11 de junio de 2025
Entre sus múltiples funciones, responden a emergencias alimentarias, brindan contención y enseñan oficios. Hoy están en riesgo por los recortes presupuestarios.
Puertas abiertas. Fundada en 2011, La Biblioteca Popular La Cárcova se destaca por su perfil comunitario.
Foto: Biblioteca La Cárcova
Cuando Mara Liz Martínez empezó a trabajar en un jardín maternal de Campo Verde, un asentamiento dentro del área urbana de San Salvador de Jujuy, le llamó la atención que los vecinos no tuvieran libros ni revistas. En vísperas de la crisis de 2001, lo primero fue organizar un merendero porque «la gente quería comer» y enseguida un espacio cultural. Así nació la Biblioteca Popular Campo Verde, y en su historia y en su presente se condensan la misión y las dificultades de las bibliotecas populares en la Argentina, que hoy enfrentan un nuevo embate del Gobierno nacional.
El decreto 345/2025 publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial degrada a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip) a una dirección nacional. El organismo creado en 1870 durante la presidencia de Sarmiento, un símbolo del acceso a la lectura y a la educación pública, pierde su carácter autónomo y federal para depender de la Secretaría de Cultura.
«Las bibliotecas populares son organizaciones sociales invisibles. Dependen de un ente autárquico, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), y cada una tiene una identidad propia. La nuestra es una biblioteca popular y social que responde a emergencias como la alimentaria», explica Martínez, presidenta de la Biblioteca Popular Campo Verde.
El ataque contra las bibliotecas populares se inscribe en la ofensiva del Gobierno de Javier Milei después de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comprende también a otros organismos, como el Instituto Nacional del Teatro, el Museo Nacional de Bellas Artes, el llamado Palacio Libertad y los institutos nacionales Belgraniano, Sanmartiniano y Juan Perón. «De Conabip solo queda el nombre», advirtió la Red Internacional de Bibliotecas Populares. «De esta política cultural virtuosa entre la sociedad civil y el Estado, orientada a la promoción del libro y la lectura, participan 2.000 bibliotecas ubicadas en 1.189 ciudades, pequeñas localidades y parajes rurales de toda la Argentina, con el trabajo voluntario de alrededor de 30.000 personas», afirmó la escritora Florencia Abbate en redes sociales.
El Estado ausente
«Involúcrense, sepan de nuestro trabajo», arengó Gisela Pérez a los diputados nacionales al intervenir durante la discusión de la ley Ómnibus en el Congreso. El llamado se renueva en la coyuntura, ante un decreto que implica «la destrucción de la Conabip» y el desmantelamiento de «una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática», señala la Red Internacional de Bibliotecas Populares.
«Hay ignorancia sobre nuestro trabajo», agrega la presidenta de la Biblioteca Popular La Cárcova, de José León Suárez, porque «hay pueblos, parajes, barrios, donde una biblioteca popular es el único acceso a la educación y a la cultura». También prejuicios: «Se piensa que una biblioteca es un espacio silencioso donde encontrás libros ordenados. Hay biblioteca que tienen ese perfil y brindan un servicio, y hay otras donde trabajamos para el desarrollo de la comunidad y donde también podés conseguir una merienda, acceder al wifi y a una formación de oficio, terminar la primaria y la secundaria, encontrar contención psicológica».
La Biblioteca Popular La Cárcova se fundó en 2011. «Es una biblioteca de base comunitaria, villera», destaca Pérez. «La construimos con desechos de basura, ya que tenemos a pocos metros uno de los complejos ambientales más grandes del Ceamse. Al principio nadie apostaba por nosotros, estábamos en una casilla de lona, con lo que recuperábamos de la basura. Montamos la biblioteca en un predio abandonado y con ella fuimos creciendo profesionalmente», completa.
La Biblioteca Popular Campo Verde surgió en un contexto donde el Estado nacional, el provincial y el municipal estaban y siguen ausentes, dice su presidenta. «Aquellos años en Jujuy fueron tremendos, había una cantidad muy alta de niños y niñas desnutridas, adultos sin ingresos, mujeres solas con muchos hijos. No había posibilidades de hacer trabajo cultural si los chicos y los adultos no comían. Armamos una merienda reforzada para toda la comunidad. Empezamos en la calle y estuvimos en distintos lugares hasta conseguir un espacio».
El barrio Campo Verde se formó a orillas del río Chijra hacia fines de los años 90, con migrantes que llegaban en busca de subsistencia. «Un sector logró lotearse –explica Mara Liz Martínez–. El resto tenemos servicios de agua y luz, pero las calles son de tierra y faltan cloacas. Cuando llueve no se puede salir, es lecho de río donde estamos. La zona es bien complicadita y la gente, muy humilde. Mis compañeras son bolivianas y argentinas que vienen del norte de Jujuy».
Gisela Pérez fue una de las impulsoras de Bibliotecas Populares en Lucha, una agrupación conformada durante la presidencia de Mauricio Macri ante el riesgo de un recorte presupuestario y para visibilizar la situación del sector. «Las bibliotecas populares son asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyos integrantes trabajan ad honorem con la convicción de que desarrollan un bien común. Hoy es difícil pagar los servicios y un alquiler, por lo que hay bibliotecas que están cerrando», cuenta.
Futuro incierto. La Biblioteca Popular Campo Verde le hace frente a la crisis social y la falta de recursos en Jujuy.
Foto: FB Biblioteca Campo Verde
La Biblioteca Campo Verde no tiene título de propiedad. «Pero el espacio es nuestro, lo construimos y estamos aquí desde hace veinte años. Contamos con talleres productivos, cocina, comedor y espacio para el cuidado de niñeces. Decimos que somos hijos e hijas de la crisis de 2001», explica Martínez.
Las características de una biblioteca popular se adaptan a su contexto social, un factor que también se reformula en la Argentina de Javier Milei. Las demandas de la comunidad jujeña apuntan a necesidades elementales: ropa, comida, útiles. «Es tan brutal lo que sucede que no sabemos qué posibilidades tenemos para el futuro. No sé cómo se sigue», confiesa Martínez.
«Nunca atravesamos una situación social y económica tan crítica –confirma Pérez–. Hay una gran dificultad para que nuestros jóvenes consigan su primer empleo, para que las familias puedan hacer dos comidas en el día y se ha desbordado el problema del consumo problemático. Nuestros jóvenes están en agenda solamente para meterlos presos. Desde la Biblioteca La Cárcova estamos haciendo todo lo posible para que nuestros pibes no vayan en cana y no se vuelquen al delito, a través de la cultura y de oficios que les puedan dar una herramienta económica».
La Red Internacional de Bibliotecas Populares convoca a firmar un documento en defensa de la Conabip: https://bit.ly/Redxbibliotecas
