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Defensoría de niños califica de “inconstitucional” decreto de Jaldo

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La Defensoría de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, publicó un comunicado donde insta al gobierno provincial a derogar el decreto 1290/1 que ordena a la policía a detener a niñas, niños y adolescentes que estén involucrados en hechos de violencia en la vía pública y ponerlos a disposición del poder judicial, por considerarlo inconstitucional y anticonvencional.
Luego de los hechos de violencia protagonizados por estudiantes en la vía pública el Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, avanzó por decreto sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. De este modo, en establecimientos educativos de la provincia se llevaron adelante operativos de requisa de estudiantes antes de ingresar a las aulas, por instrucción del mandatario provincial, consignó el portal lanotatucuman.com.
El decreto además ordena la expulsión de los adolescentes de los establecimientos educativos a los que pertenecen, remarcando que tal sanción implicará la imposibilidad de incorporarse a ninguna otra escuela por el resto del año lectivo. La medida también dispone la posibilidad de sanciones pecuniarias hacia las instituciones educativas de las que los adolescentes forman parte; así como medidas disciplinarias dirigidas a los padres de los jóvenes que resultaren ser empleados públicos.
“La Defensora considera fundamental destacar que las medidas de carácter exclusivamente punitivo y sancionatorio, como las incluidas en el decreto, ya han probado no ser idóneas para la consecución de la paz social y la convivencia pacífica que el decreto refiere perseguir”, sostuvo la Defensoría en la misiva al tiempo que advirtió “sobre la condena regional (CorteIDH) e internacional (Comité de los Derechos del Niño) del estado argentino que las disposiciones del referido decreto podría implicar. Esto es, sanciones al país por cuanto se trata de medidas inconstitucionales y violatorias del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con rango constitucional en la República Argentina”.

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