6 de noviembre de 2025

Candelaria Schamun

Con más de 5 millones de personas que viven en asentamientos precarios, el ajuste profundiza la exclusión. Un retrato de la vida cotidiana en los márgenes y el rol de las organizaciones comunitarias.

En Argentina, más de 5 millones de personas viven en más de 6.000 barrios populares, lo que representa casi el 10% de la población nacional.

La motosierra de Javier Milei se siente en los recortes presupuestarios, la eliminación de políticas públicas y el retroceso del Estado que golpea con mayor fuerza a los hogares más pobres. A esto se le suman la falta de trabajo, la exclusión y el aumento del costo de vida. Ese combo da como resultado consecuencias traumáticas que enfrentan a diario cientos de miles de argentinos. En ese sentido, referentes barriales se topan con una realidad que los abruma. Una radiografía del deterioro social y el rol fundamental de las organizaciones territoriales que cumplen con un esfuerzo extraordinario la ausencia de las funciones del Estado.

Desempleo
A Lucía Pardo le dicen Luchy. Es trabajadora social y referente nacional del área de Infancias y Adolescencias en Hogar de Cristo, una organización católica creada por curas villeros, que agrupa centros barriales en todo el país. Además, coordina la Comunidad 3T (Tierra, Techo y Trabajo) de la localidad bonaerense de Marcos Paz.
«La retirada del Estado en los barrios populares se da en todos los niveles. Se nota con fuerza en salud, en educación, en el desmantelamiento de los centros descentralizados de Justicia y en el desfinanciamiento de programas destinados a las infancias. En los barrios crece el desempleo y, como consecuencia, desaparecen las changas. Los comedores están desbordados de familias enteras que van en busca de un plato de comida. El aumento del costo de vida golpea a los hogares más humildes: suben los alquileres, los servicios, los alimentos y familias que jamás estuvieron en la calle hoy se quedan sin techo», dice.

Lucía siente tristeza y una impotencia infinita cuando ve a niños en las esquinas, poniendo el cuerpo para trabajar como soldaditos del narco del barrio, o a familias enteras dedicadas al narcomenudeo para poder subsistir. Chicos muy pequeños, de 8 o 9 años, que se inician en el consumo de sustancias, y un crecimiento preocupante de los problemas de salud mental en niños y adolescentes.

«Ves la desesperación de las madres a las que se les cierran todas las puertas, y terminan en la calle con sus hijos. Las familias están totalmente lastimadas, rotas. Hoy es muy difícil encontrar una familia “armadita”: padre, madre, hijos, que vivan bajo el mismo techo, que los chicos vayan a la escuela y los padres al trabajo. Todos los lazos están rotos. Te encontrás con niños pequeños y preadolescentes muy solos, sin ningún vínculo de contención. Las casas de abrigo (centros transitorios para niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad de sus derechos) están colapsadas. Lo más preocupante es la profundización de los problemas de salud mental: el crecimiento de conductas suicidas, de personas que se quedaron sin nada», cuenta Lucía.

Desde hace seis años, Lucía coordina un barrio comunitario en Marcos Paz. Allí trabajan para reconstruir los lazos familiares a través de programas que acompañan y contienen a todo el grupo. «Tenemos ocho casas donde recibimos a familias o personas solas –a veces mujeres con hijos, otras sin ellos, o incluso varones solos–. Pactamos acuerdos básicos: no consumo, no violencia y no robo. Acompañamos el proceso de construcción de sus propias viviendas. Contamos con un sistema interno de microcréditos, sostenido con fondos provenientes de donaciones, y ofrecemos trabajo comunitario vinculado a la producción vegetal y animal. El primer objetivo es garantizar el autoconsumo, y lo que sobra se destina a la venta. Intentamos generar esperanza y mostrar lo luminoso del sistema comunitario», dice.

