27 de noviembre de 2014
Mientras el Gobierno de la Ciudad continúa con sus persecuciones y cierres, distintos sectores impulsan una ley que regule la actividad y proteja la supervivencia de los espacios artísticos.
En riesgo. Los responsables del Antro Mágico, ubicado sobre la Av. Nazca, hacen lo que está a su alcance para evitar la quiebra. (Kala Moreno Parra)
Un bar da clases de tango? Se lo clausura. ¿Dos músicos tocan la guitarrita en una casona decorada con guirnaldas? También se la clausura. ¿Un centro cultural intenta ser un centro cultural? Vuelve a pasar lo mismo. Estas situaciones pueden parecer ridículas, pero son moneda corriente en la Ciudad de Buenos Aires, donde los inspectores municipales cierran espacios culturales cada fin de semana. Algunos reabren, en cuanto consiguen el papel que justifica su existencia. Otros esperan meses por el sello de una oficina perpetuamente «sin sistema». La Policía Metropolitana, incluso, llegó a tapiar alguno de estos espacios. Los vecinos de la avenida Nazca al 1500 pueden apreciar la eficiencia de la guardia comunal en la fachada del Antro Mágico.
Matías Mozer, responsable del establecimiento, cuenta a Acción que la clausura seguramente los llevará a la quiebra. Es que los inspectores y la policía incautaron sus equipos de sonido y su computadora. Y, cuando el grupo de trabajadores (unos 20, entre talleristas, artistas y personal del lugar) quiso juntarse a debatir la situación, la entrada fue tapiada para impedir su ingreso. «Es imposible de solucionar en el corto plazo», lamenta Mozer. «Para cerrar el Antro Mágico argumentaron que en nuestro plan de evacuación faltaban los DNI de algunos de los responsables del operativo».
Desde luego, cualquier funcionario argumentará que es un caso puntual. Sin embargo, la repetición de situaciones similares es una constante. El movimiento MECA, que busca una ley que regule y proteja la actividad del sector, da cuenta constantemente de cierres forzados de lugares. A La Gran Jaime, en Palermo, por ejemplo, intentaron clausurarlo alegando «sospechas» de haber fraguado un certificado firmado y sellado por una supervisora de la Agencia Gubernamental de Control. De la persecución del Gobierno de la Ciudad no se salvan ni los lugares más conocidos, como el coqueto Café Vinilo. En el punto más álgido de sus operativos, los inspectores llegaron a bajar más de 30 persianas en una semana.
El legislador por Nuevo Encuentro Edgardo Form hace una lectura crítica de esta cacería. «El pretexto es la seguridad, pero de fondo hay una acción que tiene que ver con la ideología del Gobierno porteño», analiza. «Estos centros surgieron mayormente en 2001, como espacios de encuentro, reflexión, intercambio y alternativa. Y, para la filosofía del Gobierno de la Ciudad, esto hace ruido», subraya.
¿Cuál es la solución? Gestores culturales y legisladores de la oposición avanzan en un proyecto de Ley de Centros Culturales. Lo impulsa el movimiento MECA, que nuclea a los espacios artísticos. Form apunta a otorgarles a estos nodos culturales «previsibilidad y seguridad jurídica»: un escudo contra los abusos oficiales.
«Si bien el tema de las clausuras está empeorando, no es nuevo», advierte Claudio Goreman, una de las caras visibles de MECA. «La realidad es que no hay ninguna regulación para los centros culturales, y eso limita la cantidad y calidad de la programación. Y también nos deja en zona de riesgo, porque terminamos con habilitaciones que resultan siempre insuficientes y generan confusiones», amplía. Los problemas, explica, se multiplican en cuanto un espacio pretende dar un taller, incluir música o hasta clases de baile en sus actividades.
«Uno de los grandes desafíos que tenemos es que la ley que proponemos contemple los espacios culturales emergentes, los más pequeños», plantea Goreman. «Por eso incluimos en el proyecto el rubro Casa de Cultura, que unifica los centros barriales: está pensado para espacios de hasta 80 personas, en los que baste con un permiso de funcionamiento simple, una declaración jurada e inscripción en el Ministerio de Cultura». La lógica detrás de la propuesta es que los espacios nacientes rara vez cuentan con la estructura y los fondos necesarios para encarar una habilitación total y, en ocasiones, ni siquiera pueden proyectar muchas actividades. Algunos espacios solo abren el fin de semana, e incluso una vez al mes, o en horarios muy puntuales. «A veces es la casa de los mismos artistas, lo que queremos es que no haya una barrera infranqueable», dice Goreman.
El proyecto contempla distintas categorías según la cantidad de espectadores que puede contener el lugar. «Resguarda los espacios no comerciales o sin fines de lucro», apunta Goreman. Y agrega que la propuesta también propone establecer excepciones al código de edificación, con pequeñas cuestiones edilicias. «Entendemos que muchos centros culturales están ubicados en casas o espacios no convencionales, y muchas veces es costoso cambiar los sanitarios, tirar una pared o levantar techos. Por eso, si los espacios son preexistentes a la habilitación, no deberían cumplir esos requisitos», detalla. La ley también los eximiría de pagar el timbrado, la tasa necesaria para la habilitación.
«Otra pata importante es la descentralización de la cultura», explica Goreman. «Toma del código de planeamiento los rubros más favorables en su zonificación: las milongas y teatros pueden estar en zonas residenciales», agrega. La filosofía detrás de esta propuesta es que la cultura vuelva a los barrios porteños. «El proyecto contempla todos los aspectos, para que los centros culturales se registren en el marco de la ley y con plenos derechos», concluye Form.
—Andrés Valenzuela
