23 de septiembre de 2022
Desde 2013 varios proyectos de la ley para la protección de los humedales –como las islas que están sufriendo incendios pertenecientes a Entre Ríos, frente a las costas de Rosario– fueron pasando por el Congreso, propuestos por diferentes partidos políticos. Sin embargo, nunca fueron tratados perdiendo estado parlamentario, una y otra vez. Sectores ambientalistas exigen al oficialismo una actitud más comprometida con el tema y responsabilizan a la presión del lobby empresarial contra esta norma que, se estima podría traer algún tipo de solución a estas problemáticas. Sobre el tema, Federovisky evalúa que, si bien la ley no daría una solución inmediata, «sí va a dar una respuesta institucional adicional a algo que no tiene una fuerte presencia en la legislación» y agregó que dicha ley puede aportar «lógicas en la intervención de las provincias» en el tema.
Sobre su no aprobación y las acusaciones de falta de compromiso del Ejecutivo Nacional, las desestimó asegurando que «el Gobierno está muy involucrado con la cuestión ambiental», pero sí admitió como un posible factor, la presión de poderes económicos: «Claramente es una ley que a priori da la sensación de afectar determinados intereses. Todas las cuestiones ambientales siempre que pretenden avanzar en resolver distorsiones ambientales tan lesivas para el ambiente y la sociedad, implican tocar intereses. Probablemente se toquen porque hace años que viven haciendo lo que quieren solo pensando en su beneficio personal y económico. Supongo que buena parte de esa realidad es la que explica las dificultades para haber tenido hasta el momento una ley de humedales. Y supongo que muchos intereses van a seguir operando para intentarnos convencer sobre que lo único que importa es que haya más producción a como dé lugar, sin considerar ninguna protección al ambiente o a las personas».
