13 de junio de 2024

Lucía Fernández Méndez

En el marco de la apertura del CONISOC, Juan Carlos Junio, presidente del IMFC, se refirió a los efectos de la concentración económica en la vida de los ciudadanos.

En las instalaciones del Estadio Único de La Plata se realizó el primer Coloquio Nacional Interdisciplinario sobre Consumidores y Sociedad de Consumo (CONISOC), un evento destinado a reunir a personas, entidades públicas y privadas, y a organizaciones de la sociedad civil. En el acto de apertura, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio, puso el foco en dos cuestiones: la importancia del rol del Estado para regular los efectos de los monopolios en la vida de los consumidores y la necesidad de la participación ciudadana para exigir el cumplimiento de sus derechos. «Todos sabemos que prácticamente todas las ramas de la actividad de nuestro país están controladas en un 70% a un 90% por cuatro o cinco corporaciones monopólicas, por lo tanto resulta imprescindible que el Estado actúe para controlar y regular el accionar de los monopolios, en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos, ya que está en el objeto social de esas empresas la potenciación de su tasa de ganancias, no el pueblo ni su bienestar, tampoco la solidaridad, ni ninguna de todas esas cosas que para nosotros son las principales y las sustanciales», afirmó Junio, frente a una nutrida audiencia. Respecto a la relevancia de la participación popular a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de consumidores, cooperativas, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, sindicatos), expresó que «es necesario un fuerte protagonismo y participación popular. Desde allí mejoraremos seguramente la democracia, el control sobre los temas de corrupción y la calidad de las representaciones. Quienes necesitan la democracia no son los poderes reales y las grandes corporaciones, porque ellos actúan de facto por su enorme poder económico, cultural y político. La democracia la necesitan las grandes mayorías, muy especialmente los sectores humildes, para que los representen y los defiendan, por lo tanto es imprescindible que las organizaciones como las nuestras crezcan y tengan un gran papel». Y concluyó: «No hay libertad si no hay igualdad social».

Del panel de apertura también participaron Horacio Bersten, fundador de la Unión de Usuarios y Consumidores; Carolina Yutrovic, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la HCDN; y Marina Mongiardino, secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata y presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata. Todas las intervenciones coincidieron en resaltar el gran perjuicio que el DNU 70/2023 produce en la vida de usuarios y consumidores, al desregular la totalidad de las áreas de la economía, incluidas algunas tan sensibles como la de alquileres, tarifas de servicios públicos y acceso a la salud, a la vez que hicieron hincapié en la urgencia de trazar estrategias colectivas eficaces para hacer frente a este contexto.

Voces diversas
El evento contó con la participación de especialistas y académicos de diversas disciplinas (Derecho, Economía, Sociología, Psicología, Filosofía, Medicina, Comunicación, Periodismo, Tecnología). Entre ellos, Dora Barrancos, Cynthia Ottaviano, Marisa Duarte y Alberto Muñoz, entre otros. Además, estuvieron presentes representantes de asociaciones de defensa del consumidor, emprendedores, influencers, divulgadores, artistas y expresiones culturales diversas.

En su intervención, Duarte, socióloga y presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y de la revista Realidad Económica, abordó el rol del Estado en la sociedad de consumo. En primer lugar, hizo un recorrido histórico retomando la época del fordismo, en el que se garantizaba «un cierto patrón de consumo asentado en el acceso a bienes por un lado por parte de los individuos y las familias en el consumo privado pero con un fuerte entramado en la provisión de bienes públicos». Los individuos y las familias tenían cubiertas, por arreglos institucionales, ya sean estatales o producto de la organización sindical, necesidades como obra social, acceso a la vivienda y acceso a la educación. 

«En la crisis del 70 se produce una reversión de este paradigma y se desmonta el Estado de bienestar, distribución del ingreso y hay golpes militares que influyen para que esto se dé. Se reprivatizan las áreas de consumo, se desregulan los mercados. Las personas quedan libradas a su suerte», afirmó la socióloga, advirtiendo que aquí comienza a haber una individualización del bienestar, patrones de consumo diferenciados, un modelo de heterogeneidad social y desigualdad en la distribución de los ingresos. También abordó el rol de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y al conocimiento, que, a la par de esta enorme desigualdad, generan una excesiva concentración y una brutal expulsión de consumidores. «Hay una ilusión de libertad por tener acceso a las redes y otras tecnologías, cuando cada vez se ingresa a restricciones más rígidas», afirmó. Por último, destacó la tradición de consumo colectivo, solidario, cooperativo y autogestivo que sostiene la reproducción social de una parte significativa de la sociedad. Y concluyó: «Es momento de aceptar que buena parte de la sociedad resuelve sus necesidades por fuera del mercado, es momento de valorar esas experiencias y hacerlas crecer». Ricardo Gil, presidente del IMFC Filial La Plata, presente en el evento al igual que otros integrantes de la entidad, destacó la convocatoria, a treinta años de la sanción de la Ley Nacional de Usuarios y Consumidores, y a veinte años de la normativa provincial. «Nos parece importante que la participación sea amplia, porque muchas veces estas cosas las dejamos en el ámbito del derecho y este es el ejercicio de un derecho de la ciudadanía», celebró.

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