Informe especial | María Florencia Rodríguez*

Respaldo constitucional

–¿Cuáles son los problemas que hoy enfrenta la vivienda en nuestro país?
–Por un lado, el déficit cuantitativo, que tiene que ver con la cantidad de viviendas que se necesitan para poder proveer a familias sin techo, pero sobre todo un problema cualitativo: la imposibilidad de acceso a la tierra. La toma de Guernica fue el hecho que tuvo más repercusión mediática pero la toma y ocupación de predios es permanente. Se habla mucho de la informalidad e irregularidad con una mirada que siempre pondera la propiedad privada, pero así como el artículo 17 de nuestra Constitución plantea el derecho a la propiedad privada, también el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, expresado en el artículo 14 bis, y reconocido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y diversos tratados internacionales. El problema es que existe una esencialización de la propiedad, que no toma en cuenta que esa propiedad tiene lugar en el marco de determinadas relaciones de poder.
–Se suele mencionar la falta de regulación como uno de los principales problemas. Pero, ¿qué pasa cuando se cuenta con herramientas que no se aplican?
–Guernica justamente marca un contrapunto: la ocupación se lleva adelante en predios pendientes para procesos de reurbanización y construcción de barrios privados. En la provincia de Buenos Aires tenemos 1.000 countries, es decir tierra que queda en manos de sectores muy reducidos. La Ley de Acceso al Hábitat es muy progresista, porque se sostiene en la producción social del suelo y la captación de plusvalía. Pero me parece que es importante ir por más.
–¿Cómo?
–Si uno observa, el 50% de los countries no está regularizado. Avanzan las obras sin tener el plan urbano o informe ambiental porque, ¿cuál es la lógica de estos inversores? Primero, se consolidan y una vez que ya está construido el barrio, negocian con el municipio bajo un sistema de excepción las normativas de aquello que ya está construido. Eso es lo que hay que revisar.
–¿Y qué otras políticas públicas deberían adoptarse para desandar el problema?
–Creo que hay que rediscutir el rol judicial. Las tomas siempre se terminan pensando desde una clave más penalista, que involucra políticas de represión. Sin embargo, Naciones Unidas plantea que no puede haber un desalojo sin una relocalización previa. Por otro lado, creo que hay que pensar la intervención del Estado desde una mirada mucho más amplia, no tenemos que quedarnos con la mirada verticalista de un Estado bajando fondos, sino que son necesarias políticas que articulen. Es decir, está bien que haya inversión como puede ser el PROCREAR, que permite también dinamizar el empleo, pero eso solo no alcanza. Hay que darle lugar a la autogestión. También se trata de pensar el derecho a la belleza. ¿Por qué siempre se piensa en vivienda social como una construcción deficitaria en lugares marginales de la ciudad? Hay además un fenómeno de crecimiento de inquilinos informales, con una precarización mucho más grande, sobre lo cual debemos estar atentos.

*Doctora en Ciencias Sociales. Coordinadora
del Área de Estudios Urbanos del Instituto
de Investigaciones Gino Germani e investigadora adjunta del CONICET.