14 de julio de 2022

A casi una semana de los allanamientos generalizados contra organizaciones populares en Jujuy, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos inició una nueva visita a la provincia que gobierna Gerardo Morales, donde se propone continuar con el relevamiento y la denuncia de violaciones a los derechos humanos. En el corto plazo, busca evitar las posibles detenciones de los militantes que el aparato judicial subordinado al caudillo radical parece haberse fijado como nuevo blanco. Seis días después de los 16 allanamientos simultáneos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, los allanados fueron notificados de que debían presentarse junto con peritos informáticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestró la policía provincial. Pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigación previa, no están imputados por ningún delito. Sin embargo, las acusaciones incluyen delitos no excarcelables, como extorsión y asociación ilícita.