28 de noviembre de 2022
El nuevo programa presentado por el Gobierno no contempla a los negocios de proximidad. Reclamos de APYME ante el proceso de migración de consumidores.
Consumo masivo. Se consolida el pasaje hacia las grandes cadenas en detrimento de los más chicos por los precios conveniados.
Foto: Télam
Demorado y varias veces anunciado, finalmente el Gobierno lanzó el programa Precios Justos, una remake de Precios Cuidados. El nuevo acuerdo de precios tiene dos ejes principales: dispone el congelamiento de una canasta de 1.823 productos durante 120 días y un tope de aumento del 4% para el resto de los artículos. El listado incluye productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, que los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias.
Del acuerdo participan 102 empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país, como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías. Los productos del programa podrán comprarse en supermercados minoristas y mayoristas de todo el país. Ahora bien, la pregunta obvia es por qué este centenar de grandes empresas se comprometió a este acuerdo en un contexto de tal dispersión de precios. La respuesta es clara: el Gobierno les prometió a las compañías que no tendrían ningún inconveniente en conseguir los dólares necesarios para pagar las importaciones de sus insumos o productos críticos para la producción. Aun así, si bien los empresarios se muestran dispuestos a mantener congelados los precios de la canasta de 1.800 productos ‒que, por cierto, son poco más de 800 ya que una parte importante son artículos de marca propia de los supermercados‒, no muestran el mismo compromiso en los aumentos mensuales del 4% como máximo del resto de los productos, si el Gobierno no cumple con su promesa de proveer dólares. Pero no solo las grandes firmas hicieron sentir sus reclamos a las pocas horas de anunciado el nuevo programa.
Los micro, pequeños y medianos comercios también se quejaron apenas el ministro Sergio Massa anunció el programa a cumplirse en las grandes cadenas de supermercados. Aunque en el mismo momento el funcionario hizo una convocatoria a los autoservicios y almacenes de barrio para que adhieran. Una de las entidades representativas del sector que se pronunció fue la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), a través de un comunicado titulado «Las pymes también quieren Precios Justos». Allí advierte que además de no «estar alcanzadas por los beneficios del acuerdo de precios sobre productos de primera necesidad aplicado en el marco del programa Precios Justos», tampoco se «contempla la forma en que los negocios de proximidad, integrados por cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, se abastecerán» de los productos del programa. Y reclama: «APYME solicita que se tenga en cuenta que en los negocios de proximidad se venden 8 de cada 10 productos de la canasta básica».
Para conocer más de cerca la problemática del sector pyme, entrevistamos a Gustavo Cascioti, integrante de la conducción nacional de APYME y presidente de la delegación Mar del Plata.
‒¿En este escenario de dispersión de precios y con los negocios de proximidad fuera del programa, qué futuro le ve a este programa?
Nos parece sumamente importante que se empleen todo tipo de herramientas para tratar de disciplinar o contener el aumento de los precios. Sabemos que todo programa es simplemente una herramienta para intentar aliviar el bolsillo de los consumidores, y creemos que es válida. Pero vemos con gran preocupación que una vez más se deje de lado a los grandes protagonistas de la venta de productos masivos, que son los negocios de proximidad. En la práctica, el negocio de proximidad no puede acceder, porque está diseñado para los supermercados. Y si bien los supermercados mayoristas están incluidos en el programa, cosa que nos ilusionó, sin embargo,estos son un punto de venta más para el consumidor final. Y ahí es donde se abastece el comercio minorista. No hay en el programa un precio diferencial para los minoristas que les permita trasladar ese mejor precio a sus clientes.
‒Un relevamiento de la publicación IProfesional advierte que los pequeños comercios venden los productos de «Precios Justos» hasta un 76% más caros.
Lo que sucede es que existe un proceso de migración de clientes del negocio de proximidad a los supermercados de grandes superficies que se viene consolidando, en busca de estos precios conveniados. Y eso lesiona el tejido social y económico que genera el negocio de proximidad, y en definitiva, fomenta la concentración de la comercialización de los productos de la canasta básica en cabeza de los más grandes.
‒¿Piensan que van a ser incluidos en el nuevo programa tras sus reclamos?
Hay un desorden en materia de precios que nos obliga a ver si de una vez por todas, en función de la última resolución de la secretaría de Comercio Interior, comienza a funcionar el Observatorio de Precios, que se sancionó por ley en 2014, pero nunca se instrumentó, para identificar distorsiones en el proceso de formación de precios. El Estado puede identificar y debería estar en condiciones de avanzar en la identificación de esta situación y en las sanciones. No va a solucionar el tema de la concentración, pero en esta coyuntura ayudaría a visibilizar un poco más y mejor cómo se forman los precios y, en definitiva, quién los aumenta. Creo que estamos a tiempo de hacer sintonía fina de este programa que tiene una vigencia de cuatro meses. Estas son semanas «bisagra» para mostrar efectividad en el control de los precios, y la oportunidad para que las pymes sean escuchadas, porque si no, este programa no va a dar resultado.
