9 de marzo de 2016
La apresurada negociación con los fondos buitre pretende abrir en breve un nuevo ciclo de endeudamiento externo. La devaluación y su impacto en la inflación.
Acuerdo. Prat Gay y Caputo anuncian como un éxito la aceptación de los holdouts a la propuesta oficial que no tuvo quita de capital. (Presidencia)
La eliminación de los controles cambiarios provocó una fuerte devaluación monetaria. El alza del tipo de cambio no se detuvo luego del salto del 37,4% en diciembre (pasando de 9,8 a 13,4 pesos). La depreciación alcanzó el 5,4% en enero (cerrando el mes en 14,1 pesos) y el 12,2% en febrero (15,9 pesos). La barrera psicológica de los 16 pesos se quebró el primer día de marzo. El discurso oficial planteaba que la salida del mal denominado «cepo» provocaría un shock de confianza. «Van a sobrar dólares», prometió Mauricio Macri. Las divisas iniciales serían aportadas por el «campo» y luego vendrían las inversiones. Pero la liquidación del sector agroexportador estuvo muy por debajo de lo prometido y los potenciales inversores no aparecen. El arribo de un gobierno «mercado friendly» no parece ser lo suficientemente seductor.
Así, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) retrocedieron 1.686 millones de dólares en febrero. El stock de divisas cerró en 23.385 millones de dólares (sin contabilizar el préstamo de corto plazo otorgado por un conjunto de bancos internacionales), el menor valor desde principios de mayo del 2006. En ese contexto, el acuerdo con los fondos buitre se convirtió en el principal objetivo de la conducción económica. En julio de 2015, Federico Pinedo declaró que «Macri negociaría duramente con los fondos buitre. Mauricio haría lo mismo que Kicillof». Por su parte, Alfonso Prat Gay presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de los Estados Unidos apoyando la oferta argentina presentada por Kicillof. La presentación del entonces diputado por la Coalición Cívica, realizada en 2013 en calidad de amicus curiae, era muy crítica de las resoluciones del juez Griesa. «¿Qué tan justo sería que los holdouts consigan un mejor acuerdo, así sea de un centavo de más que los que entraron en el acuerdo?», se preguntaba Prat Gay.
La campaña electoral terminó y llegó la hora de la verdad. El arreglo con los buitres está muy cerca, si se obtiene la aprobación legislativa, porque el gobierno accedió a casi todos sus reclamos. La férrea postura negociadora del exministro Axel Kicillof fue abandonada.
El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles 4.653 millones de dólares a los cuatro fondos buitre más duros (Elliot Management, Aurelius Capital, Davidson Kemper, Bracebridge Capital) que concentran el 75% de la deuda en litigio en los tribunales neoyorkinos. Además, la Argentina se hace cargo del pago de las costas judiciales totales que ascienden a 235 millones de dólares.
El acuerdo implica una quita del 40% sobre intereses punitorios y costas legales. La poda total es mucho menor (25%) porque se reconoce el 100% del capital.
La condición fijada por el mediador es que el pago debe realizarse en efectivo antes del 14 de abril próximo al mediodía. El arreglo se extiende a siete fondos buitre menores que representan el 15% del monto en litigio.
Las autoridades económicas prevén emitir 15.000 millones de dólares de nueva deuda para cerrar este capítulo. La cifra es impactante si se compara con los 30.000 millones de dólares que emitió el kirchnerismo para regularizar el 92,4% de la deuda defaulteada. Los buitres estarían cobrando alrededor de 3 dólares por cada dólar de valor nominal de su tenencia de bonos. Por el contrario, los bonistas que ingresaron al canje apenas recibieron alrededor de 0,35 centavos, sin contabilizar los cobros por el cupón PBI.
El exministro Kicillof sostiene en su artículo «Algunos números sencillos para evaluar la oferta de Macri a los fondos buitre» que «hay que tener en cuenta que los buitres pagaron solo 25 centavos por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a la Argentina sino que compraron los títulos después del default e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les dé la razón. La sentencia de Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1.600%, que con el descuento que ofrece el gobierno de Macri se reduciría a … ¡1.200%! Un disparate».
El inicio de un nuevo ciclo de megaendeudamiento solamente es factible por el bajo nivel de deuda local. En efecto, los pasivos en moneda extranjera con acreedores privados representan apenas el 12% del PIB.
La toma de nueva deuda no sería un problema en sí mismo. El endeudamiento canalizado para infraestructura desarrollo productivo puede ser útil y necesario. La estrategia macrista se inscribe en otra lógica porque apunta a satisfacer las ambiciones de los buitres.
Los términos del convenio en ciernes permiten predecir la reapertura del capítulo de la deuda como severo condicionante para la economía local. En esa línea, el profesor emérito de la UBA Aldo Ferrer sostiene que «a los fondos buitre se les hizo una oferta que es mala para el país. Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas».
