28 de abril de 2024
Organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia reclamaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en Berlín por la “responsabilidad de las grandes agroquímicas” en la contaminación del ambiente y de los seres humanos que habitan en él. De este modo exigieron que el gigante Bayer rinda cuentas por los graves impactos en la naturaleza y en los Derechos Humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica. “El mundo tiene que saber lo que sufren los pueblos del Cono Sur por responsabilidad de las grandes agroquímicas”, fue el mensaje consensuado por el contingente.
Así, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por Argentina, la brasileña Terra de Direitos, BASE-IS de Paraguay y Fundación TIERRA por Bolivia, más las alemanas Misereor y ECCHR, demandaron a Bayer por “sus actividades empresariales de producción y distribución tanto de sus semillas de la soja genéticamente modificada como de sus plaguicidas con ingrediente activo de glifosato en el Cono Sur Latinoamericano”, informó Tiempo Argentino. La estrategia incluyó hacer coincidir la presentación de la queja con la asamblea anual de accionistas y de este modo poner contra las cuerdas al consejo directivo de la empresa para que responda al reclamo.
En Argentina, en Pergamino más precisamente y por poner un ejemplo, donde la empresa tiene la Estación Experimental Fontezuela, “las fumigaciones en temporada de siembra se realizaban al lado de las casas, sin cuidados fundamentales como las distancias mínimas, o considerar la dirección del viento, hasta que una cautelar estableció una zona de amortiguación de mil metros”, aseguró Luna Miguens, del CELS.
Existen estándares internacionales en materia de empresas y Derechos Humanos como los Principios Rectores de la ONU y las líneas directrices de la OCDE, organismo dedicado a diseñar políticas económicas y sociales “que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas”. Alemania adhirió, por lo que sus empresas tienen el deber de respetar el derecho al ambiente sano, asegurando que sus productos no estén vinculados a impactos negativos. Este proceso se conoce como debida diligencia. Lejos de cumplirlo, describe Tiempo, las grandes corporaciones agrícolas, según ECCHR, “están maximizando sus beneficios económicos a costa de las poblaciones del Cono Sur y de la naturaleza”.
