7 de enero de 2025
La Comisión Nacional del Microcrédito tenía un rol central en la asignación de recursos a empresas de la economía social. La voz de referentes del sector.
CECOPAF. Una de las cientos de entidades que recibieron el impulso de los microcréditos para desarrollarse.
Argumentando razones presupuestarias, pero con un claro sesgo ideológico, el Gobierno disolvió la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), una herramienta central para la economía social en un país castigado por la recesión. Creada en 2006 mediante la ley 26.2117, la CONAMI tenía como objeto entregar microcréditos a tasa subsidiada para impulsar proyectos cooperativos y de emprendedores. Es decir, un recurso estratégico en aquellos segmentos de la economía sin acceso al financiamiento tradicional.
Sin embargo, con el decreto 1094/2024, el mileismo lo dio de baja, replicando el modus operandi empleado en el desmantelamiento de otras políticas públicas. Ante supuestas ineficiencias en la gestión, en lugar de resolver la situación a su cargo, el Ejecutivo optó por la cancelación unilateral, sin consultar a los otros actores ni preocuparse por las consecuencias. «Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra», lanzó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, consideró que liquidar esta Comisión «optimizará los recursos públicos y garantizará un Estado más eficiente».
Patricia Arpe conoce bien el peso de la CONAMI y el perjuicio que trae su liquidación. Coordinadora nacional de las Redes de Microcréditos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y también directora del Departamento de Proyectos, Arpe lo definió como «el programa más completo en términos de políticas públicas para las cooperativas, en tanto que no solo busca brindarles financiamiento con tasas blandas y en términos más amigables a su capacidad de pago, sino facilitar la documentación a presentar». Destacó, además, el círculo virtuoso en torno al programa, del cual el IMFC era parte, con redes en cada territorio y promotores en contacto con las organizaciones para conocer su situación y necesidades.
No es, claro, la primera vez que el cooperativismo sufre este tipo de políticas. «Una vez más, tendremos que salir de la crisis con más autogestión y solidaridad», resumió Manuela Varela, presidenta del Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar (CECOPAF), miembro de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos y directora para el Desarrollo de Entramados Productivos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. «Somos más de 100 cooperativas dedicadas a la comercialización, la producción y la organización del consumo de alimentos vinculados a la agricultura familiar y la economía solidaria», explicó. Varela recuerda que, cuando iniciaron, contaban con mucha fuerza de trabajo, pero poco capital, por lo que el microcrédito fue un recurso ideal: «Nos dio la oportunidad de iniciar un proceso de comercialización no especulativo, a contramano de lo hegemónico».
Tasas y recursos
Laura Carizzoni integra la cooperativa cordobesa de comunicación Viarava, de Capilla del Monte. Gestionan la radio FM 98.1, el sitio CDM Noticias y un espacio cultural. «Es tremendo que el programa se dé de baja así,de un día para el otro. Me parece que hay mucha información falsa en ciertos medios en relación a los números, lo que se prestaba, lo que no, la estructura», señaló.
El de Viarava es un caso testigo de las fortalezas de la CONAMI: «Hablamos de una cooperativa de tamaño pequeño, con trabajadores y trabajadoras que no veníamos con un capital para invertir. Y, por supuesto, las cooperativas con este tamaño no acceden a créditos bancarios y, si lo hicieran, son intereses o montos difíciles de afrontar», explicó Carizzoni, que con aquellos recursos pudieron adquirir equipamiento necesario.
Con más de 40 años en el mundo de la agricultura familiar, para Pedro Cerviño, «desde su creación, la CONAMI vino a ser la principal fuente de financiamiento para este sector en términos de crédito, porque hay otro tipo de financiamiento, pero el crédito es lo que hace que una actividad económica pueda sostenerse en los momentos críticos», como en la siembra, la cosecha o el envasado de la producción.
Arpe. «Cerró el programa más completo en términos de políticas públicas para las cooperativas».
Fundador en 2008 de CECOPAF y su presidente hasta septiembre pasado, Cerviño subrayó la centralidad de lo estatal: «La tasa de interés de un crédito –explicó– es la herramienta por la cual fluyen los recursos. Cuando es alta, van de abajo hacia arriba: el que se queda con la mayor parte de la utilidad es el capitalista. Con la tasa de interés subsidiada, la transferencia de recursos es de arriba hacia abajo, y ese es un rol del Estado, que lo estaba cumpliendo a través de la CONAMI».
Su retirada abre la puerta a actores privados especulativos y con tasas de usura; un salvavidas de plomo al que muchas veces las cooperativas se ven obligadas a acudir.
Para el período 2014-2024, el IMFC otorgó 845 créditos a 430 cooperativas, con alcance a unos 9.000 asociados y asociadas. Si se suman las otras organizaciones que integraron las redes del IMFC (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Formosa), los créditos llegan a 3.743, con cerca de 40.000 beneficiarios. En valores actualizados, fueron más de $832 millones, con un monto similar otorgado por el resto de las organizaciones de las redes.
¿Cómo seguir?
Para Arpe, la decisión del Ejecutivo tiene un eco a políticas del pasado: «Que el Estado sea lo mínimo posible, desprestigiar a las empresas públicas, venderlas y privatizar», describió. En cuanto a las explicaciones del Gobierno, sostuvo que, «cuando algo no funciona, como en cualquier repartición del Estado, lo que hay que hacer es que funcione». Aclaró que las cooperativas no pueden comprobar los números difundidos por Sturzenegger y aportó un dato significativo sobre la gestión mileista: «No colocaron ningún fondo. Por tanto, lo que dice el Ejecutivo de que la cartera activa es menor a los sueldos que están pagando, es cierto, pero porque ellos no ejecutaron esos fondos».
Cerviño, quien incluso tiene críticas para la CONAMI –como tasas muy bajas que llevaban a la descapitalización– aclara que de ninguna forma eso justifica su liquidación. Definió como «explicaciones falaces» los argumentos del Gobierno, porque «se toman de algunos defectos de funcionamiento que no justifican la clausura de los servicios, pero lo utilizan como excusa y le transmiten a la sociedad que “están terminando con la corrupción”».
Para Varela, «va en línea con el paquete de medidas que se están tomando, que tienen que ver con el fortalecimiento del capital concentrado y no del trabajo ni de la producción, las economías regionales y la comercialización solidaria».
Por delante, el desafío es grande. «El sector tiene que seguir trabajando para fortalecerse. Si no es esta herramienta, serán otras», planteó Varela. Arpe señala que, redoblando esfuerzo, buscarán sostenerse: «Por lo pronto, junto a otras organizaciones con las que estamos en contacto, en el IMFC vamos a seguir otorgando créditos a una tasa menor y razonable».
Cerviño sabe que, «no existiendo fondos de la CONAMI, el sector queda por completo desguarnecido». De todos modos, no baja los brazos: «El movimiento cooperativo ha sido lo suficientemente vigoroso durante décadas como para pensar que puede autosostenerse, con todo el esfuerzo que eso implica. Como dice el dicho, “la unión hace a la fuerza”».
