Informe especial | EDUCACIÓN

Lucha de clases

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Roxana Russo

Tras afirmar que no convocaría a paritarias, el oficialismo citó a los docentes. Paro nacional, movilizaciones y un Gobierno que pretende dejar el sistema educativo en manos del mercado.

Pruebas. Instrumentos como PISA no suponen una mejora de los aprendizajes.

Foto: Natalia Tealdi

El nuevo Gobierno prioriza la libertad de mercado, el desfinanciamiento y la eliminación de toda regulación estatal sobre el sistema educativo. Una de sus primeras medidas fue degradar el Ministerio de Educación a Secretaría, y es en este sentido que Myriam Feldfeber, profesora, investigadora en la Universidad de Buenos Aires, refiere: «Ahí subyace una concepción de la educación como un mero instrumento al servicio de la formación de capital humano a partir de las supuestas demandas o necesidades del mercado». En análoga sintonía, Gabriel Brener, especialista en educación y profesor universitario suma este concepto: «La primera y principal palabra es “mercado” en el marco de un proceso de demonización del Estado, que es el garante de los pibes dentro de la escuela. En esta perspectiva lo que va a existir sin duda es el desfinanciamiento de la educación pública, otro modo de privatización».

Fundaciones
En todo el mundo existen fundaciones y ONG que intervienen en la educación, específicamente en Argentina, y con mayor intensidad, desde la década del 90 y potenciadas durante el Gobierno de Mauricio Macri. Son financiadas por empresas privadas o pertenecen a ellas, como la Fundación Junior Achievement, Enseñá por Argentina o Fundación Siemens, entre muchas otras. Desarrollan actividades que primigeniamente son responsabilidad del Estado: formación de docentes y contenidos de plataformas digitales.
Para Brener, hoy, «además de generar condiciones propicias no solo para la privatización –que eran los temores en los 90–, buscan en estos tiempos importantes negociados con la educación, de carácter doméstico y a nivel trasnacional».
En este sentido, el colectivo Grupo Conversaciones Necesarias integrado por los educadores Roxana Perazza, Patricia Sadovsky y Sandra Carli, entre otros, asegura que con este Gobierno «se abre una nueva perspectiva de compra y venta de servicios y sobre todo, de productos educativos enlatados».
Coincide, y ejemplifica, el secretario de Educación de la Central de Trabajadores Argentinos (Ctera) Miguel Duhalde: «Este Gobierno le abre las puertas a las grandes corporaciones y pretende hacerlo con el portal Educ.ar, algo muy grave por todos los recursos que se fueron construyendo durante tantos años».
Educ.ar se creó en el año 2000, la Fundación Varsavsky intervino con una donación de dinero al Estado argentino. El portal fue relanzado tres años después durante la presidencia de Néstor Kirchner. Feldfeber concluye que Educ.ar «cumple un papel central en la producción de contenido gratuito para alumnos, docentes y familias, vinculado también con la inclusión digital, con el uso del software libre».

De la mano y casi como complemento de Educ.ar se creó Conectar Igualdad. Para el 30% de los estudiantes la PC que otorgaba el programa fue la primera computadora del hogar, cifra que asciende al 43% para el caso de contextos rurales y al 47% en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Hacia mediados de 2015 se habían entregado más de 5 millones de notebooks en más de 11.000 escuelas; pero a partir de 2018 se discontinuó Conectar Igualdad, fue reemplazado por Aprender Conectados que prometía mayores beneficios. Sin embargo, el ajuste no hizo más que provocar la desfinanciación.

Gremios. El Gobierno quiere limitar el derecho a la protesta de los trabajadores de la educación.

Foto: Télam


La Carpa Blanca
El Consejo Federal de Educación (que reúne a todos los ministros del país) expresó su preocupación a Carlos Torrendell, secretario de Educación, por la falta de transferencia de los fondos que la Nación debe girar a las provincias. El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado por ley y es una conquista lograda por la Carpa Blanca de los maestros. Lo reciben todas las provincias junto con el fondo compensador que establece el piso del salario mínimo de un maestro. Según un informe del economista Hernán Letcher, el FONID de enero fue devengado como gasto, pero Economía no concreta el pago. Representa en promedio, el 12% de los salarios docentes.
También, las universidades le reclaman a la Secretaría de Educación un 300% de aumento en el presupuesto porque están funcionando con el presupuesto de 2023, sin ninguna actualización a partir de la brutal inflación.

Otra de las tantas medidas del Gobierno libertario fue la suspensión de la obra pública que afecta directamente a la educación argentina. Las provincias destinan aproximadamente el 90% de su presupuesto educativo en salarios docentes, no les queda demasiado margen para invertir en otras necesidades. «Esto implica dejar de construir escuelas y eso atenta contra la posibilidad de crear vacantes, sobre todo en el nivel inicial, lo que resulta contradictorio con el objetivo que el Gobierno se propuso: trabajar sobre el tema de la alfabetización, que es un problema del sistema», puntualiza Feldbefer.
El Gobierno también pretende declarar la educación pública como servicio esencial. Duhalde asegura que la medida significará «dejar de considerar a la educación como un derecho porque al calificarla como un servicio esencial, se vulnera el derecho social a la huelga, pero también implica abrir las puertas para la privatización». Categóricamente, la especialista Feldfeber aporta un dato necesario: «La OIT ha definido cuáles son los servicios públicos esenciales y en qué casos la excepcionalidad puede establecerse por un período determinado. Queda claro que el Gobierno quiere limitar el derecho a la protesta de los trabajadores de la educación».

Mercado. Se busca un desfinanciamiento de la educación pública como otro modo de privatización.

Foto: Myriam Meloni/nueve13


Ranking de escuelas
En términos puramente pedagógicos este Gobierno propone una evaluación al final de la escuela secundaria, evaluaciones periódicas a los docentes, atadas a resultados y evaluaciones externas. «En Argentina existen evaluaciones estandarizadas, las hay a nivel nacional y provincial, hay un sistema de evaluación de la calidad que viene de la década del 90 –refiere Feldfeber–, Argentina también participa de las pruebas internacionales, como PISA, pero estos instrumentos por sí solos no devienen en una mejora de los aprendizajes, se necesitan políticas educativas que puedan garantizar estas mejoras», señala la investigadora.

Para Duhalde, «ranquear escuelas de acuerdo a los resultados para que los padres elijan la escuela para sus hijos significa una gran desigualdad que profundiza las ya existentes. Una evaluación permanente constituye un dispositivo de control para después ligar los resultados y el desempeño al salario docente».
En el marco de una conclusión posible acerca del rumbo de la educación libertaria Brener concluye: «Las propias democracias escandinavas se sostienen a partir de políticas de Estado estables y duraderas y además cotizan alto en PISA. Es interesante poder ver que, así como desentona Milei desde lo económico respecto de las derechas o las derechas ultramontanas que hay en el mundo, también en educación desentona. Desconocer las políticas de Estado en educación no forma parte de la agenda de países del capitalismo en distintas partes del globo».

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