11 de marzo de 2024

Cristian Carrillo

El Gobierno avanza en la desregulación de las prepagas y cambios que derivarán en el desfinanciamiento de las obras sociales. El subsistema público, ausente de la agenda.

El paquete de reformas que lanzó el Gobierno de Javier Milei, primero a través de un decreto de necesidad y urgencia y luego –aunque no fuera aprobado– mediante un proyecto de ley ómnibus, avanza en la desregulación de casi todos los mercados y actividades económicas. Sin embargo, uno de los más importantes por su impacto social es el relacionado a la salud. Con una óptica sesgada de pensarlo como negocio, el Gobierno avanzó en la desregulación de las prepagas, la eliminación de controles de precios de todos los bienes –incluyendo los medicamentos– y cambios que derivarán en el desfinanciamiento de las obras sociales. En simultáneo, eliminó programas de atención gratuita para enfermos terminales sin recursos para continuar con sus tratamientos. El resultado fue una duplicación del precio de los medicamentos y una importante baja en la cantidad de afiliados en las prepagas, que apenas salió el DNU anunciaron tres aumentos (del 30% promedio) solo para la primera parte del año. En farmacias faltan medicamentos mientras que los usuarios, si los consiguen, deben pagar el precio pleno y luego rogar para que la obra social les reconozca el descuento. De acuerdo con un informe privado, la venta de remedios se contrajo un 45% en los últimos dos meses. Por su parte, 7 de cada 10 afiliados a prepagas solicitó la baja o cambiarse a un plan más económico. A esto se suma el desfinanciamiento de hospitales públicos y programas de salud. Incluso, la Superintendencia de Servicios de Salud dejará de ser intermediaria entre los casi 1.100 hospitales públicos en todo el país y las obras sociales para el cobro de prestaciones a afiliados. De acuerdo con los datos abiertos del Presupuesto, existe un gasto presupuestado para la salud (prorrogado del año anterior), de 56,8 billones (millones de millones) de pesos, de los cuales solo se ejecutó en enero el 0,4% (2.754 millones).
En paralelo a la eliminación de los controles de precios, se desreguló la actividad de las prepagas, que duplicaron –aunque se mantenga judicialmente el tema– la cuota a los asociados, mientras reducen prestaciones. Ruben Sajem, titular del centro de profesionales farmacéuticos argentinos, anticipa que «las prepagas quizás van a ganar lo mismo con menos afiliados». «Los laboratorios medicinales van a ganar lo mismo vendiendo menos medicamentos, pero la que se va a perjudicar es la gente que no va a poder acceder a los medicamentos ni a una prepaga», agregó. El directivo sostuvo además que los laboratorios aumentaron entre noviembre y enero entre un 120% y un 130% y los precios de los medicamentos y las prepagas trasladan ese costo en términos relativos en la misma magnitud.

La parte del león
La desregulación del Gobierno de Milei conllevó aumentos exorbitantes y ganancias récords para las empresas. La transferencia de recursos se efectiviza a partir de que, mientras la inflación en los últimos dos meses fue de 41,6%, los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos en promedio se incrementaron un 77,2%. Los aumentos más importantes son incluso de aquellos de venta masiva, por caso, Derrumal (antiartrósico) aumentó 83%; Daflon (para tratamientos de venas de mayores), 45%; Ibupirac (analgésico), 25%; Atenolol (para la presión), 20% y la aspirina, también 20% entre diciembre y enero, revela un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que releva los precios de la canasta de medicamentos y la facturación de las empresas.
La cadena de valor en el mercado de los medicamentos se estructura en torno a la figura de los laboratorios, quienes resultan determinantes en la definición de precios, los márgenes de comercialización, los mecanismos de financiamiento y las retribuciones a droguerías y farmacias. En particular, los laboratorios son los principales responsables de la formación del precio de los medicamentos, los cuales se dan a conocer a través del manual farmacéutico (Kairos). La desregulación de Milei alcanza a toda la cadena.

La producción en laboratorios de principios activos y medicamentos está integrada por 354 laboratorios y 229 plantas industriales instaladas en el país, de las cuales 181 son empresas de capitales nacionales. Se trata de un sector estratégico, ya que la industria farmacéutica y farmoquímica argentina representa aproximadamente un 5% de valor agregado industrial del país. La comercialización minorista, en cambio, se encuentra atomizada, existen cerca de 13.000 farmacias en todo el país, a excepción de las cadenas que surgieron a partir de la década del 90 e implantaron un modelo de negocios diferente al de las farmacias tradicionales.
En medio de esta escalada, se desfinancia a las obras sociales de forma tal que las empresas de medicina prepaga puedan elegir a quiénes van a aceptar como afiliados. Así, la gente de menos recursos y más necesidad de atención quedará en el ámbito de las obras sociales. En este contexto, las prepagas funcionan como empresas de asistencia de salud para clientes que abonan cuotas personales proporcionales al volumen de servicios que reciben, a diferencia de las obras sociales, que tienen por ley una constitución solidaria y una equidad en la distribución de las prestaciones. De esta forma, la obra social «tendrá menos recursos y podrá brindar menos cobertura», y «atenderá preferentemente a quienes puedan pagar», lo cual «rompe el sistema solidario», afirmó Sajem.
Entre las empresas que anunciaron incrementos en marzo se encuentran Galeno, que aumentará un 22,9%; Medifé (23%); Medicus (21,85%); y Osde (28%). Estas subas son solo algunas de las muchas que enfrentan los afiliados durante este año que en apenas un trimestre duplicaron el valor de las cuotas. Ante esta situación, un informe de la consultora D’Alessio Irol revela que el 70% de los afiliados evalúa la posibilidad de cambiar su cobertura de salud, mientras que el 18% piensa en abandonarla por completo. Además, el 26% contempla cambiar de servicio y un 10% considera trasladarse al sistema de salud pública.