30 de diciembre de 2024
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno, en una muestra más de su ánimo negacionista, envió al Senado un pedido formal de ascenso de militares que estaban frenados por ser parientes de represores involucrados en crímenes de lesa humanidad. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, informó ámbito.com.
En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Defensa, Nilda Garré, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango mediante la Resolución 1581, bajo el argumento de que todos ellos “tenían algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En la Armada, los alcanzados por la medida fueron los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.
En tanto, en el Ejército, los que habían quedado en esa situación eran los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro, detalló infobae.
La nota con el pedido de ascenso fue enviada el 23 de diciembre de este año, en donde se detalló “solicitarle el Acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina”.
De aprobarse la solicitud, los retenidos serán promovidos con carácter retroactivo al “reunir”, según Milei, “las condiciones exigidas por la ley”, detalló Página12.
