16 de diciembre de 2022

Al menos 15 personas murieron por la represión a las protestas que se realizan en distintos puntos del Perú tras la destitución de Pedro Castillo, quien por orden del juez supremo Juan Carlos Checkley deberá permanecer en prisión preventiva por 18 meses bajo cargos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública. La situación en el país andino se torna cada día más preocupante por las consecuencias de la crisis política de larga data y que, en el caso de Castillo, paralizó su gestión y estuvo a punto de impedir que jurara el cargo, en julio de 2021. Tras conocerse el fallo judicial, el Gobierno decretó el toque de queda en 16 provincias «para frenar actos vandálicos». Tropas militares vigilan las calles de esos distritos, donde la población salió desde el día de la destitución a reclamar por Castillo y por el respeto a la voluntad popular. La presidenta interina, Dina Boluarte, que fue bajando la duración de su gestión desde completar el periodo de Castillo, que vencía en 2026, a adelantar elecciones para 2024 y ahora, el Congreso analiza llamar a comicios en 2023. Todo dependerá de la situación social y también de la presión externa. Argentina, México, Colombia y Bolivia ya salieron a expresar su rechazo al calvario que sufrió desde su elección por el gremialista docente.