15 de julio de 2023

Osvaldo Aguirre

Prejuicios y sesgos de clase subyacen a los «errores» del sistema penal. «La justica es altamente discriminatoria, asegura el abogado Manuel Garrido». Los casos emblemáticos.

Foto: Jorge Aloy

Fernando Carrera recibió dos condenas de prisión y finalmente quedó absuelto por lo que la prensa llamó «la masacre de Pompeya» y resultó ser una historia urdida por agentes de la Policía Federal. Episodio paradigmático de las intervenciones fallidas de la Justicia argentina, el caso fue expuesto por la película The Rati Horror Show, de Enrique Piñeyro, y determinó en 2012 la fundación de Innocence Project Argentina, una organización no gubernamental dedicada a la investigación y el litigio en casos de personas injustamente condenadas.
Innocence Project Argentina está afiliada a la Innocence Network, que reúne a 69 organizaciones de distintos países, y además de litigar promueve reformas y políticas públicas «para la consolidación de un sistema penal humanizado» y espacios de formación para abogados. «Tomamos en cuenta que una persona haya sido condenada, diga ser inocente y tenga por delante una condena mínima de cinco años de prisión, porque investigar un caso e intervenir lleva más o menos ese tiempo», explica el abogado Manuel Garrido, presidente y director de la ONG.
Marcos Bazán pasó cinco años preso por el femicidio de Anahí Benítez hasta quedar absuelto en un segundo juicio que concluyó en el mes de mayo. La ONG había asumido su defensa y la difusión del proceso hizo que se multiplicaran los pedidos de intervención en otros casos.
«Las consultas no son necesariamente un indicio de la cantidad de condenas erradas –aclara Garrido, también exjefe de la Oficina Anticorrupción–. Mucha gente fue condenada por error y ya cumplió su condena. Y en Argentina los procesos son tan largos que muchas veces la persona cumple la totalidad de la pena estando en prisión preventiva».
–¿Cómo llega la Justicia a una condena errónea?
–En general no hay un solo motivo sino una combinación de factores. Puede ocurrir que incidan cierta presión social, la cobertura de los medios, un contexto altamente discriminatorio, una mala defensa. Estos factores se suman a problemas que existen: no todas las ciencias forenses son confiables de igual manera, hay testigos que mienten y corrupción de la policía y los investigadores en lo que llamamos las causas armadas. Es un problema del sistema de Justicia, pero también se basa en que el sistema funciona en base a recursos humanos. Hay una construcción de la supuesta verdad en base a retazos de la información y los jueces son también personas que tienen sesgos y prejuicios, y frente a casos que generan conmoción pública también piensan en sus propias carreras.
–Los forenses e incluso los peritos suelen estar revestidos de un aura científica y sus dictámenes parecen incuestionables. ¿Cómo intervienen en estos casos?
–Pero, ¿cuáles forenses? En el caso de Anahí Benítez llamaron como perito a Jorge Tula, un amateur dueño de un perro que supuestamente era infalible. Aun los forenses, gente que estudió y es seleccionada en base a determinados criterios, pueden equivocarse. Hay además condenas basadas en criterios que fueron abandonados porque mejoró el conocimiento. Nos pasa ahora con una persona condenada en la provincia de Buenos Aires por el síndrome de bebé sacudido, que responde a una idea que adoptaron dos patólogos en 1980 y luego la patología forense cambió de criterio. La ciencia es un conocimiento probabilístico. No es lo mismo además una prueba de genética forense, por ejemplo, que una de comparación de voces. Hablamos de ciencias distintas, que se diferencian también en el rango de error. Son herramientas que permiten reconstruir la verdad, pero también hay que tomar en cuenta otra información y tener en claro la posibilidad de un error. Aun la disciplina más confiable, como puede ser la genética forense, puede equivocarse. Tenemos el caso de un señor que fue condenado y lleva diecisiete años preso sobre la base de un examen de ADN mal hecho.
–En un caso que tomaron, el de Alberto Martín Muñoz, puntualizaron las contradicciones de los testigos, que sin embargo fueron valoradas para la condena.
–Una de las pruebas menos fiables, y que la Justicia considera tradicionalmente más importante, es la del reconocimiento de sospechosos. Ha generado muchos errores porque las memorias no son fijas, no funcionan como una cámara de video y hay factores que inducen errores como el transcurso del tiempo, las emociones o el consumo de sustancias. Está probado que si el actor no está en la rueda de reconocimiento el testigo tiende a señalar al que más se le parece. La corrupción de policías investigadores es otro factor importante. Hemos tenido casos donde se hace firmar a un testigo un reconocimiento que no realizó.

