22 de octubre de 2024

Inés Hayes

Docentes, no docentes y estudiantes inician una nueva etapa de movilización. Las falacias del presidente y la potencia de la lucha frente un proyecto político y social que apunta a destruir lo público.

«Desde la comunidad universitaria, seguimos movilizándonos en defensa de la universidad pública, como lo hemos hecho durante todo el año, especialmente en las masivas marchas del 23 abril y del 2 de octubre, que han contado con el apoyo de todo el pueblo argentino», se manifestaron en un comunicado conjunto el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Además, repudiaron las provocaciones y hechos de violencia que se han producido en algunas universidades y la «campaña de difamación, estigmatización y mentiras» dirigida contra la universidad pública, como intento por legitimar una política de ajuste que «pretende destruir un bien común que es fundamental para nuestra democracia». La Federación, que nuclea a todos los sindicatos docente de las tres centrales, CGT, CTA-A y CTA-T, anunció desde este martes 22 hasta el sábado 26 de octubre se desarrollará una semana de lucha en la que, junto con distintas acciones de visibilización y protesta, los sindicatos llevarán a cabo medidas de fuerza como clases públicas en Plaza de Mayo.

«Apoyamos las medidas de lucha que el movimiento estudiantil realiza actualmente en las 62 universidades públicas», dijeron, y agregaron que seguirán reclamando el presupuesto universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigiendo una partida presupuestaria de 2 billones de pesos para recomponer salarios docentes y no docentes en las paritarias. Desde esos sectores se informó, además, que se está construyendo un encuentro federal universitario. 

Verdadero o falso
Luego de la multitudinaria marcha de principios de octubre contra el apoyo en Diputados al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Milei intentó instalar versiones falsas sobre la cantidad y el origen de los estudiantes, el acceso a los fondos, las auditorías y los salarios docentes. «Es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal», afirmaron los rectores. El CIN elaboró un informe para brindar datos precisos a la población sobre los mitos y las falacias que forman parte de la campaña de desprestigio de la universidad pública, que llevan adelante distintos representantes del Gobierno nacional. «Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos», explica el CIN en la declaración y aseguran que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben «se actualiza según el último presupuesto consolidado».

La segunda mentira fue sobre el acceso de los sectores más vulnerables a la universidad: «Es falso que los pobres no estén en las universidades», ya que según el CIN, en la actualidad el 48,5% de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario «están por debajo de la línea de pobreza». Además, «casi siete de cada diez alumnos» provienen de familias que no fueron a la universidad.

La tercera aclaración apuntó a subrayar que «es falso que no se audite lo que las universidades gastan», ya que «todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto». Y explicaron, además, cómo es el sistema de control de gastos: «Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento». Es decir, de «servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento». De todos esos gastos se rinden cuentas, aseguraron. Las universidades «son las entidades del sector público más controladas y auditadas». El control es tal que «lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la jefatura de Gabinete de la Nación». Pero, además, dijeron, «tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)».

La cuarta mentira tiene que ver con los salarios: «Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general». Los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió. La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30%, explicaron desde el CIN, y agregaron que «los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza», mientras que el 60% de las y los no docentes atraviesa esa misma situación.

Por último, aseguraron que «es falso que La Ley de Financiamiento Universitario atente contra el equilibrio fiscal», afirmaron en torno a la quinta mentira. Y explicaron que la ley votada en el Congreso representa apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) y es «similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos».

Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, su vicedecano, Diego De Charras, agregó que «la toma de prácticamente 100 facultades de distintas universidades del país, con una lógica de no suspensión de actividades, está contando con un fuerte acompañamiento de toda la comunidad de docentes, no docentes y estudiantes, así como de la sociedad». El especialista en Derecho a la Información señaló que este conflicto comenzó con una amenaza del Gobierno de Milei de semiprivatización, cuando hablaba de vouchers y aportes voluntarios, y siguió con el cuestionamiento de los estudiantes extranjeros y la necesidad de establecer aranceles diferenciales, luego cuestionó las tasas de graduación o de ingreso y graduación, para pasar después al tema de auditorías. «Van ensayando distintas fórmulas de ataque a la universidad pública para ver si logran poner en cuestión a esa institucionalidad que es muy cara para la sociedad argentina en general y para los últimos 40 años de democracia en particular», dijo De Charras.

El plan del Gobierno, explicó el vicedecano, no es un plan que tenga que ver con las fallas del funcionamiento del sistema universitario, sino con un proyecto ideológico que busca destruir el Estado por dentro, como dijo el propio presidente: «Básicamente se trata de privatizar y mercantilizar todos aquellos aspectos de la vida social en los cuales todavía el mercado o la lógica del mercado no es la que impera y la universidad pública, la educación pública o la salud pública son espacios que en Argentina resistieron la privatización de las distintos momentos en el neoliberalismo menemista o macrista y que nuevamente sufren la arremetida de parte de un silogismo que tiene una premisa incomprobable que es que la universidad derrocha recursos y los malutiliza».

Un bien social
Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, señaló que «estamos ante un ataque del Gobierno nacional cuyo objetivo es debilitar, desfinanciar, desguazar las universidades nacionales, no se trata de venir un día y cerrarlas, sino que las va debilitando y esto implica un proyecto ideológico de ataque a lo público, precisamente a uno de los ámbitos públicos que mejor funciona y es más valorado por el conjunto de la sociedad, y también hay un proyecto económico, porque en el nivel superior de la educación hay un enorme mercado por conquistar si se debilita el sistema público universitario».

Y así como el Frente Sindical Universitario, el CIN y De Charras, Kejval adhiere a que «el conflicto tiene una enorme potencia política. Cerca del 70% de nuestra sociedad, según algunas encuestas, indican que la universidad es una institución muy valorada, que es un bien social que debe ser cuidado y, además, creo que es un conflicto que ha logrado ser transgeneracional, transclasista y articular diversas fuerzas políticas que confrontan en otros temas, pero que acuerdan en la defensa de la universidad pública».