11 de julio de 2014
«Algunos sectores políticos y el discurso de la prensa dominante quieren hacernos creer que si endurecemos las penas, se resuelven los problemas de la inseguridad. Y la verdad es que esto no ha funcionado nunca, tal como sucedió a partir del recordado caso Blumberg, ya que la sanción de normas más punitivas no soluciona nada. Lo importante, entonces, es seguir discutiendo y consensuar un nuevo Código Penal que se fundamente en valores democráticos, que tenga en cuenta las causales del delito, que no sirva para estigmatizar a los pobres y que sea capaz de generar más derechos y garantías para las futuras generaciones», afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto en la charla debate brindada en el Centro Cultural de la Cooperación de Rosario sobre el anteproyecto de reforma, actualización e integración del Código Penal argentino. La actividad fue convocada por la Fundación Igualar y contó con la participación del abogado Fernando Rosúa, su presidente, e Iván Pérez, jefe de la Filial Litoral del IMFC, quien afirmó que «es un deber y una convicción del Instituto estimular el pensamiento crítico y aportar al intercambio de ideas en problemáticas que involucran al conjunto de la sociedad». El anteproyecto hoy se debate en universidades, foros e instituciones vinculadas con el derecho penal, con el fin de actualizar el Código vigente, sancionado en el año 1921 y que tuvo más de 900 modificaciones. «Otra cuestión importante es el contexto en que estamos dando esta discusión, ya que los grandes medios baten el tambor de la inseguridad y muchos políticos están solamente interesados en llevar agua para su molino, generando un clima de miedo que persigue instalar una sociedad punitiva», subrayó Llonto, quien representa a los organismos de derechos humanos en distintas causas penales vinculadas con los crímenes de la última dictadura cívico-militar. En tal sentido, el disertante remarcó que una de las virtudes del anteproyecto es la incorporación del delito de genocidio, contemplando cualquier tipo de persecución por razones políticas, religiosas, étnicas o de género. Por su parte, Rosúa enfatizó: «Las discusiones que se instalaron en torno de la reforma del Código Penal expresan diferentes modos de mirar el país: están los que defienden un orden individualista y punitivo, y estamos los que creemos que es necesario valorar lo que le sucede al otro, sin estigmatizar a nadie ni hacer que determinados sectores sociales sean objeto de control social». Finalmente, Llonto hizo hincapié en los cambios culturales y políticos necesarios para la reforma. «Hemos sido formados en la creencia de que el mayor peso punitivo soluciona los problemas del delito, así que la discusión de estos temas no es nada sencilla. Pero si queremos vivir en una sociedad donde no exista la pena a prisión perpetua o donde la reincidencia no sea un agravante para quienes ya hayan pagado su condena, debemos dar esta batalla y hacer que el nuevo Código Penal sea la mejor expresión de los principios democráticos que decimos defender». Moderó el debate Néstor San, también miembro de la Fundación Igualar.
San, Rosúa y Llonto: charla en la filial Litoral.
