23 de julio de 2025

Manuel Alfieri

La ofensiva antiinmigratoria del republicano generó masivas protestas en Los Ángeles. La respuesta de Hollywood y de la política. Qué hay detrás de una cruzada que combina racismo y xenofobia.

La mañana del 6 de junio, el centro de Los Ángeles amaneció en silencio. Negocios con persianas bajas, paradas de colectivo vacías y supermercados abiertos, pero sin clientes. No era feriado ni había alerta climática: era miedo. Unos días antes, el Gobierno de Donald Trump había lanzado una serie de redadas migratorias masivas, con foco en barrios de trabajadores y zonas comerciales de mayoría latina.

En pocas horas, decenas de personas fueron arrestadas –en muchos casos, sin orden judicial– bajo la nueva meta impuesta por el jefe de la Casa Blanca: ni más ni menos que 3.000 deportaciones al día. Lo que siguió fue una respuesta popular tan inesperada como masiva: grandes protestas callejeras, denuncias judiciales, figuras de Hollywood alzando la voz y un país reviviendo su grieta más profunda.

La dura política migratoria de Trump no es nueva, pero adquirió en este segundo mandato una radicalización sin precedentes. Con el consejo del asesor Stephen Miller, un conocido activista de la ultraderecha, el presidente intensificó la persecución a inmigrantes indocumentados a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora, directamente en sus lugares de trabajo: restaurantes, hoteles, obras en construcción y comercios de lo más diversos rubros. La working class (la clase trabajadora) «sin papeles» se convirtió en el nuevo blanco del magnate republicano para cumplir con aquel eslogan electoral de la «mayor deportación de la historia». El problema es que, durante la campaña que lo depositó nuevamente en la Casa Blanca, Trump había dicho que la persecución se enfocaría exclusivamente en los inmigrantes indocumentados que hubieran cometido algún delito, no contra cualquier trabajador de nacionalidad extranjera.

El presidente ostenta una mirada peyorativa sobre el inmigrante incluso desde antes de ocupar el Salón Oval por primera vez. Ya en 2015 había dicho, por ejemplo, que México enviaba a EE.UU. «personas con muchos problemas, que traen drogas, que traen crimen, que son violadores». Ese mismo año también aseguró que, de llegar a la presidencia, llevaría adelante un «cierre total del ingreso de musulmanes» al país. Y efectivamente, una vez que arribó a la Casa Blanca, sus palabras se convirtieron en hechos concretos: la construcción del muro en la frontera con México, la prohibición de entrada a personas de países donde el Islam es mayoritario y la política de «tolerancia cero», que implicó la detención y separación de miles de familias migrantes.

Cuestión de Derechos
En su cóctel ideológico de racismo y xenofobia, Trump asocia la inmigración a la inseguridad, el narcotráfico y la pérdida de la «cultura», los «valores» y la «identidad» nacional. Toda una serie de ideas que suele darle rédito político, ya que nutre su discurso y moviliza a una parte del electorado.

Los operativos de las últimas semanas están directamente ligados a esa visión. Trump lo dejó en claro a poco de asumir en enero de este año: «Estados Unidos –dijo– no es un campo de refugiados (…) Es nuestro hogar, no el de ellos». Otra de las características del 47º presidente: la permanente creación de un enemigo interno, alguien a quien responsabilizar de todos los males de la Nación. Una constante en el discurso del populismo de ultraderecha a uno y otro lado del Atlántico. En el caso de Trump, la mira está puesta más que nada en la comunidad latina y en aquellos que llegan de países árabes.

Esta cruzada llevó a que hace unas semanas el presidente decidiera militarizar Los Ángeles. Primero con 2000 efectivos de la Guardia Nacional y, unos días después, con 700 marines de la base de Camp Pendleton. Trump justificó la medida argumentando que las «ciudades santuario» –donde la colaboración con las autoridades nacionales para la deportación de inmigrantes está muy limitada–«protegen a criminales ilegales». El gobernador demócrata de California, Gavin Newson, salió en defensa de los ciudadanos de su territorio y denunció que las redradas violaban la soberanía estatal, en una muestra más del autoritarismo del magnate.

Como suele suceder, la tensión política se trasladó a las calles. Inicialmente de Los Ángeles, donde hubo multitudinarias marchas contra Trump. El movimiento luego se expandió a otros estados como Nuevo México (muchas banderas mexicanas se vieron en las movilizaciones) y ciudades, como Nueva York, Chicago y Dallas. La respuesta del Gobierno fue la esperada: gases lacrimógenos, balas de goma y más de mil detenidos en todo el país. Muchos de ellos fueron a parar a la cárcel migratoria de Adelanto, famosa por los maltratos contra sus reclusos. «Hay inmigrantes, incluso con ingreso legal, que están detenidos en condiciones inhumanas», denunció la demócrata Linda Sánchez, representante californiana.

Sin embargo, las balas de goma y las detenciones no lograron frenar el movimiento solidario. Organizaciones comunitarias reactivaron los talleres Know Your Rights (Conocé tus derechos) para informar a los inmigrantes sobre cómo reaccionar ante eventuales redadas. Incluso muchas estrellas de Hollywood acompañaron la lucha contra la ofensiva trumpista. Kim Kardashian, por ejemplo, dijo que las redadas eran «inhumanas». Mark Ruffalo aseguró que quienes «hacen que nuestras vidas sean inaguantables (…) no son los inmigrantes, sino los multimillonarios», en clara alusión a Trump y su círculo rojo de poderosos empresarios. También, el 14 de junio hubo una gran movilización nacional bajo el lema No Kings Day (Día sin reyes).

En el campo político, los demócratas presentaron un bloque unificado contra la política del Gobierno. Las filas republicanas, en cambio, evidenciaron una grieta entre los fervientes defensores del presidente y aquellos que mostraron una moderada oposición, motivada no tanto por cuestiones ideológicas sino más bien económicas. Una política migratoria tan dura podría ocasionar la pérdida de trabajadores esenciales que, por lo general, cobran sueldos bajos.

De todos modos, el apoyo que Trump más necesitaba en su cruzada llegó a tiempo: el de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que autorizó la deportación de inmigrantes a lugares que no necesariamente sean su país de origen. Por ejemplo, que un haitiano pueda ser trasladado a Sudán del Sur. 

Para Sonia Sotomayor, jueza del máximo tribunal que votó contra esa medida, se trata de una «conducta ilegal» que «expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte». Desde la vereda de enfrente, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, festejó con un mensaje que podría haber sido escrito por el propio Trump: «¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!».