–Ahora intervienen en defensa de Santos Clemente Vera, condenado por el asesinato de dos jóvenes francesas en Salta. ¿Qué particularidades tiene la situación?
–En lo que tiene que ver con la prueba de ADN, hay informes contradictorios. Un laboratorio francés no detecta el ADN de Vera en las muestras que se examinaron de ambas víctimas. Otro laboratorio, argentino, detecta el cromosoma Y, que no identifica personas sino una línea familiar. Cuando el perito de la defensa viaja a Salta para hacer una contraprueba, en el juzgado le dicen que extraviaron el material de los hisopados. Pedimos una búsqueda exhaustiva porque se sacaron muchas muestras de las víctimas, que por otra parte no fueron documentadas como corresponde. En el Tribunal Oral encontraron cajas que decidieron no abrir hasta que la Corte Suprema resuelva. Vera fue absuelto en el juicio, la fiscalía apeló y un tribunal de apelación, sin oírlo, lo condenó. Por otro lado, torturaron a todos los sospechosos. Vera fue condenado sobre la base de ese informe controvertido y a lo declarado por un coacusado que para desligarse de la responsabilidad le echa la culpa a él y a otro más que fue absuelto. No hay coincidencia tampoco en el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el momento en que fueron encontradas las víctimas porque la perito médico forense dice que fueron 48 horas y la sentencia dice que pasaron quince días. Tampoco está claro si estuvieron retenidas a las víctimas, entre otras cosas que no fueron investigadas. El caso va a cumplir seis años en la Corte Suprema y lo que Vera está pidiendo es que se realice un nuevo juicio, como dice la ley, que se busquen las muestras y varios laboratorios hagan las pericias para garantizar la precisión del informe.
–¿Los Tribunales prejuzgan invariablemente en contra de los que llegan acusados a juicio?
–En algunos casos, por la conmoción pública, los jueces bajan las exigencias probatorias e incluso si hay dudas resuelven contra el acusado, como fue en el caso Carrera. En el caso de Jorge González Nieva (N. de R.: Pasó catorce años preso por una causa armada y quedó absuelto en 2020), la Corte dice en el fallo que a pesar de que el acusado estaba preso, sospechosamente el reconocimiento se hizo con fotografías y sin notificar al defensor. En el juicio, lo condenaron igual a pesar de que el testigo no lo reconoció. Además, el Tribunal tampoco tuvo en cuenta que los policías investigadores habían sido cesanteados por armar causas. Se minimizan alertas que deberían generar dudas sobre todo al condenar a una persona. Las causas armadas suelen hacerse contra personas que tienen antecedentes, pero que no cometieron esos hechos y sus negativas no son tomadas en serio. En las investigaciones sobre el tema, el periodismo está señalado como otro de los factores que generan errores. Cristina Vázquez, absuelta también por la Corte Suprema, fue llamada por el periodismo «la reina del martillo». Y a la víctima ni siquiera la habían matado con un martillo. Las fuentes de un caso, al menos en el momento en que se consolida la información, es la policía, son los investigadores, y entonces ya queda instalada esa versión oficial. También se espectacularizan los casos, porque concitan la atención pública y hay una demonización de los acusados. Deshumanizar a los acusados, compararlos con animales, es un recurso habitual en los periodistas y en algunos abogados y genera un campo para la injusticia.
–Ustedes también marcan el sesgo de clase de la Justicia.
–La Justicia penal funciona de esa manera. Es altamente discriminatoria. La selección de las personas que van a ser juzgadas está influida por sesgos que son de clase. A esas personas se les cree menos. Algunos autores hablan de una «injusticia epistémica» porque para el sistema no vale lo mismo la palabra de una persona estigmatizada o que pertenece a una clase socialmente inferior a la de los jueces o que tiene menos recursos económicos y culturales para defenderse.
–¿El auge del punitivismo y el reclamo de cárcel para cualquier delito configura un contexto negativo para revisar condenas?
–Sí. El reclamo de soluciones rápidas en vez de investigar en profundidad muchas veces provoca errores. Es lo que pasó con Marcos Bazán: la celeridad lleva a la búsqueda de chivos expiatorios. Después está el tema de la mano dura. Nosotros promovemos la defensa de personas inocentes. Por lo menos hasta ahora no escuché decir a los punitivistas que hay que meter presos también a los inocentes… Ahora, estos discursos punitivistas que piden penas cada vez más cruentas y largas, ¿cómo toleran la realidad incontrastable de que el sistema se equivoca, y que se equivoca bastante? El sistema funciona de esa manera, su cuota de error es inherente, entonces ese discurso debería plantearse que esas penas inhumanas se van a aplicar a inocentes.

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