3 de marzo de 2023

Manuel Alfieri

Con triunfos en distritos clave en las elecciones de medio término, el correísmo se reposiciona políticamente. Fuerte rechazo al presidente Lasso.

Las elecciones seccionales y el referendo que se realizó junto a ellas en febrero cambiaron completamente el mapa político ecuatoriano. Los resultados de ambas instancias dejaron un claro perdedor: el presidente Guillermo Lasso, quien sufrió una verdadera paliza electoral y ahora deberá enfrentar dos largos años de mandato con escaso apoyo popular, en medio de un estallido de inseguridad, una galopante crisis económica y un profundo malestar social. Del otro lado del ring, el gran vencedor de la contienda fue su archienemigo, Rafael Correa, líder de una Revolución Ciudadana que está de vuelta y que se consolidó como la fuerza política más importante del país de cara a las presidenciales de 2025.
El partido del expresidente se hizo con ocho de las 23 gobernaciones que estaban en juego, con el agregado de que cuatro de ellas son las que mayor cantidad de población concentran: Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. También ganó casi 50 alcaldías, de las cuales dos tienen un especial simbolismo por su centralidad en la arena política: Quito, la capital, y Guayaquil, principal polo económico y bastión de la derecha en los últimos 30 años.
Un poco más atrás quedó el movimiento indigenista Pachakutik –opositor a Lasso, pero también crítico de Correa–, que se hizo con siete gobernaciones y evidenció un crecimiento respecto de 2019, cuando había obtenido cinco. A contramano de los buenos resultados electorales obtenidos por la oposición, la debacle para las filas oficialistas fue total. El partido de Lasso, Movimiento Creando Oportunidades (CREO), no tuvo candidatos fuertes en casi ningún distrito y ni siquiera participó en Quito y Guayaquil. Perdió la única gobernación que controlaba y retuvo apenas uno de los tres alcaldes que tenía. El retroceso fue claro: ganó en apenas diez alcaldías, cuando en 2019 lo había hecho en 32.
Igual de mal le fue a otra fuerza política derechista aliada al presidente, el Partido Social Cristiano (PSC), encabezado por el excandidato presidencial Jaime Nebot, que perdió en manos del correísmo tanto la provincia de Guayas como su capital, Guayaquil, después de tres décadas de hegemonía ininterrumpida. Junto con las elecciones se celebró también un referendo, impulsado por el propio Lasso a fines de 2022 como un manotazo de ahogado para recuperar algo del apoyo popular dilapidado en apenas un año y algo más de mandato. Por entonces, solo el 20% de los ecuatorianos apoyaba su gestión y el clima social estaba significativamente caldeado, sobre todo después de las protestas sociales contra el plan neoliberal del Gobierno, que respondió a la movilización popular con una brutal represión. Sin embargo, el tiro le salió por la culata al presidente-banquero, que se desinteresó por las elecciones locales y puso todas las fichas en el referendo, confiado por el supuesto triunfo que vaticinaban todas las encuestas. La población, finalmente, le dijo que no a las ocho preguntas incluidas en la consulta promovida por Lasso, cuyo objetivo central era llevar a cabo una reforma constitucional en cinco áreas: lucha contra el crimen, representación política, Justicia, medioambiente y organismos de control.
La más «atractiva» de todas esas propuestas era la que refería a cambios en materia de seguridad, un tema que copa a diario las pantallas de todos los canales de televisión y que preocupa muchísimo al ciudadano de a pie. Y no es para menos: durante 2022 hubo 4.539 homicidios en todo el país, más del doble que el año anterior y el registro más alto desde 1990. Lasso se aferró a ese drama para intentar relanzar su cuestionada gestión a través del referendo, pero no logró convencer ni a propios ni a ajenos. Correa, que en todo momento expresó su rechazo a la consulta, aseguró que hubo un claro «mensaje revocatorio» para Lasso: «Queremos que se vaya a su casa». «La indignación popular es tan grande que se le dio un no rotundo», dijo el expresidente desde México, donde hizo campaña a la distancia, ya que de ingresar a su país sería inmediatamente detenido por la condena de ocho años de prisión que pesa sobre sus espaldas por un controvertido caso de corrupción.
Correa consideró además que el no al referendo y la muy buena performance de su partido en las elecciones fue un «punto de partida» de cara a la gran contienda de 2025, en la que Revolución Ciudadana intentará conquistar nuevamente la presidencia del país. «Es un punto de partida, no un punto de llegada. Tenemos que recuperar el poder porque hay problemas que dependen del Gobierno central (…) y enrumbar nuevamente al Ecuador en esa ruta hacia el buen vivir que tuvo indudablemente de 2007 a 2017. Este es el primer paso para volver a ser Patria».

Poder de fuego
Sin embargo, el camino para retornar al Palacio de Carondelet no será precisamente de rosas. El principal escollo es la brutal persecución mediática y judicial que Correa sufre desde hace ya varios años y que incluye la proscripción y el exilio. El expresidente sabe, como dijo alguna vez, que tendrá que luchar «con la cancha inclinada, el árbitro vendido, público en contra y pelota cuadrada». Deberá, además, forjar una amplia alianza con distintos sectores políticos –e incluso con muchos que se encuentran en las antípodas ideológicas, como hizo Lula da Silva en Brasil– para vencer al enorme poder de fuego que, pese a todo, aún conserva la derecha.
De hecho, es algo que ya empezó a ensayar en estas últimas elecciones, donde estableció coaliciones con exaliados, viejos militantes derechistas y hasta exdirigentes de fútbol. La destreza para lograr ese tipo de alianzas de cara a 2025 será clave, ya que en las elecciones presidenciales, a diferencia de las regionales, hay balotaje. Es decir, no alcanza solamente con el llamado «voto duro».
Las cosas, sin embargo, están bastante más complicadas en el campo de la derecha y, en particular, para Lasso, denunciado recientemente por supuestos nexos con la mafia albanesa. Aislado políticamente, abandonado por sus colaboradores más cercanos, con cada vez menos apoyos en el Congreso y en las calles, con una oposición que a izquierda y derecha pide su renuncia y amenaza con el juicio político, y con un sombrío panorama económico y social, los dos años de gestión que todavía tiene por delante parecen una eternidad. Otro error como el del fallido referendo podría ser determinante para su futuro al frente del Gobierno.