10 de diciembre de 2024

Daniel Víctor Sosa

La gestión libertaria aplica recortes de derechos y distribuye cargas en detrimento de las unidades económicas más débiles: las pymes y las familias. Beneficios a grandes empresas.

A partir de consignas respaldadas en el imaginado paraíso sin intervenciones estatales, en apenas doce meses el torbellino libertario dispuso un drástico giro en favor de grandes negocios, particularmente ligados con actividades primarias (agroganadería, gas y petróleo, minería) y a sus complejos asociados (exportadores, logísticos, comunicacionales, inmobiliarios, financieros). Las reglas de juego cambiaron también, desde fines de 2023, en beneficio de los actores más relevantes del comercio importador, incluidas las cadenas de hipermercados; de la provisión de servicios domiciliarios básicos; y de quienes se apropiarán pronto de algunas franjas, entre las más lucrativas, de sectores que el Estado venderá o dará en concesión a grupos locales y extranjeros. Es previsible que ese proceso se apoye en el regreso de capitales que antes se habían fugado del país para evitar el pago de tributos.

Las grandes inversiones, en tanto, gozan ahora de la rebaja de impuestos para asegurar rentabilidades de operadores particulares, mientras se postergan prestaciones como la oferta estatal de viviendas o la concreción de centenares de obras de infraestructura y se deterioran coberturas educativas y sanitarias.

Se prefigura un horizonte que desconoce además objetivos de desarrollo manufacturero y de aliento a la investigación científica y tecnológica, a contramano del rumbo emprendido por países emergentes y aún desarrollados, que encuentran sobrados motivos para sostener planes de re-industrialización y cuidar los emprendimientos fabriles en sus respectivos territorios.

El rumbo argentino reciente debe sumar los costos relacionados con el nuevo alineamiento externo, que dejó de lado la integración con los Brics para subordinarse a Estados Unidos y tomar distancia de China. Y la decisión de debilitar la alianza regional del Mercosur, por ejemplo, mediante la propuesta de incorporación de 50 nuevas excepciones al pago del arancel externo común.

La relativa estabilidad inflacionaria, bandera que se levanta para justificar los cambios, de ningún modo compensa a jubilados y trabajadores la fuerte pérdida de sus ingresos. Consecuencia de la macro devaluación de la moneda en los albores de la actual gestión, que dio pie a una inusitada remarcación de precios de productos y servicios privados (combustibles, alimentos, medicamentos, prepagas, escuelas), avivada luego con la quita de subsidios estatales en distintos rubros. Salarios y haberes previsionales fueron así podados aceleradamente, «motosierra» libertaria mediante, en procura del equilibrio fiscal y el aliento a la baja de costos laborales de las empresas.

Resultados
El grueso de la ciudadanía experimenta en carne propia los efectos de las políticas dispuestas por la Casa Rosada. Entre los casos más dañinos se cuenta el retaceo de refuerzos alimentarios a familias indigentes, la mengua en la entrega de remedios gratuitos y la baja de miles de planes sociales. No es de extrañar el consecuente aumento de la pobreza y de los casos extremos de pauperización, cuando a la pérdida de puestos laborales privados debido a la recesión y la parálisis de obras públicas, el esquema oficial le añadió el despido de más de 33.400 empleados de distintas áreas del Estado.

El derrumbe del consumo, inducido por el Gobierno, restó dinamismo al mercado interno, del que dependen más de 1,7 millones de microempresas, unas 49.000 compañías pequeñas y 9.550 medianas, según datos actuales.

Los medios afines al Gobierno nacional se entusiasman con la perspectiva de profundizar las reformas que bajen el «costo argentino», para ganar en competitividad y acceder a compradores de otras latitudes (exportar más). Se pretenden asimilar así las oportunidades de los emprendimientos más humildes con las de grupos oligopólicos de larga trayectoria y que corren con múltiples ventajas.

Por lo pronto, debido a la aguda caída de ventas internas, estimaciones privadas hablan de 16.500 pymes cerradas en lo que va de 2024, considerando únicamente el ramo industrial. También bajaron sus persianas unos 10.000 kioscos y almacenes.

El plan desregulador limita a la vez, o directamente elimina, el resguardo de usuarios y consumidores en nombre de la libertad de acción y el juego de los «mercados» El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, repite que «se busca reducir cargas administrativas y simplificar los requisitos para las empresas, a fin de promover la competencia, generar crecimiento y elevar la capacidad de empleo». La hipótesis se juzga válida para rubros tan disímiles como el sector turístico, la actividad aerocomercial, la producción vitivinícola, el transporte automotor de pasajeros, y otras áreas que, según la óptica libertaria, funcionan por debajo de sus posibilidades y brindan productos o prestaciones caros e ineficientes debido a las distorsiones provocadas por las regulaciones.

En esa creencia y para reducir el ámbito de actuación del Estado y liberar a la vez de cargas a la actividad privada (llevando el gasto público a un ideal de 25% del PIB) fueron eliminados diez fondos fiduciarios (entre ellos el de vivienda Procrear y el de becas estudiantiles Progresar), mientras se anticipó el pronto cierre de otros siete.

Sin grandes esfuerzos pueden recordarse medidas afines y argumentos reiterados durante la experiencia neoliberal de 1976-83, ampliada en 1989-2001 y retomada durante 2015-19. En cada caso, son también imposibles de olvidar sus efectos reales de postergación de demandas populares, concentración de la riqueza y desigualdad social, fuerte endeudamiento del Estado y enajenación de porciones del patrimonio estatal.

Todo ello, más la pérdida de capacidades de decisión autónomas (dada la creciente injerencia de organismos crediticios externos como el FMI y los bancos Mundial e Interamericano), sin que se pueda esperar que continúe la morigeración en la suba de precios, fenómeno que las pujas sectoriales hicieron retornar en renovados ciclos, según la experiencia de los últimos decenios.