27 de noviembre de 2023

Washington Uranga

Entre la complicidad de parte de la cúpula con la dictadura y el compromiso social de algunos obispos y los curas en opción por los pobres. La irrupción del papa Francisco.

Analizar la actuación de la Iglesia Católica en los 40 años de democracia requiere algunas consideraciones previas para contextualizar y precisar lo que se afirme.
En primer lugar para señalar que, por lo menos en el lenguaje común, cuando se hace referencia a «la Iglesia Católica» se está aludiendo de manera restrictiva a los obispos –en algún caso también a los sacerdotes– dejando por fuera a la masa de la feligresía que se reconoce católica y que, pese a su disminución, sigue siendo parte significativa de la población del país. Un análisis que solo repare en la actuación del episcopado llevaría a desconocer lo que podría denominarse el «catolicismo popular» que atraviesa la base social y tiene incidencia en la vida política.
Se suma a lo anterior que la relación iglesia-democracia no puede ser leída sin atender a la huella que dejó en la historia reciente la comprobada complicidad de la jerarquía católica con la dictadura cívico-militar. Como prueba de ello basta revisar lo publicado por la propia Conferencia Episcopal en La verdad los hará libres (Editorial Planeta, 2023), libro que recoge documentos eclesiásticos oficiales que ponen en evidencia la relación entre la cúpula del catolicismo y el poder militar de entonces.
Sin atender y ponderar estas dos consideraciones y sus consecuencias es imposible comprender lo que sigue. Y ello demanda una lectura simultánea y paralela que permita discernir entre las posiciones y la actuación de la jerarquía eclesiástica, por una parte, y lo que se puede nombrar como catolicismo popular, por otro.
Como también quedó documentado en La verdad los hará libres, obispos como Adolfo Tortolo (1911-1986), presidente del episcopado entre 1970 y 1976, y Raúl Primatesta (1919-2006), que presidió la Conferencia Episcopal en cuatro períodos (1976-1979-1982 y 1985-1988-1991), no solo fueron aliados de la dictadura sino que se encargaron –con la participación de otros miembros de la jerarquía– de darle sustento teórico y teológico al accionar represivo y contrario a los derechos humanos.
Ya en democracia, Primatesta se negó a avanzar en las investigaciones sobre el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli (1976), hoy reconocido como mártir de la Iglesia por el papa Francisco. Tampoco quiso recibir a las Madres de Plaza de Mayo a pesar de que le solicitaron audiencia en numerosas ocasiones.

Jerarquía y Gobierno en democracia
Por otra parte, poco se recuerda de la militancia en defensa de los derechos humanos de los obispos Jaime de Nevares (1915-1995), Jorge Novak (1928-2001) y Esteban Hesayne (1922-2019). «Hubo 24 sacerdotes asesinados, más de una docena de religiosas, dos obispos y cientos y cientos de católicos. Fue un catolicismo que tenía víctimas y victimarios», sintetiza Fortunato Mallimaci, doctor en sociología de la religión y uno de los principales estudiosos de la relación entre Iglesia y sociedad.

En 1981, poco antes de la guerra por Malvinas, pero en momentos en que ya se hacía evidente la profundidad de la crisis del régimen dictatorial, la jerarquía dio a luz un documento titulado «Iglesia y comunidad nacional» con el que intentó ponerse de cara a la democracia e impulsar su restablecimiento. Allí se explicitaron criterios, parámetros y se trazaron lineamientos que, a juicio de los obispos, deberían conducir a la recuperación democrática. Si bien se mencionó la preocupación por «los desaparecidos», el texto se hizo eco de la teoría de «los dos demonios».
Ya en democracia y tras el triunfo presidencial de Raúl Alfonsín, hubo una relación fluida entre el Gobierno y la jerarquía católica y para ello fue sustancial el papel del vocero presidencial José Ignacio López, reconocido militante católico y hombre cercano a quien en ese momento era también una pieza clave en el elenco episcopal: el obispo Justo Laguna (1929-2011). No obstante, el juicio a las Juntas Militares develó también la complicidad de miembros de la jerarquía católica y de capellanes militares con la dictadura.
En el nuevo contexto institucional la jerarquía de la Iglesia Católica se siguió considerando a sí misma como parte del poder, aun cuando en los documentos y declaraciones públicas se afirmara la «autonomía» respecto del Estado y del poder político.
Durante los dos períodos presidenciales de Carlos Menem (1989-1999) fue evidente el respaldo que el mandatario peronista recibió del sector más conservador del episcopado católico integrado por los obispos Antonio Quarracino, Desiderio Collino, Ítalo Distéfano, Raúl Primatesta y Antonio Plaza, grupo que entonces controlaba la Conferencia Episcopal. A cambio, estos obispos recibieron fuertes contribuciones del Estado bajo la forma de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que el Poder Ejecutivo distribuía a su discreción como forma de fortalecer lazos con los aliados, llámese dirigentes políticos, autoridades provinciales y, en este caso, miembros de la jerarquía católica.

2001: Néstor y Cristina
Para quienes vivieron los finales días de diciembre de 2001 las imágenes se amontonan seguramente de manera desordenada: manifestaciones, acciones callejeras, saqueos, cacerolazos, represión y muerte. Siguió la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia y los acontecimientos políticos que culminaron con la asunción de Eduardo Duhalde en medio de la crisis social y política y del reclamo callejero de «que se vayan todos». Allí la jerarquía católica volvió a ocupar el centro de la escena a través de la llamada «Mesa del diálogo argentino», jugando un papel estratégico para garantizar la estabilidad del sistema en crisis.

Un informe técnico de la Secretaría del Diálogo Argentino consignaba entonces que «la Iglesia se ofreció como ámbito espiritual animador del ejercicio para rehacer los vínculos sociales de los argentinos». Representantes de todos los sectores políticos, de las iglesias, los sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil se reunieron el 19 de diciembre de aquel año bajo la coordinación del embajador Carmelo Angulo, representante residente de Naciones Unidas, y del obispo presidente de Cáritas, Jorge Casaretto. Además de los acuerdos políticos que apuntaron a sostener la institucionalidad democrática uno de los resultados fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar que, años más tarde, daría pie a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Durante la presidencia de Néstor Kirchner la tensión política entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica se hizo patente a partir de reclamos públicos y mensajes reservados que se cruzaron el primer mandatario y el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Kirchner se molestaba cada vez que el arzobispo porteño utilizaba el púlpito de la Catedral para hacer observaciones a la gestión de Gobierno. El presidente quería además modificar el acuerdo que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en particular en lo referido al obispado castrense y a los capellanes militares. Bergoglio no aceptó siquiera conversar sobre el particular.
Durante el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2011) el estado de cosas se mantuvo en los mismos términos, pero todo cambió cuando, en 2013, Jorge Bergoglio resultó electo papa. En parte porque para el Gobierno argentino el papa también argentino se convirtió en una referencia ineludible, pero también porque Bergoglio transformado en Francisco comenzó a desplegar un mensaje y una proyección política mundial que resultó ideológicamente afín al kirchnerismo gobernante. Seguramente por los mismos motivos la relación entre Mauricio Macri y el papa fue siempre distante en todos los sentidos.
Fue Bergoglio, desde Roma y ya en su condición de papa, quien modificó la fisonomía de la jerarquía católica a través de la designación en puestos clave de nuevos obispos alineados con su planteo de reformas, la constante prédica en favor de los pobres y de los movimientos sociales y de una Iglesia en alianza con ellos. Hoy la afiliación democrática de la mayoría del episcopado no está de ninguna manera en duda.