En 2024, el Observatorio Villero de La Poderosa, ACIJ y la Fundación Temas realizaron un relevamiento de condiciones habitacionales en nueve barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. La muestra alcanzó a 1.485 hogares, abarcando un total de 5.024 personas. Los resultados son alarmantes: el 90% de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental. En cuanto al acceso a los servicios públicos, la situación es crítica: el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, y un 11 % directamente no cuenta con ningún servicio. El 50% de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales y el 63% se conecta de manera precaria a la red eléctrica.

Esperanza
Al igual que Lucía, Cristian «Chapu» Gianera también forma parte de Hogar de Cristo, y es referente social en La Matanza. Todos los días, en los distintos comedores de esa zona dan 18.000 platos de comida: cada vez más personas almuerzan y cenan gracias a las organizaciones sociales. Además coordina la casa de abrigo Virgen de Itatí en el barrio de Villegas: allí dan cuidado a 24 adolescentes judicializados y en situaciones de extrema vulnerabilidad. «Las familias están rotas: padres sin trabajo, padres que terminan robando, consumiendo drogas; hijos que ven en sus casas a sus padres consumiendo, a sus madres salir de noche para trabajar. Nosotros en las casas de abrigo les damos el amor y el cuidado que les falta: les damos el desayuno, los llevamos a la escuela, hacemos los deberes con ellos, saben que alguien les va a preguntar cómo les fue. Nuestro trabajo es llegar antes de que empiecen a consumir. Bajo tres premisas: capilla, club, colegio. Y ganarle a las otras “tres C”: calle, cárcel, cementerio», dice.

Cristian siente la ausencia del Estado en las calles con barro, en la falta de trabajo, en los hospitales desfinanciados, en las personas con discapacidad sin atención, en el avance del narcotráfico. Dice: «Las familias de nuestros barrios están sobreviviendo y cuando eso sucede la gente zafa el día a día sin proyectos, sin sueños, sin ilusión. Nuestra función es devolverles a los más chiquitos los sueños y la esperanza de una vida mejor. Perseguimos un sueño: no más chicos descartables».

Brenda tiene 31 años y nació en la villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas. A los 15 comenzó a consumir paco. Hoy, madre de dos hijos, estudia Trabajo Social y dedica su vida a acompañar a otros. Como tantos referentes sociales, su día se reparte entre múltiples urgencias: ayudar a un vecino con los trámites del DNI, acompañar a una adolescente en el parto o conseguirle a una madre un lugar donde pueda bañar a sus hijos. Ahora es ella quien recorre las esquinas para intentar sacar a los chicos del consumo.

«Nacer en un barrio pobre te condiciona la vida. Nuestro trabajo es devolverles a los adolescentes la esperanza, decirles que pueden soñar con ir a la facultad o tener un trabajo digno; pero para eso hay que llegar antes, prevenir el consumo. Notamos un crecimiento del embarazo adolescente, madres muy jóvenes que hacen lo que pueden para subsistir», dice Brenda.

La crisis habitacional en los barrios populares es alarmante: alquilar una habitación de seis metros cuadrados en la 21-24 cuesta alrededor de 250.000 pesos, el baño es compartido con otras habitaciones y en ese espacio suelen vivir entre cinco y seis personas. Con el hacinamiento crece la violencia intrafamiliar, enfermedades y trastornos de salud mental.

«Si las organizaciones sociales no estuviéramos en el barrio, esto sería un desastre, una situación similar a la de 2001, cuando no podíamos salir ni a la calle por la violencia. Somos nosotros quienes ponemos paños fríos a esta olla a presión para que no explote», cuenta.

En los márgenes del sistema, los referentes barriales, los curas villeros y las organizaciones sociales son quienes sostienen las necesidades básicas y la vida cotidiana. Su trabajo diario es un dique de contención y demuestra que reconstruir los lazos comunitarios es urgente y posible. Un derecho humano básico: devolverles a las próximas generaciones la esperanza y la dignidad de un futuro que los incluya.