Por otro lado, la cuestión judicial no estará resuelta definitivamente porque subsisten dos potenciales fuentes de conflicto: 1) los bonistas que no acepten la propuesta (se estima que sería un 15% del total, entre ellos el Grupo Varela integrado por residentes argentinos) y 2) los adherentes a los canjes de 2005 y 2010.
En ese último caso, el vencimiento de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) –ocurrido el 31/12/2014– no implica un blindaje absoluto contra nuevos juicios. La claúsula RUFO permitía a los adherentes al canje reclamar igualdad de condiciones si hubiera una oferta posterior más favorable.
La desigualdad de trato entre bonistas «acuerdistas» y fondos buitre es tan evidente que no puede descartarse la existencia de un juez receptivo a algún tipo de reclamo. La extravagante interpretación del juez Griesa de la cláusula pari passu es un lamentable antecedente. El diputado nacional Carlos Heller precisó que «la oferta que el gobierno argentino les está haciendo a los buitres y al resto de los acreedores que no entraron a los anteriores canjes costaría 6.900 millones de dólares más que si esos acreedores hubieran entrado al canje 2010».
Los primeros pasos
El arreglo con los buitres se convirtió en el objetivo central del macrismo desde su triunfo en las elecciones presidenciales. Las reuniones iniciales entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el mediador, Daniel Pollack, fueron sentando las bases del acuerdo.
Adicionalmente, el gobierno nacional anunció haber alcanzado un trato con los bonistas italianos representados por el Task Force Argentina (TFA) capitaneado por el abogado Nicola Stock. El TFA administra alrededor de 900 millones de dólares de títulos defaulteados. Eso representa alrededor del 15% de la deuda que no ingresó a los canjes de 2005 y 2010.
El origen de ese conflicto esta ligado a los desmanejos de la banca italiana. Los bancos se desprendieron de los bonos cuando la economía argentina se estaba desbarrancando. Al formalizarse el default, los clientes reaccionaron enfurecidos contra las entidades. La Asociación Bancaria Italiana financió el TFA para desviar sus culpas hacia los «incumplidores argentinos». La responsabilidad de esos bancos era tan evidente que, en 2007, el gobierno italiano indemnizó a un grupo de bonistas.
Sin perjuicio de eso, el juicio impulsado por el TFA continuó su curso ante el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). El economista Alfredo Zaiat explica en «Todo para ellos» que «Argentina no tiene una sentencia en firme desfavorable en el Ciadi en ninguna de las presentaciones realizadas por bonistas italianos con títulos en default 2001… Incluso en dos de esos laudos, los respectivos tribunales declararon terminado el arbitraje, sin fallar a favor de los bonistas italianos, y por lo contrario reclamando a ellos y a la Argentina que paguen las costas del caso». Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri reconoció el pago del 150% del capital reclamado más los intereses devengados. La suma total asciende a 1.350 millones de dólares que serán cancelados en efectivo.
Al preacuerdo con los bonistas italianos se sumó el visto bueno de otros fondos buitre que retienen un tercio del valor nominal de títulos públicos defaulteados. Entre los más importantes figuraban EM Limited, Montreux Partners, Capital Markets Financial Services, que aceptaron una oferta por 849 millones, 298, y 110 millones de dólares, respectivamente. A otros cinco fondos menores se les reconoció acreencias por 450 millones de dólares.
Al mismo tiempo, las autoridades argentinas solicitaron a Griesa el levantamiento del bloqueo al pago de la deuda externa argentina. Desde julio de 2014, Griesa mantiene congelado el pago de 539 millones de dólares a los tenedores de bonos reestructurados
El juez neoyorquino accedió al pedido siempre y cuando la Argentina cumpla con dos condiciones: 1) «elimine los obstáculos legales» para implementar la oferta (léase derogación de ley cerrojo y ley de pago soberano) y 2) efectivice el pago al bloque de acreedores que aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero pasado.
El escollo a superar entonces es la derogación de esas leyes y la autorización legislativa para la emisión de nueva deuda. La ley cerrojo impide la reapertura del canje y la ley de pago soberano (sancionada a fines de 2014) establece que el pago de los vencimientos de deuda con legislación extranjera se deposite en una cuenta de Nación Fideicomisos. Prat Gay se adelantó a la discusión legislativa advirtiendo que sin financiamiento el programa económico requerirá de «un gran ajuste, incluso en áreas sensibles».
El ministro agregó que «los gobernadores saben muy bien que si no podemos tener acceso al crédito, las provincias no podrán contar con fondos para obras, y sin esas obras hay menos empleo». El mensaje implícito es muy claro: «endeudamiento o caos».
—Diego Rubinzal
