6 de diciembre de 2023

Soledad Vallejos

Los cambios en la vida cotidiana y en los vínculos requirieron nuevas leyes sancionadas gracias a la movilización ciudadana. Desde el divorcio hasta la interrupción voluntaria del embarazo.

Las reglas de la vida en común no son las mismas que hace cuarenta años. Lo cotidiano, las trayectorias personales, las sensibilidades de juventudes que fueron relevándose una a otra en sus exigencias, las necesidades de quienes abrieron y mantuvieron caminos iniciados por otras y otros cambiaron tanto en cuatro décadas que, en varios sentidos, la sociedad argentina hoy es otra. La historia se puede pensar también a través de esas normas.
«Las leyes son necesarias, no son suficientes», dice la abogada Nelly Minyersky, la experta en Derecho de Familia cuyo nombre es clave en la militancia de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. Señala dos normas que abrieron una nueva etapa para las familias: la Ley de Patria Potestad Compartida (la 23.264, de 1985) y la Ley de Divorcio Vincular (la 23.515, de 1987). Pasar a un modelo de responsabilidad compartida sobre hijas e hijos cambió vidas, y tuvo «el efecto simbólico de ya no pensar la familia como una estructura de poder piramidal», señala la abogada. «Mi posición siempre fue defender la responsabilidad conjunta, y eso tenía dos opositores. Primero, la derecha, cuyos representantes banalizaban el tema y escribían artículos diciendo que todo se iba a llenar de pleitos por cosas en que padres y madres disentían, algo que nunca ocurrió. Y segundo, algunos grupos feministas que preconizaban la responsabilidad indistinta, que no me convence porque creo que el niño y su interés superior necesita consenso de sus padres. Fue clave Cecilia Grosman, una investigadora del Conicet que trabajó mucho en esto», recuerda Minyersky.
Las voluntades se ganaban con lobby estratégico. No en la calle, sino en, por caso, interesar en el tema a la entonces profesora de Derechos Reales –y más tarde jueza de la Corte Suprema– Elena Highton, quien escribió al respecto. «Se hacía eso: difusión académica o en la Asociación de Abogados», explica. Las sanciones fueron «un renacer»: «Teníamos el ejemplo de las Madres, de las Abuelas, y esto era un canto a la igualdad, a la libertad. Abrieron un camino que, desde el punto de vista legislativo, hasta hoy es espectacular».

Un piso para crecer
«A la historia hay que dejarla que sedimente» para valorarla, dice la exdiputada Marcela Durrieu, una de las artífice de la Ley de Cupo, medida pionera en la región y en el mundo a la hora de imponer el mecanismo de discriminación positiva para forzar la apertura de los espacios de decisión a las mujeres.

La Ley 24.012, sancionada en noviembre de 1991, estableció un piso mínimo del 30% de participación femenina en las listas de cargos electivos. El camino hasta ella fue una confabulación de mujeres de distintos bloques y generaciones. Las políticas que encontraban herramientas en los feminismos eran pocas, pero se reconocían entre ellas: María Teresa Merciadri de Morini (UCR, «una mina excepcional»), Norma Allegrone de Fonte (también de la UCR), Virginia Franganillo (PJ, que luego creó el Consejo Nacional de la Mujer), Liliana Gurdulich (PJ), Juliana Marino (PJ, años antes de ser diputada nacional), y pocos nombres más.
La estrategia tenía alma de picardía: las radicales fueron al Consejo Nacional del PJ, «pidieron hablar con una mujer de ahí y se encuentran con Juliana». Marino vio viable el proyecto de las radicales; las peronistas se sumaron. Entre todas evaluaron que convenía comenzar por el Senado y no erraron: «Se votó, pasó de largo». Entonces empezó la lucha fuerte con tácticas del débil. Las peronistas habían conseguido el aval del entonces presidente Carlos Menem, quien había prometido apoyo si ellas generaban ruido. Ellas llegaron al día del debate en Diputados con miles de mujeres afuera del Congreso («rodeado») y cientos en las bandejas. Los diputados se manifestaban en contra, sin importar de qué bloque provinieran. A la madrugada, las mujeres reclamaron que el presidente cumpliera su palabra, porque «más quilombo que esto no existe». Poco después, el ministro del Interior, José Luis Manzano, llegó a la Cámara y pidió la palabra. «Fue un discurso muy moderno, nunca supimos quién lo escribió. Nos bancó. Todos los que se habían manifestado en contra se dieron vuelta; en el radicalismo pasó lo mismo. Se votó casi por unanimidad», cierra Durrieu.
Esa ley «tenía fallas» pero fue fundamental: «Cambió el criterio de igualdad por la idea de igualdad. Y los cambios en la Constitución Nacional, como la incorporación de derechos humanos y de las mujeres, fueron producto del cupo».

Avance de la diversidad
La Ley 26.618, de Matrimonio Igualitario, «tuvo y tiene un efecto social mucho mayor que el concreto de los derechos que otorga», advierte Esteban Paulón, una de las cabezas del activismo detrás de esa sanción y flamante diputado nacional.
«Transformó profundamente a la sociedad argentina no solamente en términos de familia y matrimonio, sino porque sacó del closet masivamente al colectivo de la diversidad sexual, que se sintió legitimado, por primera vez parte plena de la democracia. Por eso, también, abrió otros debates», observa.

En 2020, con el aislamiento indicado por la irrupción de la pandemia, «nos generaba dudas avanzar con la discusión del proyecto» de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recuerda la diputada Mónica Macha. «Con las compañeras políticas y las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto –dice Macha– tomamos la decisión de avanzar». Lo que siguió es historia y derechos: la Ley 26.610 tuvo avales en todos los partidos, superó las votaciones en ambas Cámaras. Su recorrido aún es breve, pero su impacto es social y cultural: «Poder discutir cuáles son los proyectos de vida que tienen las mujeres y las disidencias. Poder plantearnos que un embarazo no implica una madre, que eso es una construcción, y que no se puede forzar la maternidad. Que no es un delito sino una decisión y que hay un Estado para acompañar y avalar la decisión de cada mujer y cada disidencia en nuestro territorio».
De la mano de esa ley, en los debates parlamentarios se filtró el reclamo sobre una norma de 2006, la de Educación Sexual Integral (ESI): sectores que se oponían a la IVE reclamaban más ESI. Se trabajaron en Comisión textos para modificarla y lograr, mediante su declaración como de Ley de orden público, que ninguna jurisdicción la obviara, y quitar la posibilidad de «objeción de conciencia» respecto de contenidos educativos, recuerda la exdiputada Brenda Austin. Se trataba «de demostrar las contradicciones del argumento más conservador» y «poner de relieve que la ESI es una herramienta clave para disminuir los embarazos en la adolescencia, pero también para identificar abusos intrafamiliares».
El trámite quedó inconcluso, en un clima de manifestaciones de sectores que reclamaban «Con mis hijos no te metas», pero no mentaban derechos de niños, niñas y adolescentes. Al dictamen firmado «no fue posible convertirlo en ley, pero logramos encarar el debate y mostrar las contradicciones que estábamos viendo», recuerda. Las leyes, subraya Austin, son producto de negociaciones políticas.
Eso también va cambiando con el andar de las democracias y las sociedades.