23 de abril de 2024

El Gobierno anunció que detendrá el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, con el fin de realizar una auditoría y detectar «casos con irregularidades». La medida fue anunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien definió la situación de la reparación como un «festival de pagos» y denunció que «no podrían haber ocurrido sin una ayuda política». La decisión de auditar «todos los pedidos» tiene lugar a partir del fallo dictado en la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional informó el Ejecutivo.