31 de mayo de 2021
En nuestro país, el agua no cotiza en bolsa, aunque no faltaron intentos de crear un mercado en sintonía con el que instauró la dictadura de Pinochet en Chile. A pesar de que hoy no haya, por lo menos de manera oficial, dueños de ríos en Argentina, sí existen barreras al acceso a lagos en distintas partes del territorio, una práctica que algunos autores mencionan como la «neoliberalización de la naturaleza». Tal vez el caso más conocido sea el que tiene como protagonista al inglés Joe Lewis, propietario de 11.000 hectáreas en Río Negro, entre El Bolsón y Bariloche. Lewis mantiene bloqueado un acceso al Lago Escondido, a pesar de un fallo de 2017 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que le ordena liberar el camino. Situaciones similares suceden en otras provincias, como Santa Cruz, Chubut y Neuquén, a pesar de que la ley 2.340 del Código Civil deja en claro que «los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general», como «lagos navegables y sus lechos» son bienes públicos.
La minería también es un foco de conflicto local. Proyectos como el de Agua Rica en Catamarca, a cargo de la firma canadiense Yamana Gold despiertan el rechazo de las poblaciones locales teniendo en cuenta un antecedente cercano: Veladero, de Barrick Gold, en San Juan, luego de que se corroborara el aumento de la contaminación por mercurio, manganeso y aluminio en el río La Palca y por los sucesivos derrames de cianuro sobre el río Potrerillos. Con este recuerdo latente, y luego de una masiva movilización, en Mendoza el Gobierno provincial debió dar marcha atrás en diciembre de 2019 a la modificación de la llamada «ley del agua» que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la minería.
El uso de glifosato en la agricultura también genera preocupación a nivel hídrico, luego de que la sustancia se encontrara en la cuenca del río Paraná. «En Argentina hay cuatro millones de personas que reciben en la red agua contaminada con arsénico, de modo que eso es un conflicto latente», agrega Antonio Brailovsky.
Más allá de las luchas por el agua, en la Argentina aún persisten desigualdades en su acceso. Según datos de 2015, en áreas urbanas el 87% tienen acceso a agua por red pública y el 58% a cloacas. En barrios populares, estos porcentajes caen a 11,6% y 2,5% respectivamente, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas.
