15 de enero de 2023
En el marco de la minimización del intento de magnicidio por parte de sectores políticos y mediáticos y a la luz de episodios golpistas en la región, surge la necesidad de debates de fondo.
Casa Rosada. En un año que comienza con fuertes disputas, el 10 de diciembre se cumplirán cuatro décadas desde la restauración constitucional.
Foto: Horacio Paone
Se cumplen en 2023 40 años de vigencia ininterrumpida de las instituciones constitucionales luego de la barbarie que significó la dictadura cívico-militar. Una interpretación sesgada dice que se llegó a esa instancia luego de la guerra de Malvinas. Podría decirse con mayor precisión que la aventura en las islas del Atlántico Sur fue la última ficha que intentó jugar la cúpula militar ante la lucha indeclinable de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de Madres de Plaza de Mayo, y movimientos sociales, gremiales y políticos.
Hace algunas semanas, refiriéndose a la indolencia de la Justicia para investigar el intento de magnicidio en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que ese 1° de septiembre de 2021 se había quebrado el pacto democrático inaugurado en 1983. Ese pacto no escrito en alguna medida siempre estuvo en tensión en estas cuatro décadas.
Sin embargo, no atentar contra la vida del oponente político ciertamente forma parte de cualquier acuerdo mínimo de convivencia, y más aún luego de los horrores que había sufrido la sociedad. Por lo cual el «olvido» y la minimización del ataque que desplegaron los medios hegemónicos y la pasividad judicial en investigar a sus responsables intelectuales y financieros implica una ruptura de aquel contrato democrático.
Trago amargo
Pero en estos años, otros pactos fueron puestos en disputa. Como se recuerda, el entonces candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, tuvo el acierto de realizar una campaña electoral en 1983 con eje en el respeto a la Constitución Nacional ‒la de 1853, con sus reformas posteriores‒ y siempre terminaba sus discursos recitando el Preámbulo.
Resalta en ese texto, inspirado en la Carta Magna de Estados Unidos, la parte que compromete al «cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior (…)». En su discurso de asunción, Alfonsín dejó una frase que también podría entenderse como parte del pacto que comenzaba ese 10 de diciembre: «Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura».
El propio Alfonsín sufriría las consecuencias de otros pactos no escritos que dejaba como presente griego la dictadura. Uno de ellos salió a la luz cuando su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, intentó renegociar los créditos tomados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los uniformados, a espaldas de la sociedad. A comienzos de 1984 y cuando la crisis de la deuda también arreciaba en otros países latinoamericanos, el Gobierno decidió no realizar pagos financieros al exterior a la espera de poder coordinar con los Gobiernos regionales y así ganar fuerza en la mesa de negociaciones. El trago amargo fue que no pudo torcerle el brazo al FMI, que contó con el apoyo de la administración de Ronald Reagan. Sin apoyo externo en esa negociación, su Gobierno terminó hundido por la hiperinflación, luego de dos grandes intentonas militares de carácter golpista y de de sancionar las leyes de impunidad -obediencia debida y punto final-.
El fin del empate
Por esos años, 1989, voceros conservadores comenzaron a batir el parche con la necesidad de establecer una suerte de Pacto de la Moncloa a la manera del que las fuerzas políticas españolas habían firmado en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco. La democracia se mostraba impotente para alimentar, educar y proveer salud a la población, como Alfonsín había prometido. Su sucesor, Carlos Menem, implementó indultos a jerarcas militares y, a continuación, liquidó empresas públicas a cambio de papeles de la deuda externa e instauró la convertibilidad.
En 2001, nuevamente se volvió a hablar de La Moncloa, mientras la crisis de la deuda y el estallido del «1 a 1» casi se llevaron puesto al sistema político. Un acuerdo entre Alfonsín y el entonces senador Eduardo Duhalde abrió las puertas a otro tipo de pacto, que ponía en la mira a la industria nacional. De aquellos temporales surge el Gobierno de Néstor Kirchner.
Ese nuevo pacto implicó el reinicio de los juicios a genocidas y la renegociación de la deuda externa, que incluyó el pago del total al FMI en 2005. Hubo desde entonces un período de mejora económica, de crecimiento autónomo y un proceso de integración regional único. Su sucesora, Cristina Fernández, subió la apuesta y tuvo fuertes enfrentamientos con los poderes financieros internacionales y padeció el acoso de sus voceros locales, enquistados en los medios hegemónicos. Cuando dejó el poder, en 2015, a esto se sumaría la apertura de innumerables causas judiciales contra ella, sus hijos y funcionarios de su gestión.
Los Pactos de La Moncloa, tan mentados por aquí, abrieron una etapa de crecimiento y estabilidad para España. Pero tenían un condicionante clave: aceptar que el país sería una monarquía hereditaria, olvidar los crímenes de la dictadura franquista y no alterar el statu quo económico.
El pacto democrático argentino para los poderes fácticos no merece tratamiento. El único respetable para ellos es el de la sumisión a los poderes reales que los gobiernos que decidieron juzgar la barbarie y romper con el FMI, por ejemplo, desobedecieron parcialmente al decidir políticas con distinto grado de autonomía y, para peor, en consonancia con otros gobiernos de la región que tomaban rumbos similares.
Es evidente que un debate de fondo para la política argentina no puede eludir la vigencia y el respeto al pacto básico de convivencia democrática, especialmente, a la luz de lo que sucede en países vecinos y en todo el mundo con el avance de una derecha autoritaria que enarbola discursos de odio, persecución a adversarios políticos y recorte de derechos sociales.
