17 de noviembre de 2023

Martín Becerra

Las últimas cuatro décadas atestiguan enormes cambios en las comunicaciones y la sanción de leyes que reemplazaron normas dictatoriales. La era de las plataformas digitales.

La Argentina recuperó el sistema constitucional de Gobierno en 1983 con dos normas sobre medios de comunicación y telecomunicaciones concebidas por sendas dictaduras. Mientras el ecosistema de comunicaciones protagonizaría una revolución inédita en las cuatro décadas posteriores, la política argentina iba a demorar el debate y la sanción de leyes acordes con reglas de juego democráticas. Una vez que lo logró, al poco tiempo y por decreto fueron derogadas parcialmente sus disposiciones centrales, sin que se adecuara la regulación del sector a la actual etapa de plataformización digital de producción y circulación social de flujos de informaciones, opiniones, conversaciones y entretenimientos.
Raúl Alfonsín asumió la presidencia con la herencia de decretos militares en comunicación: el de Radiodifusión N°22.285 de 1980, del régimen encabezado por Jorge Videla, y el de Telecomunicaciones N°19.798 de 1972, del gobierno de facto de Alejandro Lanusse. Aunque ambas normas fueron modificadas en algunos de sus artículos –y en más de un caso empeoradas– por las presidencias que sucedieron a Alfonsín desde 1989, recién fueron reemplazadas de modo integral durante los gobiernos de Cristina Fernández mediante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522, sancionada por el Congreso en 2009, y la Ley de Telecomunicaciones y TIC «Argentina Digital» N°27.078, aprobada en 2014.
Entre la primavera democrática de los 80 y el presente, el ecosistema de comunicaciones cambió, lo que se verifica en metamorfosis de su propia identidad alterada por nuevos contornos tecnológicos, sus contenidos, su estructura de propiedad, sus procesos de trabajo, su acceso por parte de personas y organizaciones, y sus hábitos de uso.
Desde la perspectiva regulatoria, las cuatro décadas de convivencia democrática fueron y son una auténtica travesía. No solo por la revolución tecnológica, sociocultural y económica que catapultó a las comunicaciones a un lugar estratégico de la estructuración social, tanto que la biblioteca rebosa de nociones como «sociedades de la información», «sociedades-red» o «la era de las comunicaciones», sino también por el cruce de intereses económicos y políticos puestos en juego por la mutación social y comunicacional a niveles locales, nacionales, regionales y globales.

Regulación autoritaria
El decreto ley de radiodifusión de Videla proscribía el acceso a licencias de radio y TV para organizaciones no lucrativas, imponía al sector la Doctrina de la Seguridad Nacional que justificaba el terrorismo de Estado, prohibía el cruce de propiedad entre medios gráficos y audiovisuales y establecía un órgano de regulación –el COMFER– integrado por las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los empresarios privados.
Aquella norma fue modificada parcialmente durante las presidencias de Carlos Menem, quien condujo políticas que estimularon la concentración multimedios, la extranjerización de medios y productoras, la modernización productiva de redacciones y estudios de medios, la tercerización de los contenidos y la paulatina segmentación de audiencias a través de la masificación de la TV paga. En paralelo, Menem también alteró disposiciones de la ley de telecomunicaciones para privatizar la empresa estatal ENTEL.
En el post 2001, los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner dispusieron una batería de generosos socorros estatales para las empresas del sector: la Ley de Bienes Culturales (2003), la extensión de las licencias de Telefé y El Trece (2004), el DNU 527/2005 que suspendió el cómputo de licencias audiovisuales y la bendición gubernamental a la fusión entre Multicanal y Cablevisión (Grupo Clarín y David Martínez) fueron algunos de los hitos de ese lapso, regado con una publicidad oficial que, en aquellos tiempos, recibían casi todos. En este período las ayudas estatales salvaron a los empresarios de medios del quebranto y los ayudaron directa e indirectamente a recomponer sus beneficios.

Esas políticas fueron desbaratadas por Cristina Fernández, quien desde su primera presidencia alentó la discusión pública sobre la propiedad de los grupos periodísticos y sus intereses editoriales, cuya manifestación regulatoria fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Inscripta en un paradigma de respeto a los derechos humanos, la ley audiovisual reservó un 33% de las licencias para las organizaciones sin fines de lucro, estableció límites moderados a la concentración de la propiedad, fijó porcentajes de producción de contenidos propios y creó una autoridad de aplicación –la AFSCA– con representación del Congreso, de las provincias, de las universidades y de los trabajadores.

Frankenstein
Cristina Fernández también impulsó la construcción de fibra óptica troncal de internet con la estatal ArSat, que desarrolló un ambicioso plan satelital; entregó notebooks a través de Conectar Igualdad; lanzó señales públicas como Paka Paka y DeporTV; creó la TV digital abierta (TDA) al mismo tiempo que, también, aumentó la discrecionalidad de la publicidad oficial y el uso partidista de Canal 7.
La masificación de las redes sociodigitales a partir de 2010 aceleró la migración de audiencias hacia las plataformas. La licitación de espectro en 2014, contemporánea a la sanción de la Ley de Telecomunicaciones y TIC, permitió la evolución de las comunicaciones móviles 4G. La correlativa expansión de servicios de streaming de audio y video fue potenciada por su consumo multipantalla, sobre todo en dispositivos móviles.
Luego, Mauricio Macri restauró por decreto el escenario favorable a la concentración: desguazó aspectos clave de las leyes previas e incentivó la fusión Telecom-Cablevisión protagonizada por los accionistas de Clarín. Su Gobierno fue, en cambio, indolente ante el cierre de numerosas empresas de medios, tanto grandes (como la Agencia DyN), como pequeñas, cuyo saldo crítico no distingue líneas editoriales.
El efecto de mayor precarización laboral golpea al periodismo e impacta en la calidad de los contenidos informativos, con su secuela de profusión de piezas de clickbait, radicalización y difusión de discursos de odio, desinformación y noticias falsas.
Hoy el resultado de marchas y contramarchas es un Frankenstein normativo. Los decretos de Macri quitaron el corazón a las leyes aprobadas antes por el Congreso, pero los objetivos de esas normas siguen nominalmente vigentes. A la vez, la evolución digital de las comunicaciones demanda una actualización de reglas, como bien ilustra la experiencia europea que ha avanzado con leyes sobre los servicios de plataformas y redes basadas en la extracción de datos personales. Los próximos años desafían a la democracia argentina para afrontar con vitalidad este capítulo hoy vacante.