27 de marzo de 2019
«El 24 de marzo de 1976 se puso en marcha un proceso sangriento, con el objetivo de instaurar en la República Argentina un modelo perverso para concentrar la riqueza, destruir gran parte del aparato productivo nacional, excluir a millones de compatriotas y provocar un gigantesco endeudamiento para subordinar la economía de nuestro país al capital financiero internacional. Así, el golpe cívico-militar, diseñado en el marco del Plan Cóndor, inició el período más trágico de nuestra historia, dejando un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos como consecuencia del terrorismo de Estado». De esta manera comienza la Declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, emitida, como cada año, para recordar un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar. «Había que impedir, por medio de la desaparición forzada y el crimen sistemático, la consolidación de modelos que garantizaran la distribución equitativa de la riqueza, la inclusión social plena y la integración soberana en la región y el mundo», subraya el documento.
Luego de la crisis económica y la guerra de Malvinas, finalmente se dio la transición democrática, con el triunfo del doctor Raúl Alfonsín, presidente de la nueva etapa constitucional comenzada en la Argentina en 1983. «El país reiniciaba, una vez más, la puesta en marcha de la Constitución y la vigencia de las leyes, aunque con las inevitables tensiones por la subsistencia de los factores de poder que habían provocado el golpe de Estado cívico-militar siete años antes», señala la Declaración.
En otro tramo, afirma que, si bien no volvió a haber asonadas golpistas, a partir de las elecciones generales de 2015, «por la voluntad popular, aunque con escaso margen», surge un Gobierno que «ha puesto en marcha un modelo que ha vuelto a generar un gigantesco endeudamiento externo, con la consecuente política de ajuste, el achicamiento sistemático del mercado interno, la pérdida de soberanía en las relaciones internacionales, la concentración de los medios de comunicación y una creciente subordinación de parte del Poder Judicial a la voluntad del gobierno de turno». Y señala que esta vez no fue necesario el desalojo de las autoridades elegidas por el voto popular, «sino la coalición entre el gran capital, los comunicadores afines y una parte clave de la justicia funcional al sector hegemónico que gobierna».
Asimismo, la Declaración advierte sobre la hostilidad del Gobierno actual hacia el sector de la economía social. «La política gubernamental ha demostrado en los últimos 3 años que no comulga con los valores y principios de la economía social y solidaria». Y pone como ejemplo el intento de eliminar la exención del pago del impuesto a las ganancias, para las cooperativas y mutuales de crédito, seguro y reaseguros y, más recientemente, el ataque dirigido contra las cooperativas de servicios públicos, a partir de las declaraciones presidenciales sobre la forma en que facturan sus prestaciones, «otro desconocimiento grave a la naturaleza asociativa y solidaria de dichas entidades, muchas de las cuales van camino a celebrar su primer siglo de existencia, construidas por la voluntad de los vecinos de cada comunidad ante la ausencia de las empresas lucrativas o la imposibilidad, cuando no el desinterés, de brindar tales servicios por parte del Estado».
El documento concluye diciendo que «es tiempo de repensar el modelo económico, político, social y cultural, para contribuir desde los más amplios sectores de la comunidad a construir una Argentina con verdadera democracia participativa, justicia social y soberanía plena. En esa tarea patriótica, el movimiento cooperativo tiene el compromiso y la responsabilidad de aportar su rica experiencia de realizaciones solidarias mediante la aplicación de una filosofía que concibe al ser humano como la medida de todas las cosas».
