7 de mayo de 2023
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue necesario porque primero el Fondo le otorgó a la Argentina, gobernada entonces por Mauricio Macri, un crédito de 57.100 millones de dólares, de los cuales se llegaron a tomar solo 45.000 millones. Eso se debió a que Alberto Fernández, recién electo presidente, pidió que se suspendieran los desembolsos del préstamo, que era impagable ya que debía devolverse mayormente entre 2022 y 2023, con un remanente menor para 2024.
En ese marco, señalé muchas veces que no debía haberse pedido ese crédito, y también opiné que ningún acuerdo con el FMI es bueno. En este caso solo quedaba la opción de que sea el menos malo.
Lo cierto es que en marzo del año pasado se acordó con el organismo un nuevo crédito que compensa cada vencimiento del anterior, con cuatro años y medio de gracia (el primer cobro será en 2026) y cinco y medio para pagar después.
Lo que ahora se está evaluando es que el FMI adelantaría el desembolso de alguno de esos tramos. Esa mayor liquidez le permitiría al Gobierno no estar chantajeado por los golpistas devaluadores, que quieren a toda costa generar una corrida cambiaria.
Desde el año pasado, todas las crisis anunciadas desde ese flanco apuntan a lo mismo: provocar una desestabilización que genere el mayor escepticismo posible en la sociedad, para facilitar un eventual triunfo opositor en las elecciones.
Por eso fueron algunos de los voceros de ese sector político a tratar de convencer a los funcionarios del FMI de que no otorgue ningún respiro a la Argentina, de manera que tenga las mayores dificultades.
Hay que decir, por otra parte, que está pendiente de solución uno de los problemas más graves que pesa sobre el país, que es el aumento descomunal de la tasa de interés del crédito, al margen de la cuestión de la sobretasa.
Recordemos que el Fondo fija su tasa sobre la base de una combinación de las tasas que cobran los bancos centrales de los países miembros, en la proporción en que inciden en el capital del organismo. En marzo de 2022, cuando la Argentina renegoció con el FMI, la tasa de interés era de 1,2% anual, hoy es del 4,6%. La diferencia representa más de 1.500 millones de dólares anuales.
Y nadie habla de eso porque los medios hegemónicos y los consultores solo se enfocan en el déficit fiscal primario, que es la diferencia entre el gasto público y los ingresos por impuestos. Pero el verdadero problema que el país tiene es el déficit financiero por el peso de los intereses de deuda, sumado el desequilibrio primario.
A eso se añaden, y resultan inaceptables, los famosos sobrecargos que cobran al país por habernos dado un crédito que no nos tenían que haber dado, ya que no se correspondía con la dimensión de la economía argentina ni con nuestra participación en el capital del Fondo. Esos son otros 1.500 millones de dólares anuales, lo que totaliza 3.000 millones de dólares de costo financiero del crédito del FMI. Está claro que de corregirse la carga de los intereses y los sobrecargos cambiaría totalmente la expectativa del país, desde el punto de vista fiscal.
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Castigo. El organismo internacional aplica al país penalidades financieras que perjudican a la economía a nacional.
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