumento del 4% mensual, justamente la variación que se contempla en el recién lanzado plan de Precios Justos. En este sentido, las medidas que el Gobierno va tomando tienden a generar un proceso de descenso gradual de la inflación, sin recurrir a ajustes o devaluaciones bruscas. Porque la experiencia histórica indica que cada vez que se recurrió a eso el costo social que se pagó fue altísimo. De modo que se está tratando de minimizar ese costo con un programa gradualista. Y como dijo la vicepresidenta: avanzar en la alineación de las distintas variables.
Ya en 2021 había dicho que el país estaba creciendo, pero había que lograr que los precios, las tarifas, los salarios y el tipo de cambio se movieran dentro de andariveles similares, para que cuatro vivos no se queden con el beneficio de ese crecimiento.
Ese es uno de los temas principales que tenemos en discusión, la puja distributiva, en un marco de previsible continuidad del crecimiento, contrastando con la situación cercana a la recesión en Estados Unidos, el freno en el Reino Unido, las dificultades en el resto de Europa o la desaceleración en China.

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