11 de mayo de 2022

Ana Di Pangracio es abogada ambientalista y directora adjunta de la Fundación de Recursos Naturales (FARN). En diálogo con Acción, dejó en claro por qué hay que defender los humedales, el rol que juegan los lobbistas de las megaindustrias extractivistas y cómo se puede llegar a la sanción de una ley.
–¿Por qué son importantes los humedales?
–Porque son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la tierra, esto incluye la vida humana. A nivel global albergan el 40% de la biodiversidad, también son grandes reservorios de agua dulce, en este escenario de cambio climático además amortiguan los impactos de las lluvias y hacen que se soporten mejor las épocas de sequía, pero además, almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema, incluso más que los bosques, pero no obstante los humedales desaparecen tres veces más rápido.
–¿Hay datos sobre la destrucción de estos ecosistemas?
–De acuerdo con datos de la Convención Ramsar de Humedales, de la cual Argentina es Estado parte, se estima que en los últimos 300 años desapareció el 87% de las superficie conocida de humedales a nivel global.
–¿Qué lectura hacen desde FARN sobre la imposibilidad de sancionar una ley de protección?
–El lobby extractivista de todas las actividades que están detrás de la destrucción de los humedales es muy poderoso, tiene mucha llegada a distintos representantes en nuestro Parlamento. Por otra parte, el desarrollo inmobiliario también ejerce su presión. A su vez, hay provincias que están en contra de la ley porque entienden que buena parte de su territorio está cubierto por humedales y ven a la norma como un obstáculo al desarrollo productivo. Luego, en términos generales, todavía falta conciencia entre quienes toman decisiones a nivel gubernamental de la importancia de sancionar leyes de protección de los ambientes naturales, falta voluntad política, aun existiendo apoyo de ciertos legisladores que siempre están presentando proyectos de ley.
–¿Es posible entonces una ley?
–Falta el acuerdo entre los diversos bloques para llegar a la votación. Si hubiera voluntad no haría falta que el proyecto avance lentamente comisión por comisión, sino que se podría hacer un plenario, porque el tema es conocido, se viene tratando hace diez años, así se le podría dar dictamen y que baje rápidamente al recinto. Lo bueno es que cada vez hay mayor presión social, creció mucho el apoyo territorial, de los movimientos sociales. Esperemos que los legisladores los escuchen antes que a los lobbys extractivistas, a los que solo les interesa su propio rédito económico.