Signado por grandes movilizaciones populares, el período entre las dictaduras de Lanusse y Videla estuvo marcado por numerosos avances para las cajas de crédito cooperativas.
27 de septiembre de 2017
La etapa final de la «Revolución Argentina», encabezada por Alejandro Agustín Lanusse (marzo de 1971 a mayo de 1973), se desarrolló como una retirada ordenada de los militares del gobierno. Sin abandonar la política represiva, comenzó un proceso de restablecimiento de la democracia a través de elecciones generales, para lo cual levantó la prohibición de la actividad de los partidos políticos. La primera intención fue condicionar ese proceso, convocando en julio de 1971 a un Gran Acuerdo Nacional (GAN) entre las principales fuerzas políticas a fin de «restablecer las reglas de juego democráticas». La Junta Militar acordó a mediados de 1972 convocar a elecciones para marzo del año siguiente, sin proscribir a ningún partido pero estableciendo algunos condicionamientos que, indirectamente, impedían que Juan Domingo Perón pudiera ser candidato a presidente.
Simultáneamente, se observaba que desde 1971 el proceso de liquidación de cajas de crédito cooperativas había decrecido y, por el contrario, comenzaban a surgir nuevas entidades operando con capital propio. La memoria del IMFC de ese año estimaba posible iniciar en 1972 una labor promocional en esa dirección. A eso se sumaba que algunas de las antiguas cajas de crédito tuvieron que pasar a operar como cooperativas de crédito bajo el régimen de «fondos propios», por imposición del BCRA. En ambos casos, la rigidez de las normas era eludida por la práctica y la creatividad de los cooperadores, a partir de una política sugerida por el Instituto Movilizador que promovía la creación de relaciones de solidaridad institucional.
En pleno proceso electoral, y como resultado de la lucha inclaudicable desarrollada por el movimiento cooperativo de crédito desde 1966, en setiembre de 1972 el presidente de facto expresó en un discurso que el funcionamiento del fondo de garantía de los depósitos, muy importante para la normalización definitiva de las cajas de crédito, se instrumentaría antes de fin de año. Finalmente, el gobierno nacional sancionó el 27 diciembre los decretos-ley 20.040 y 20.041 que marcaron el fin de un largo y penoso período de restricciones. La primera de las normas sancionaba la creación de un Fondo de Garantía de los Depósitos que abarcaría a todo el sistema financiero en igualdad de condiciones, incluyendo a las cajas. La segunda restituyó a las cajas de crédito el derecho a «abrir y mantener, como depositarias, cuentas a la vista que participen de la naturaleza de las cuentas corrientes bancarias y a atender con cargo a ellas, los documentos librados por los respectivos titulares, al portador o a la orden, transmisibles por vía de endoso» y que, como una consecuencia de tal autorización, podrían «asimismo emitir giros y efectuar transferencias de plaza a plaza».
El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones y el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), un acuerdo electoral organizado por el peronismo que llevaba como candidato a presidente a Héctor J. Cámpora, obtuvo el 49,5% de los votos. El 12 de abril –pocos días después de las elecciones nacionales que marcaron el cierre del proceso dictatorial– el BCRA dio a publicidad la reglamentación de las cuentas a la vista de las cooperativas de crédito por la que se daba a las letras de cambio cooperativas un tratamiento similar al de los cheques bancarios. Durante esos días, un afiche firmado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito anunciaba que «El 1º de julio empieza el cambio. Ud. podrá pagar y cobrar con letras de cambio de las Cooperativas de Crédito, con endoso y compensación. 432 Cooperativas de toda la República las recibirán. Hay una en su zona. Opere con ella, se beneficiará Ud. y el país». La organización y operatoria de la Cámara Compensadora de Buenos Aires le fue asignada –en la práctica–al IMFC, bajo la dirección del Banco Nación.
Tendencias contrapuestas
El gobierno elegido en marzo expresaba las diversas corrientes y tendencias del peronismo. Medidas como la liberación de los presos políticos de la dictadura en el contexto de grandes movilizaciones populares o la hegemonía de la izquierda peronista en la Universidad de Buenos Aires, se combinaban con otras como la designación al frente del Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, hasta ese momento secretario privado de Perón. La presencia en ese gobierno de corrientes tan contrapuestas supuso una coexistencia muy difícil y poco pacífica, como lo demostró el 20 de junio de 1973 la llamada «masacre de Ezeiza». En esa jornada, que pretendía celebrar el regreso definitivo de Perón al país, sectores ortodoxos vinculados con López Rega y a la dirigencia sindical acribillaron desde el palco oficial a grupos de izquierda del peronismo que se encontraba entre la multitud.
A partir de estos sucesos, la llamada ortodoxia empezó a desplazar de los diversos espacios estatales a la izquierda peronista. Cámpora renunció a 49 días de asumir, el 13 de julio de 1973 y fue reemplazado provisoriamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Una nueva convocatoria a elecciones presidenciales el 23 de setiembre del mismo año consagró a la fórmula Juan Perón-María Estela Martínez de Perón con el 62% de los votos.
Las intervenciones a las provincias, donde los sectores ligados a Montoneros tenían espacios institucionales, el desplazamiento del rector Rodolfo Puiggrós en la UBA, y la posterior creación de la Alianza Anticomunista Argentina (la triple A), una banda formada desde el Estado por López Rega con fuerzas parapoliciales y mercenarios que asesinaba a «sospechosos» de izquierdista dentro o fuera del peronismo, fueron las señales más claras del rumbo que tomarían los hechos en los años siguientes.
En agosto se sanciona la Ley 20.520, que establecía la centralización de los depósitos del sistema bancario en el Banco Central de la República Argentina. Se señalaba que esa disposición respondía a que el crédito no debía asignarse por mecanismos de mercado sino por las definiciones de la política económica. La reforma del sistema tenía similitudes con las aplicadas en 1946. En ese contexto favorable, los ocho bancos cooperativos existentes constituyeron en 1973 la Federación de Bancos Cooperativos de la República Argentina (FEBANCOP) como entidad de segunda grado.
El 1º de febrero de 1974 entró en vigor el nuevo régimen nacional de depósitos, que incluía –además de los bancos– a las cajas de crédito, compañías financieras y sociedades de crédito y consumo. El mismo contaba con el apoyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Simultáneamente, el IMFC persistía en su antiguo reclamo de que el BCRA levantara la prohibición de autorizar el funcionamiento de nuevas cajas de crédito cooperativas. Respondiendo a las demandas del movimiento, el representante del Banco Central aquilató la función social de las cajas de crédito y anunció la sanción de una norma levantando la prohibición. La medida anunciada se expresaba en la resolución Nº 794/75 del BCRA.
Sin embargo, todo el potencial que existía para las cajas de crédito se vio truncado por la crisis capitalista mundial y la brevedad del período constitucional que fue radicalmente alterado el 24 de marzo de 1976 por las Fuerzas Armadas.
