12 de julio de 2024
El Gobierno tuvo que explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el accionar de las fuerzas federales el 12 de junio pasado, cuando se detuvieron de manera arbitraria a 33 personas frente al Congreso, donde había protestas contra la ley Bases y el paquete fiscal. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y el responsable del Área de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, afirmaron ante la entidad que depende de la OEA (Organización de Estados Americanos) que el protocolo antipiquetes busca evitar supuestos actos de «desestabilización o sedición» y afirmaron que el derecho a la protesta y de la libertad de expresión están garantizados en el país. De todos modos, fueron criticados en la misma audiencia por representantes de organizaciones sociales y hasta por el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab. Casi en paralelo a la audiencia virtual de la CIDH se supo que fueron liberadas dos de las personas detenidas en aquella represión, David Sica y Cristian Valiente. Hoy, al cumplirse exactamente un mes, habrá una manifestación en la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Roberto de la Cruz Gómez y Daniela Calarco Arredondo, que aún permanecen en el penal de Ezeiza.
