Informe especial | RESISTENCIAS

Prácticas cuestionadas

Aunque los salares de noroeste son los más codiciados, algunas mineras ya pusieron la mira en áreas de Córdoba y San Luis para la extracción de litio en forma de pegmatita o roca, con prácticas a cielo abierto como las aplicadas con el oro y otros metales, y prohibidas en esos distritos.
Las compañías australianas Latin Resources y Dark Horse Resource, entre otras, expresaron sus intenciones en ese sentido. De allí que en ambas provincias haya crecido la organización comunal en asambleas socioambientales, para resistir proyectos que implicarían serios riesgos para el medioambiente.
Melisa Argento, integrante del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre Problemática Energética (GECIPE) recuerda que «el Gobierno de Mauricio Macri se orientó a homogeneizar en todo el territorio nacional la legislación que regula la actividad minera a fin de desarrollar proyectos en aquellas provincias donde la legislación prohíbe la actividad o algún aspecto de esta considerando sus impactos socioambientales». El impulso a la actividad llevó, en el caso del litio, hasta comienzos de 2020, al desembarco en los salares de empresas canadienses, australianas y nacionales (como Pluspetrol), para explorar nuevos territorios y formas de explotación. «La preocupación ligada a las políticas extractivistas del litio surgen porque se busca avanzar sobre espacios habitados por comunidades indígenas y campesinas desde tiempos ancestrales, que son sus legítimos dueños. Son pobladores que viven de las distintas formas de producción vinculadas a la tierra, y en los casos de Salta y Jujuy, la minería rivaliza con los bienes comunes», define Argento.
En escenarios difusos, advierte la experta, «se avasallan derechos territoriales al no realizarse consultas previas, libres e informadas. Y hay zonas grises en materia de pasivos ambientales, mientras se utilizan enormes cantidades de agua, un recurso escaso por las bajas precipitaciones y necesario para la ganadería y las pasturas».
Fornillo, al igual que Martina Gamba (del CETMIC, Centro de Tecnología de recursos Minerales y Cerámica), alertan sobre el impacto del método evaporítico de producción: «No hay estudios de cuenca ni un conocimiento hidrogeológico acabado». El sobreconsumo de agua puede así configurar «zonas de sacrificio, que con el paso del tiempo sean inhabitables».
De hecho, ONG locales y globales, entre ellas Amnistía Internacional (AI), documentan desde hace tiempo violaciones de los derechos humanos de los pueblos que viven cerca de minas de litio en la Argentina. «Las comunidades indígenas –advirtió AI– no están siendo consultadas adecuadamente sobre los proyectos mineros en sus tierras y se les da información insuficiente sobre los impactos potenciales de la minería en sus fuentes de agua».