26 de febrero de 2024

El Gobierno determinó hoy, por decreto, acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio, sancionado en 2014, que atribuye la misión de investigar a los fiscales y reduce el rol de los jueces a controlar las garantías en la tramitación de la causa. El decreto quita a una Comisión Bicameral, creada para la implementación del nuevo código, la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema, que hoy se aplica en solo algunas provincias. Esa facultad pasó ahora, por el DNU, a manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. «El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de Justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la Justicia federal», celebró la cartera de Justicia a través de un comunicado.