29 de febrero de 2024
Una campaña política atravesada por una propuesta que indicaba bajar el rango del Ministerio de Educación de la Nación a Secretaría, para colocarlo bajo un nuevo Ministerio de Capital Humano, y por la iniciativa de los llamados «vouchers educativos», en una ensalada de conceptos como competencia, libre elección, demanda y familias. A estas dos les sumaba un conjunto de frases que giraban en torno a cortar con el «adoctrinamiento» y promover la «libertad de contenidos», para sustentar una propuesta de reforma curricular y la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI). Sí, hablo de la propuesta educativa de Javier Milei.
Desde el 10 de diciembre asistimos a una política que pasamos de calificar de temeraria a descabellada, de a ratos la pensamos como desquiciada y a veces podemos ubicar todos estos adjetivos, que pueden dar la imagen solo de desorden y decisiones tomadas «a los tumbos», en una idea más peligrosa (creo, por lo poderosa) que es asumir que todo lo que estamos viviendo es producto de un diseño estratégico y con objetivos de distinto plazo. No hay solo improvisación sobre ciertos temas, aunque veamos cambios de argumentos en la conducción política. No hay solo falta de experiencia para la gestión pública, sino que también hay voluntad de llevar algunas acciones de unas maneras determinadas. Incluso, podríamos preguntarnos si esta orquesta con mezcla de manotazos sueltos, dardos directos, gestualidades caricaturescas y algunas cabezas con sobrada tradición de derecha está pensada por el conductor visible o si hay otras fuerzas (y no precisamente del cielo, sino bien bien materiales) que la están conduciendo tras bambalinas.
Esas iniciativas educativas vertidas en la plataforma de La Libertad Avanza y en los shows televisivos de LN+, con un vergonzante papel por parte de algunas personas autoproclamadas periodistas, se aplicaron parcialmente. Ya tenemos una Secretaría de Educación, todavía seguimos teniendo la Ley de Educación Sexual Integral y la idea de los vouchers no apareció más. Sin embargo, en este tiempo aparecieron otras acciones, ya no hechas como comentadores de la tele, sino como jefe de Estado y responsables políticos. Hablamos de, por ejemplo, la decisión de suspender las transferencias de recursos a las provincias para el pago del FONID, lo que implica un posible recorte en el salario de las y los docentes, salvo que las provincias puedan costearlo; la asfixia brutal que está realizando a las universidades con la prórroga del mismo presupuesto del 2023 para el año en curso y con una propuesta de actualización del 16% sobre los sueldos de enero de docentes y no docentes. Algunas universidades incluso, como la UNGS, denuncian el congelamiento de la transferencia de recursos a valores de enero del 2023, fondos que sirven para el otorgamiento de becas, insumos diversos, proyectos de investigación, mantenimiento, etcétera. También, de la idea, pasible de concretarse mediante decreto, de convertir en esencial el trabajo docente, en una medida que no es más que una demostración de confrontación con los sindicatos, con toda la carga punitiva que conlleva y sin modificar en nada lo sustantivo que hay que revisar. Y acá se podría sumar la fracasada ley ómnibus que incluía un capítulo con modificaciones diversas a la Ley de Educación Nacional, a la de cooperadoras, de financiamiento educativo y superior, y el actual DNU 70 con la reforma laboral, que incluye al colectivo docente, aunque dicha sección se encuentre frenada por la Justicia. A estas acciones cabe agregar todo el discurso estatal que se dice anti Estado y se sienta en el sillón de Rivadavia, que afirma que el Congreso es un nido de ratas, que les dice a los gobernadores que no usen los recursos en festivales culturales y les paguen a los docentes si son tan importantes y que llama al gremio a discutir sobre el salario en la misma semana que empiezan las clases, un dia después de que la central principal de docentes covocara a un paro nacional para reclamar también por otros asuntos.
Lo que empezó siendo una ensalada de palabras va tomando forma. ¿Sorprende? No, porque ya sabemos los trazos gruesos de la política que venía. Sin embargo, sí nos impacta por momentos la brutalidad de las medidas, el desparpajo del speech del vocero presidencial, la liviandad con la que el secretario de Educación defendió los cambios propuestos por la ley ómnibus (además de sus referencias racistas sobre los «indios») y el menosprecio que manifiesta todo el Gobierno a lo que finalmente termina siendo el objeto de todo este plan de ataque: la inmensa mayoría de la población, que paga los platos de la infinitamente pequeña porción de privilegiados. ¿Qué es este Gobierno?, me pregunto en esta columna. Porque aunque sepamos de dónde vienen y podamos caracterizar las orientaciones de las acciones que ya se desarrollaron, subsiste esta pregunta tan desesperada como aparentemente simple, que se interroga por los límites a los que pueden llegar y por los efectos de sus acciones, es decir, por la sociedad que quedará cuando sean, ojalá, parte del pasado.