10 de diciembre de 2024

Luciana Bertoia

La prédica de «memoria completa» fue el caballito de batalla del Gobierno para atacar la lucha por Verdad y Justicia. Desarticulación de políticas públicas y lazos libertarios con los genocidas.

El salón San Martín del edificio Libertador luce más resplandeciente que de costumbre. Militares con uniforme de gala empiezan a llegar a la cita. El ministro de Defensa, Luis Petri, está enfundado en un traje azul marino. A pocas cuadras, sobre la Plaza de Mayo, ya quedan pocas almas: se terminó minutos antes la Marcha de la Resistencia –esa actividad que las Madres y el resto de los organismos de derechos humanos llevan a cabo desde diciembre de 1981–. Petri toma el atril y habla. «Venimos en este acto a buscar saldar una deuda histórica especialmente para esos hombres y mujeres, que en forma silenciosa, pero en actos de arrojo y heroísmo, defendieron a la Patria –dice el ministro–. Por eso, desde el 10 de diciembre, el presidente de la Nación, Javier Milei, habla de que es necesario tener una memoria completa respecto de la historia de nuestro país y respecto de nuestras Fuerzas Armadas».

Petri le habla a María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola, muerto en un ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en diciembre de 1974. La ceremonia es una puesta en escena para mostrar que algo cambió en la Argentina en el último año.

Desde que llegaron al Gobierno Milei y Victoria Villarruel, se buscó alterar el prisma con el que la sociedad argentina mira lo sucedido en los años 70 y 80 –y sus consecuencias– . Más allá de sus diferencias y rivalidades en otros ámbitos, Milei y Villarruel son tributarios de la lógica de la «memoria completa», un concepto que nace desde las propias Fuerzas Armadas para contestar al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos.

Teatro de operaciones
La prédica de la «memoria completa» implica varias operaciones. Por un lado, presentar a los victimarios como víctimas –al decir del presidente «los de azul son los buenos»–. Por otro, que las víctimas estén ausentes, como sucedió con el video que la Casa Rosada distribuyó el 24 de marzo, al cumplirse 48 años del último golpe de Estado, en el que no se hablaba de los detenidos-desaparecidos. Y la última estrategia consiste en plantear que los actores que movilizaron el proceso para recordar y juzgar los crímenes están corrompidos, que buscan un interés espurio con sus denuncias.

Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) califican lo sucedido en el país como una «guerra» en la que se podrían haber cometido «excesos». No es un discurso novedoso: lo ensayó el propio Jorge Rafael Videla para contrarrestar las denuncias que se conocían en ámbitos internacionales durante la dictadura. Villarruel, que nunca llegó a sentarse en la mesa de decisiones del Gobierno, se dedicó durante el año a ensalzar la figura de su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, que se jactaba de haber luchado contra la «subversión» en ambientes rurales y urbanos. La vice anunció que buscaría volver a sentar en el banquillo a los militantes de los 70. Por ahora, no logró su cometido.

«Hay una reivindicación del genocidio de ayer para perpetuarlo en el hambre de hoy. No soy original al decir eso. Había una consigna de Madres en los 90 que problematizaba el segundo ciclo neoliberal», dice la abogada Guadalupe Godoy, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). «La reivindicación implica el desarme de las políticas públicas construidas, la deslegitimacion del movimiento popular que hizo posible el juzgamiento y la apuesta permanente a disputar el sentido que tan trabajosamente habíamos podido construir en torno a lo sucedido como genocidio», completa.

La batalla por el sentido tiene varios guerreros en el Gobierno. Además de Milei y Villarruel, están Petri y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostiene que, en realidad, se lleva adelante un proceso de venganza contra los perpetradores. Tiene a su alfil en la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto Baños –que con bajo perfil– fue poniendo en jaque distintas políticas a partir de los despidos de trabajadores. Se suma, además, la decisión de poner en venta distintos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y muerte.

La punta del iceberg
La pelea no es solo por el sentido: tiene acciones concretas destinadas a entorpecer, entre otras cosas, el juzgamiento de los responsables. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), más del 51% de los casos se están todavía investigando o están esperando que se sustancie un juicio. Obstaculizar el acceso, por ejemplo, a los archivos contribuye al ciclo de impunidad. 

En marzo, Petri desarmó los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA) que funcionaban en Defensa desde 2010. Acusó a sus integrantes de hacer «macartismo» contra los militares y de responder a los organismos de derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un funcionario de Petri los acusó de ser «vengadores».

Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Derogó, de esa forma, el decreto de Néstor Kirchner que le daba acceso a la Conadi a todos los archivos en poder del Ejecutivo. Tanto Defensa como Seguridad se esforzaron por mostrar que no iban a contribuir con investigaciones sobre los integrantes de sus fuerzas.

El gran interrogante siguen siendo los vasos comunicantes entre la familia militar que reclama impunidad y los actores clave del Gobierno. Desde enero, se registraron reclamos de familiares de los represores ante promesas incumplidas de campaña. Una de las voceras de esa desazón fue Cecilia Pando; otra, Lucrecia Astiz, la hermana del exmarino Alfredo Astiz. 

Un episodio mostró que esos lazos existen: la visita que hicieron seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. No contentos con visitarlos, también se fotografiaron sonrientes junto a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la dictadura. La foto fue solo la punta del iceberg de un movimiento más consolidado que busca, por un lado, que los represores que aún están presos salgan de las cárceles y, por otro, que se detengan las investigaciones en curso. En esa estrategia no hay solo legisladores de LLA sino fundamentalmente abogados que intervienen como defensores, curas como Javier Olivera Ravasi y hasta un excamarista federal, como Eduardo Riggi.

Pese al escándalo que significó la foto, el Congreso ni siquiera llamó la atención de sus integrantes que empatizan con los criminales de lesa humanidad. «Como señalamos desde el primer momento –y lamentablemente teníamos razón–, si el tema de la visita de los diputados a los genocidas salía de la discusión del recinto y pasaba a comisión, allí se iba a diluir. Y es lo que pasó. Es evidente que el tema de esta visita totalmente repudiable se entremezcló con otros temas que fueron haciendo que esto quedara en un plano muy secundario. Me parece que no nos tenemos que olvidar que fueron a visitar a los represores y seguimos exigiendo saber qué hablaron y qué prometieron», dice la exdiputada del FIT Myriam Bregman.

Hasta ahora, los perpetradores se sintieron reivindicados en varios de sus reclamos. Sigue incumplido lo más importante: recuperar la libertad. Hay una maniobra en marcha que entusiasma a más de uno: un hábeas corpus a favor de los detenidos mayores en las cárceles federales. La estrategia –impulsada por la familia militar que postula «memoria completa»– posiblemente termine obligando al Gobierno a sentar su posición. Prefieren hechos concretos y que se postergue por un rato la batalla cultural.